El camino que aún debe recorrer la sentencia judicial que ordena a la petrolera estadounidense Chevron a pagar 9.510 millones de dólares, para reparar los daños causados en un cuarto de siglo de operaciones en Ecuador, no desanima a los demandantes, que lograron un triunfo histórico tras 17 años de lucha. La sentencia, emitida el […]
El camino que aún debe recorrer la sentencia judicial que ordena a la petrolera estadounidense Chevron a pagar 9.510 millones de dólares, para reparar los daños causados en un cuarto de siglo de operaciones en Ecuador, no desanima a los demandantes, que lograron un triunfo histórico tras 17 años de lucha.
La sentencia, emitida el lunes por el juez Nicolás Zambrano de la Corte de Justicia de Nueva Loja, capital de la nororiental provincia de Sucumbíos, establece que Chevron es culpable de contaminar un área selvática de la Amazonia, como vienen denunciando desde 1993 pobladores y dirigentes indígenas y mestizos.
«Se trata de un juicio de acción popular, por lo que los beneficiados no son los demandantes sino todos los pobladores de las provincias de Sucumbíos y Orellana», unas 223.000 personas, dijo a IPS el abogado Juan Pablo Sáenz, que integra el equipo de litigantes. Chevron trató de blindarse procurando dos decisiones judiciales de último momento, emitidas por un tribunal de Estados Unidos y por la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, que fueron desestimadas por las autoridades ecuatorianas.
El tribunal arbitral había ordenado a la nación andina el 9 de este mes suspender de forma precautoria la aplicación de cualquier decisión judicial contra Chevron, en el marco de un tratado de promoción de inversiones existente entre este país y Estados Unidos.
Y un día antes, un juez de la ciudad de Nueva York emitió una orden temporal que prohíbe actuar a los demandantes en el caso contra Chevron hasta el 22 de febrero, mientras decide si sustancia una audiencia para discutir denuncias de fraude y coacción efectuadas por la empresa contra sus litigantes.
Que la petrolera estadounidense no va a descansar lo demostró un incidente apenas concluida la rueda de prensa que ofrecieron este martes en Quito los dirigentes de la Asamblea de Afectados por Texaco (AAT) y algunos de sus abogados, donde destacaron el triunfo, pero también los pasos pendientes.
Un hombre, probablemente empleado de una empresa de correo privado, se abrió paso entre los periodistas y la batería de cámaras e intentó entregar a Luis Yanza, coordinador de la AAT, un sobre con documentos que éste se negó a recibir.
El recadero buscó a otros dirigentes y abogados, que se habían desperdigado por la sala para hacer declaraciones a los medios de comunicación y que, de igual manera, se negaron a recibir el paquete.
Se trataba de una notificación que citaba a los demandantes ante un tribunal de Estados Unidos. «Esta no es la forma de notificar dentro del territorio ecuatoriano. Solo aceptaremos una citación si es que viene por la vía diplomática o por la vía judicial y según el ordenamiento jurídico del Ecuador», dijo Yanza a IPS.
Sin alternativas, el recadero dejó el paquete en el suelo y se retiró.
La transnacional enfrenta una demanda colectiva de 30.000 indígenas y colonos mestizos de unas 80 comunidades, para que repare los daños ambientales y de salud pública ocasionados por su actual filial Texaco durante siete años de prospección y 18 años de explotación petrolera en la zona nororiental de Ecuador.
La empresa Texaco fue adquirida por Chevron en 2001. Pero desde antes, esta última operaba en la región ecuatoriana afectada como socia de la estatal Petroecuador, tras el retiro de Texaco.
El juicio comenzó el 3 de noviembre de 1993 y ha sufrido todo tipo de demoras. Después de nueve años en Estados Unidos se reanudó en Ecuador en octubre de 2003. Es calificado por ecologistas y juristas como «el proceso ambiental del siglo».
«Se trata de una sentencia histórica para toda la humanidad», dijo a IPS Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente y ex ministro de Energía y Minas. «Es un claro anuncio para todas las compañías petroleras y mineras de que el daño que efectúan al ambiente con sus prácticas extractivistas no es impune».
Es la condena más grande en materia de contaminación petrolera, «ni siquiera superada por la del Golfo de México», contra British Petroleum en 2010 a raíz del derrame de crudo en esa zona, ni por la de la fuga del buque petrolero Exxon Valdez, ocurrida en las costas de Alaska en 1989, dijo Acosta.
«El daño que dejó la Chevron es 10 veces más grande», aseguró.
El juez Zambrano ordenó a Chevron a pagar 8.646 millones de dólares por multas y reparaciones, más 10 por ciento que impone la Ley de Gestión Ambiental.
Para llegar a esta cifra, el magistrado se basó en 100 estudios y peritajes, muchos de ellos proporcionados por la propia Chevron, según hizo notar Pablo Fajardo, jefe de los abogados ecuatorianos de los demandantes.
La suma mayor, 5.396 millones de dólares, deberá destinarse a la limpieza de suelos; 1.400 millones para reparar daños en la salud pública de los habitantes de la zona; 800 millones para constituir un fondo de salud de largo plazo y 600 millones de dólares para purificar las aguas subterráneas, entre otros rubros.
En su fallo, Zambrano ordenó a la compañía a pedir disculpas públicas a los indígenas por la contaminación provocada en sus territorios amazónicos en un plazo de 15 días. Si la empresa se niega, deberá pagar el doble de la reparación establecida.
Chevron anunció que apelará la sentencia por «ilegítima e inejecutable». «Es el producto de un fraude y es contraria a la evidencia científica legítima», dijo la compañía en un comunicado.
El énfasis en que la sentencia es inejecutable fue recibido con sarcasmo por las autoridades ecuatorianas. En un comunicado el domingo, antes de conocerse la sentencia, el procurador general Diego García dijo que cualquier abogado sabe que una sentencia de primera instancia está sujeta a apelación y es por tanto inejecutable.
Yanza y el dirigente indígena quichua Guillermo Grefa, de Sucumbíos, dijeron que la transnacional presiona a Estado ecuatoriano para que interfiera en el proceso.
«Es claro que la Chevron está haciendo lobby ante el Congreso de Estados Unidos para que se adopten medidas retaliatorias contra Ecuador», dijo Grefa.
Según Fajardo, la empresa ha gastado entre 800 y 1.000 millones de dólares «en defenderse y atacar a los demandantes y a sus abogados», mientras los gastos de los litigantes «no pasan de 20 millones» de dólares, sufragados por organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras y por «el esfuerzo y sacrificio de las partes afectadas».
Pero también los juristas de la AAT estudian apelar el fallo, porque estiman insuficiente la suma para reparar daños ambientales y a la salud humana, que incluyen presuntos casos de cáncer y leucemia, problemas hepáticos, respiratorios y dermatológicos.
«Ningún monto del mundo podrá devolver las vidas, el daño que ha causado esta contaminación, pero este monto no es suficiente para remediar todo lo afectado. Recordemos que se dañó el agua, la vida, la tierra, que muchas personas murieron, por eso creemos que el monto debería revisarse», señaló Yanza.
De acuerdo al abogado Sáenz, la sentencia de segunda instancia «no debería tomar más de seis meses, y en el peor caso un año». Después, aún le quedaría a Chevron la posibilidad de acudir a la Corte Nacional de Justicia, por cuestiones muy específicas de casación.
«Creemos que el fin de este juicio está cerca, comparado con los casi 18 años de lucha, y que se hará justicia», dijo Fajardo.