La decisión del Reino Unido sobre el oro venezolano, una jurisprudencia colonial a punto de tomarse, que puede provocar gobiernos paralelos para el desfalco de países pobres.
La decisión del Reino Unido sobre el oro venezolano, una jurisprudencia colonial a punto de tomarse, que puede provocar gobiernos paralelos para el desfalco de países pobres.
Una vez el Gobierno británico reconoció a Juan Guaidó como presidente interino a comienzos de 2019, la devolución de las 31 toneladas de oro, calculadas en más de mil millones de dólares, que el Banco Central de Venezuela había depositado en el Banco de Inglaterra se convirtió en un pleito legal que no ha dejado de crecer. En octubre de 2020 un tribunal de apelaciones pidió al Tribunal Supremo británico una aclaración sobre cuál era el presidente legítimamente reconocido por Londres, para así decidir quién sería la autoridad legítima responsable del oro depositado.
Y este pasado 19 de julio el abogado que representa al Ministerio de Exteriores en el pleito, James Eadie, confirmó que desde febrero de 2019 Londres “solo” reconoce a Guaidó y, por lo tanto, “es el único individuo al que se reconoce la autoridad para actuar en nombre de Venezuela como jefe de Estado”.
Este nuevo reconocimiento “claro e inequívoco” del Gobierno británico a un presidente autoproclamado que ya no cuenta con el apoyo de la Unión Europea desde el 6 de enero de 2021, puede suponer un paso decisivo para que el banco termine de quedarse con el oro venezolano, no solo de facto, sino con un respaldo jurídico del alto tribunal, lo que generaría jurisprudencia, es decir, una sentencia en firme que podría servir como guía legal para la resolución de casos similares.
La semana pasada el Tribunal Supremo británico debió escuchar a las partes que llevan al menos tres años en pugna por el control de estos recursos que representan un 15% de las reservas internacionales de Venezuela.
Cuando en 2018 el ente venezolano exigió la devolución de sus recursos, el banco planteó que tenía dudas sobre la legitimidad de la autoridad bancaria y el gobierno venezolano. Todavía no existía el interinato de Juan Guaidó.
Autojuramentado este, el banco pidió al alto tribunal que decidiera sobre quien tenía real legitimidad sobre el recurso en cuestión.
A su vez, en octubre de 2020 el Tribunal decidió estudiar en profundidad a quién reconocía el Gobierno del Reino Unido, si a Guaidó o a Maduro, argumentando que si bien el reconocimiento oficial era hacia el primero, había una relación de facto con el segundo.
Una vez reconocido Guaidó como presidente por el gobierno británico hace algunos días, aumenta la probabilidad de que el Tribunal Supremo ordene al Banco de Inglaterra que resguarde el oro por tiempo indefinido porque no parece viable que se le entregue al “interinato” que no cuenta con bancos ni entes financieros, mucho menos bóvedas para el resguardo.
Todo esto ocurre en plena pandemia, con un Estado venezolano en una crisis aguda que le impide vacunar a su población cabalmente, siendo este uno de los países con menor capacidad de vacunación de toda América latina.
El Banco Central de Venezuela informó en mayo de 2020 que había acordado con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) que el ente multilateral administrara los fondos retenidos por el banco de Inglaterra para la compra urgente de medicinas y equipos médicos que le permitieran afrontar el avance del coronavirus. Es decir, para destrabar la situación, el propio ente que depositó el oro permite que sea un tercero quien haga uso de esos recursos. Sin embargo, el banco inglés negó dicha posibilidad.
Inglaterra entre la democracia y el oro
El reciente apoyo que ha renovado Reino Unido hacia Guaidó este mes resulta cuando menos sospechoso. Guaidó ha visto cómo se deshacía su perfil de “presidente” con que parte del mundo lo regocijó durante 2019 y parte de 2020. La UE le ha quitado respaldo en esa función, así como varios países de América latina. Otros, sus más firmes aliados, ya no tienen una apuesta tan firme por él y han amainado sus constantes declaraciones de apoyo.
El propio EE UU, su gran impulsor, si bien aun lo reconoce virtualmente como presidente interino, le ha conminado a dialogar con el gobierno real y a asistir a eventos electorales que su facción política saboteó abiertamente durante el auge del trumpismo.
El revival que hizo Inglaterra el lunes 19 de julio al recordar su reconocimiento a Guaidó pareció menos un nuevo intento de derrocar a Maduro y más un avance para apurar la decisión del Alto tribunal en relación a no devolver el oro al ente que lo depositó.
Para el gobierno inglés, quedarse con las reservas internacionales de otro país no es algo nuevo. Lo hizo de facto hace algunos años con las reservas libias.
Sin embargo, este caso es más grave porque la expropiación no será de facto sino que será jurídicamente respaldada, lo que generará —si el alto tribunal termina de decidir en el sentido que lo viene solicitando su gobierno—, una peligrosa jurisprudencia que pone en peligro las reservas internacionales de decenas de países.
Una jurisprudencia colonial y peligrosa
Se calcula que unos 30 países tienen sus reservas de oro en este banco inglés, y si una decisión de este tipo termina de facturarse en los tribunales británicos creará una jurisprudencia que pone en peligro las reservas internacionales de todo aquel país que haya confiado en los bancos ingleses.
De tomarse la decisión jurídica de no entregar el recurso aurífero al Banco Central de Venezuela, bastará que el Gobierno de cualquiera de estos países no sea reconocido por el Gobierno inglés para que pierda el control, al menos temporalmente, de su reserva internacional depositada en el Reino Unido.
La probable decisión crearía una jurisprudencia que permite al Gobierno inglés reconocer a otro presidente o autoridad de cualquier país que le haya confiado sus reservas para así negarse a devolverlo.
Podría pasar, para dar un hipotético ejemplo, con Perú. Si la candidata derrotada Keiko Fujimori decide autoproclamarse presidenta en el exilio y logra el apoyo del Gobierno inglés, entonces este último podría quedarse con las reservas en oro que están en sus arcas, pero pertenecen a Perú, o entregarle todo o una parte al imaginario Gobierno de Fujimori.
Para seguir con otro supuesto negado, si la dictadura de Jeanine Añez, en vez de llamar a elecciones se hubiera ido a otro país y se declarara presidenta en el exilio, entonces el oro de Bolivia que actualmente está en Londres podría “perderse” en las bóvedas inglesas o “disolverse” en pago corriente del Gobierno supuestamente legítimo.
Estos ejercicios imaginarios buscan explicar que las reservas internacionales de otros países estarían en grave riesgo si el Tribunal Supremo llegara a tomar una decisión desfavorable para Venezuela.
Dicha decisión además alentaría la creación de gobiernos paralelos que solo requerirían el reconocimiento del Reino Unido para coronar las reservas que su país guardó en bancos ingleses. Un verdadero peligro neocolonial debido al poder que poseería el Gobierno inglés que, además de cobrar su gestión de resguardo de las reservas, ahora puede presionar a los países depositantes en una u otra dirección o en la toma de determinadas decisiones, so pena de perder sus ahorros.
También, una decisión de ese tenor podría ir alertando a los países que tienen oro en custodia para ir repatriando sus recursos o trasladarlos a un lugar más seguro.
De hecho, eso fue lo que hizo el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez que de no haber tomado la decisión de repatriar la mayoría del oro que Venezuela tenía en el Reino Unido, el país habría perdido casi 200 toneladas en oro, cerca de 20.000 millones de dólares que tenía en 2011 antes de la repatriación de 160 toneladas, realizada como respuesta a la “pérdida” de las reservas internacionales libias.
Una decisión está por tomarse en los tribunales ingleses que puede llevar al robo inminente del oro venezolano y a la apertura de un escenario de desconfianza sobre los bancos ingleses como entes de seguro resguardo.
Ociel Alí López es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela