Cuando se afirma que el estado liberal se encuentra en su etapa terminal no se pretende convertir los deseos en realidades sino en analizar los acontecimientos políticos partiendo precisamente de dicha hipótesis. Sólo así es posible calibrar en su justa dimensión lo que sucede en el reino de España y las consecuencias posibles de un […]
Cuando se afirma que el estado liberal se encuentra en su etapa terminal no se pretende convertir los deseos en realidades sino en analizar los acontecimientos políticos partiendo precisamente de dicha hipótesis. Sólo así es posible calibrar en su justa dimensión lo que sucede en el reino de España y las consecuencias posibles de un triunfo del independentismo catalán. La envenenada transición política de los años setenta en España ha llegado a su límite y que los catalanes la impugnen promoviendo la independencia, vuelve a colocar en el centro de la discusión el agotamiento de una monarquía constitucional que ha sido claramente la continuación del franquismo, su existencia por otros medios.
La dictadura de Franco no resolvió nada y peor aun, sumió en una larga noche a España y a Europa. Sólo aplazó la tendencia republicana de un pueblo que claramente desde los años veinte había rebasado los límites de una monarquía decrépita y ab
El movimiento de los indignados del 15 M demostró claramente que la monarquía constitucional no podía mas mantener el consenso y la legitimidad necesaria para seguir viva. Muchos se preguntaron cual había sido la contribución del movimiento a la política en España; bueno, ahora lo tenemos a la vista, aunque no se puede pasar por alto tampoco a Podemos, que puso en evidencia el debilitamiento de un sistema de partidos corrupto y profundamente conservador. Pero el hilo siempre se rompe por lo más delgado: las aspiraciones independentistas que se expresaron claramente en el País Vasco -en tiempos de Franco y luego con la monarquía constitucional- fueron cobrando fuerza en una región que sufrió mucho la derrota de la república en 1936, que fue duramente castigada por ser pieza clave en la guerra civil para la defensa de los valores republicanos. Hay que recordar que el 14 de abril de 1931, Francesc Macià proclamó la República Catalana unas horas antes de la constitución de la II República. Mas allá de la masacre que se desató como consecuencia de la derrota republicana, el agravio a los catalanes se amplió al ilegalizar su lengua y anatemizar cualquier expresión cultural y política que reivindicara el derecho de la población a mantener su espíritu vivo. Los actores políticos involucrados son, por un lado, los partidos políticos que han lucrado ampliamente con los privilegios obtenidos a cambio de su respeto a la monarquía y a la iglesia católica. El Partido Popular y el PSOE no pueden menos que condenar las aspiraciones independentistas de Cataluña pues los colocaría en una situación de ruptura que a todas luces no les favorece. Los acompaña por supuesto la monarquía y todos lo terratenientes que con títulos nobiliarios siguen imponiendo sus caprichos en las grandes extensiones de tierra que poseen gracias a su apoyo al rey. No es una casualidad que sean los grupos más favorecidos con la transición política de los setentas los que se rasguen las vestiduras ante la celebración del referéndum catalán: las consecuencias serían imprevisibles para el mantenimiento de sus privilegios.
Por otro lado están la Candidatura de Unidad Popular (CPU), en la que se apoya la coalición Junts pel Si que encabeza la organización del referéndum, tiene un discurso que evidentemente pone en la picota a los beneficiarios del franquismo monárquico. En un manifiesto firmado por la CUP se puede leer lo siguiente: «Barramos el capitalismo, el patriarcado, la corrupción y la monarquía: autodeterminémonos, desobedezcamos leyes injustas para construir una república libre, solidaria, independiente y socialista». Y a pesar de ser una fuerza política legal en Cataluña, con representantes electos, Rajoy se ha referido a ellos diciendo que son «la gente más extremista y radical que ha habido en España en decenas de años». La reacción de los opositores al referéndum ha echado mano de todo el poder del Estado para detenerlo: desde anatemas del Tribunal Constitucional hasta registros efectuados por la Guardia Civil de cuatro departamentos de la Generalitat, detenciones y confiscación de material gráfico que promueve el referéndum. La desesperación parece cundir entre Rajoy y sus socios que no pueden menos que tratar por todos los medios de impedirlo. No defienden al pueblo que dicen representar, defienden sus privilegios y los de la monarquía, que tanto los ha beneficiado. No sorprendería a nadie, tomando en cuenta lo que está en juego, que el Estado español impida el referéndum con la fuerza de las armas. Después de todo, el franquismo y su razón de ser siguen vivitos y coleando.
Mas allá de que se lleve a cabo y su resultado le dé vida al independentismo catalán -y porque no, al vasco y el de otras regiones de España- las cartas están echadas: la monarquía constitucional, continuadora del régimen franquista, está cada vez más debilitada y desprestigiada, mientras que el movimiento por la III República crece día con día. Es probable que la independencia de Cataluña, en caso de convertirse en una realidad, no resolverá todos los problemas que enfrentan los catalanes pero una cosa es aún más probable: el principio del fin de la monarquía franquista, como manifesta expresión de la crisis terminal que experimenta el estado liberal en España y el mundo.
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