Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció sobre un caso central en la historia contemporánea del Ecuador: el Caso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el Estado, por la cesación arbitraria de los jueces de esa corte en diciembre del 2004, por parte de una coalición en el Legislativo […]
Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció sobre un caso central en la historia contemporánea del Ecuador: el Caso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el Estado, por la cesación arbitraria de los jueces de esa corte en diciembre del 2004, por parte de una coalición en el Legislativo con el ex presidente Lucio Gutiérrez. El caso es emblemático de los políticos y las estructuras de poder de la democracia neoliberal, que hizo al Ecuador uno de los países cuya población estaba más inconforme con su Estado. Las encuestas de Latinobarómetro demuestran que el reclamo de ¡que se vayan todos! representaba no solo a los Forajidos, sino a la gran mayoría de la población que veía en su clase política una élite que robaba sus derechos.
La era neoliberal se caracteriza justamente por esto: la «redistribución hacia arriba» y la impunidad de las élites. En Ecuador esto se dio al entregar los recursos nacionales a élites nacionales e internacionales mediante los contratos petroleros anteriores, endeudamiento ilegítimo y el salvataje bancario, lo cual hacía que la riqueza fluyera hacia el quintil más rico y obligó al 10% de la población a dejar a su familia y su país. El Partido Social Cristiano (PSC) cometió, además, la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos y atentó con tanques de guerra contra la independencia judicial de la CSJ. Nuestra antigua clase política usurpó poderes constituyentes e impuso la Constitución de 1998, cuando el Referendo de 1997 solo autorizó reformar la Constitución vigente. La movida fue inteligente. El PSC realizó dos movidas para controlar la Corte Suprema de Justicia. Primero, fue el «gran ganador» en los nombramientos de jueces para esta Corte en 1997. Segundo, habiéndose «convertido» en poder constituyente, insertó en la Constitución del siguiente año la forma de perdurar y reproducirse en ese poder del Estado: la cooptación. Los mismos jueces que ellos nombraron escogerían quienes llenarían las vacantes. Esta es la Corte que ilegítimamente se cesó en el 2004; en sí de cuestionable procedencia, legitimidad e independencia.
Pero bien, es verdad que Lucio Gutiérrez y su coalición en el Congreso añadieron otra capa de violaciones de derechos con la cesación de estos jueces, y que se debe reparar el daño. Sin embargo, la Corte IDH evidencia su carácter neoliberal en su sentencia. Primero, ordena que el Estado pague una multimillonaria cantidad de dólares del pueblo ecuatoriano a estos ex jueces. ¿Puede ser esta una nueva deuda odiosa e ilegítima que nos haya legado nuestra antigua clase política? Segundo, la Corte IDH no considera pertinente que el Estado ejerza su derecho constitucional de repetición, el cual está obligado a ejercer «de forma inmediata» para que los violadores de derechos se hagan responsables de sus acciones. La Corte IDH por lo tanto apoya esta nueva «redistribución hacia arriba» de los recursos del pueblo hacia élites del pasado, al mismo tiempo las protege y legitimiza con la impunidad. Este es un fallo neoliberal.
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