A escasas tres semanas de asumir el cargo de Presidente, Daniel Ortega se ha reunido con una delegación de alto nivel del FMI, encabezada por el señor Anoop Singh, director de dicho organismo para el hemisferio occidental, para iniciar conversaciones de cara a la negociación del 5º Programa Económico.

En una breve conferencia de prensa, el representante del FMI comunicó a los periodistas que la delegación tuvo una buena plática con el Presidente electo, en la cual Ortega presentó los objetivos de su futura administración y de su política económica.

«El Presidente -dijo Singh- está heredando una situación económica equilibrada, y nos ha dicho que está comprometido con mantener esta estabilidad y bajos niveles de inflación. Nos explicó sus objetivos para trabajar en pro de la reducción de la pobreza y del desempleo, y nos presentó las acciones que se implementarán para que todos los sectores del país compartan el crecimiento económico».

El alto funcionario del FMI declaró estar de acuerdo con estas intenciones, porque la reducción de la pobreza es necesaria para la estabilidad económica. Agregó también que la delegación no se presentó con una agenda fija, sino para ver el punto de vista del futuro gobierno y cómo piensa orientar su política económica.

Sobre estas declaraciones, y más en general, sobre la actitud de las políticas implementadas por el FMI, la Coordinadora Civil (CCER) hizo público su posicionamiento ante la visita de la delegación de dicho Organismo financiero.

Según el economista independiente y miembro de la Coordinadora Civil, Adolfo Acevedo Vogl, «Cualquier persona que visite la página Web del FMI relativa a Nicaragua, va a encontrar que el Directorio de dicho organismo ya dio a conocer públicamente las exigencias que pone para iniciar las negociaciones con el nuevo gobierno.

¿Qué es lo que está pidiendo? Mantener una estricta vigilancia sobre los salarios del sector público, principalmente en Salud y Educación. Esto tiene que ver con las exigencias de congelar la masa salarial del Estado, que puede crecer sólo conforme a la inflación proyectada. Al FMI le preocupa que los aumentos salariales de estos sectores puedan originar un ‘efecto demostración’ sobre los trabajadores del sector privado, lo cual significaría que estos trabajadores podrían entusiasmarse y emprender luchas para aumentos salariales.

El FMI teme que se pueda con esto elevar el costo promedio de la fuerza de trabajo del país y que Nicaragua perdiera su principal atractivo para la inversión extranjera».

Pero esta es sólo una de las múltiples exigencias impuestas por el FMI.

«La otra exigencia -continuó Acevedo- es la reforma al marco regulatorio del sector eléctrico. En primer lugar pide que exista un proceso de ajuste automático de las tarifas de la energía eléctrica, conforme a las variaciones del costo internacional del petróleo. Actualmente, Unión Fenosa (la transnacional española que controla la distribución de la energía) debe solicitar los ajustes de tarifa al Instituto Nicaragüense de Energía (INE), que se pronuncia tomando en cuenta también otros parámetros como, por ejemplo, el cumplimiento de normativas de calidad del servicio prestado por la Unión Fenosa. Ahora están pidiendo que los aumentos de tarifa sean automáticos.

Piden, además, eliminar la regulación al márgen de beneficio que las empresas generadoras de energía obtienen en el mercado».

Otro punto muy controversial que quiere imponer el FMI es la reforma de la Seguridad Social. Con esta reforma se quiere imponer el aumento de la tasa de cotización, de la cantidad de años de trabajo y del número de cotizaciones para poder jubilarse y reducir el porcentaje del salario con el cual calcular la pensión que se va a recibir.

«Sin lugar a dudas -terminó Acevedo- la condición más fuerte que el FMI quiere imponer es la implementación de la Ley de Equidad Fiscal, que implicaría siete reformas a la Constitución de Nicaragua. Lo que se está pidiendo es la eliminación de la autonomía que la Constitución otorga a las municipalidades y a las universidades. Esto es gravísimo, porque va a desaparecer uno de los logros más importantes del proceso de descentralización.

Quieren eliminar la asignación del 6 por ciento del Presupuesto General de la República (PGR) a las universidades y el 4 por ciento al Poder Judicial, y también eliminar la asignación presupuestaria para Transferencias Municipales. De esta forma, el presupuesto de las universidades y municipalidades será aprobado por la Asamblea Nacional, como el de cualquier Ministerio. Una septima reforma que pide el FMI es la eliminación de la potestad constitucional de la Asamblea Nacional para modificar partidas de salarios y servicios de la deuda pública del Proyecto de PGR remitido por el Ejecutivo. El hecho más grave es que se deberá ajustar la Constitución a las condiciones del FMI y no el contrario, como debería ser. Además, todo el marco de política fiscal se va a subordinar al pago, en tiempo y forma de la deuda interna, y esto va a restringir la posibilidad de inversión pública en capital humano y en infraestructuras básicas».

Según la Coordinadora Civil, Nicaragua tiene un problema educativo extremadamente grave. Sólo el 17,5 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 19 años alcanza una escolaridad de 10-12 años. Más del 80 por ciento de los jóvenes que están a punto de entrar al mercado laboral tiene menos de diez años de escolaridad y la mayoría, tiene sólo cinco años.

Si los jóvenes de Nicaragua entran a trabajar con un nivel tan bajo de escolaridad, están condenados por el resto de su vida a sobrevivir por debajo del umbral de la pobreza y de la pobreza extrema, encontrando ocupaciones precarias, informales y con ingresos muy bajos. Estas condiciones impuestas por el FMI restringen la inversión en capital humano, en vivienda, en infraestructuras básicas, en educación, y de esa manera restringen también la posibilidad de que este país recupere una posibilidad mínima de desarrollo futuro y de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En este contexto, la sociedad civil pide ser escuchada y tomada en cuenta por el futuro gobierno al momento de negociar nuevos Programas estructurales.

Según Georgina Muñoz, enlace de la Coordinadora Civil, «Desde que en 1990 comenzaron los programas económicos con el FMI, los gobiernos no tuvieron capacidad de negociación. En este sentido, insistimos en la vocación de nación que debe de tener el futuro gobierno frente al crecimiento desmedido de la pobreza en el país. Hay que consultar a las organizaciones expertas, a los analistas, a los economistas para sacar un un programa que verdaderamente contribuya al bienestar de Nicaragua. Sentimos que esto no se ha hecho. Cada vez que planteamos nuestra críticas y presentamos nuestra propuestas, nos escuchan, pero no nos toman en cuenta».