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Entre el conflicto y el diálogo

El retorno de la política

Fuentes: Cuadernos de coyuntura

En Ecuador, el año 2015 puede ser visto como un punto de inflexión tanto en lo económico como en lo político. En el primer caso, el tratamiento de una coyuntura económica desfavorable (caída de los precios del petróleo y apreciación del dólar) marcó el escenario desde comienzos de año. En el ámbito político, el punto […]

En Ecuador, el año 2015 puede ser visto como un punto de inflexión tanto en lo económico como en lo político. En el primer caso, el tratamiento de una coyuntura económica desfavorable (caída de los precios del petróleo y apreciación del dólar) marcó el escenario desde comienzos de año. En el ámbito político, el punto de inflexión se observa en el incremento del ciclo de conflictividad. Si se tienen en cuenta las principales reivindicaciones, la marcha del 19 de marzo expresó un cansancio de algunos sectores con respecto al gobierno, motivadas sobre todo por la salvaguardia y el reclamo de una mayor libertad de expresión. Por su parte, la marcha de la oposición del 1 de mayo condensó los reclamos por la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, el rechazo a la eliminación del 40% de los aportes del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y otros temas como la Ley de Tierras y el Plan Familia. Mientras que las marchas de junio se focalizaron en la oposición frente al proyecto de ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza (Impuesto a la Herencia), tejiendo un nexo entre empresa nacional y estructura familiar, considerando la herencia como una especie de derecho familiar.

En tanto la radicalización de la democracia requiere de la emergencia del debate político y la confrontación, este tipo de acciones y movilizaciones suponen un signo de revitalización de la democracia y un desafío para los gobiernos progresistas porque exigen resoluciones, nuevos gestos políticos y formas de gestionar la política más allá de las políticas públicas y de la trayectoria exitosa de resultados electorales.

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Como desafío a las formas de procesamiento político de los conflictos, la respuesta del gobierno de la Revolución Ciudadana a estas movilizaciones tuvo dos momentos. El primero se caracteriza por la estrategia de medición de fuerza en la calle bajo el lema de «Somos más, muchísimos más» organizando plantones, vigilias y contra-marchas en simultaneidad con la marcha de los sectores de oposición. El desgaste de esta respuesta llevó a implementar una segunda: la organización de un gran diálogo nacional sobre la equidad y la justicia social, es decir la apertura de espacios de participación, de escucha, de debate entre el Estado y la sociedad.

Estos factores nos permiten determinar la emergencia de un fenómeno, que en términos analíticos caracterizamos como de «retorno de la política», manifiesto en la presencia de dos elementos: el incremento de la conflictividad socio-política y la convocatoria al Diálogo Nacional.

El incremento de la conflictividad social

La estrategia de ocupación de las calles constituye un repertorio de acción del cual participan cuatro tipos de actores: organizaciones sindicales vinculadas al ex Movimiento Popular Democrático (MPD); organizaciones sociales tanto del sector indígena, educativo, ambientalista y de mujeres; sectores de derecha vinculados al banquero Guillermo Lasso, las Cámaras de Comercio o el Partido Social-Cristiano (PSC); y ciudadanos sin afiliación política partidaria visible, principalmente sectores de clase media así como los denominados «Banderas negras».

Teniendo en cuenta la evolución de las marchas y concentraciones del mes de junio, si bien en sus inicios estuvieron conformadas sobre todo por sectores de clase media, luego del llamado al Diálogo Nacional sobre Equidad y Justicia Social, se convirtieron en marchas más partidarias manejadas por élites socio-económicas, en una clara disputa dentro del campo de la derecha por posicionarse como posibles candidatos para la contienda electoral de 2017.

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El cambio en el repertorio de acción aconteció con la convocatoria al Paro Nacional por parte de los sindicatos vinculados al ex MPD, primera paralización a la cual se enfrentaba el gobierno de la Revolución Ciudadana, pensando capitalizar este descontento. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) decidió plegarse a este llamado con la utilización de un repertorio de acción tradicional del movimiento indígena en Ecuador: la convocatoria a un levantamiento nacional.

Este ciclo de movilización deja, al menos, tres lecciones. En primer lugar, en lo que respecta al mapeo de actores evidencia la debilidad de las organizaciones sociales y sindicales ya que la masividad de la marcha en la ciudad capital ha dependido siempre de la adhesión del sector de clase media no politizado y del grupo denominado «Banderas negras». Por otro lado, la poca resonancia del levantamiento indígena evidencia la fractura que atraviesa aquel movimiento. Esta debilidad de la CONAIE, además de sus divisiones internas, proviene también de su poca penetración en las zonas urbanas y sobre todo en las zonas periféricas de las grandes ciudades, lugares donde se han instalado una parte de la población indígena que ha migrado desde el campo hacia la ciudad.

La segunda lección es el vaciamiento de la categoría del paro nacional en tanto las élites económicas no reconocen este repertorio de acción típico de los trabajadores, razón por la cual la centralidad que presentaba el paro nacional en la opinión pública semanas antes del 13 de agosto, se diluyó finalmente en marchas y movilizaciones en las principales ciudades del país, acompañadas, en algunos casos, del cierre de carreteras.

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Finalmente, la tercera lección está dada por el horizonte de interpelación que nuclea a todos los actores movilizados en tanto el grito destituyente «Fuera Correa Fuera» no solo da cuenta de la estrategia de desgaste perseguida por estos sectores de oposición sino también la imposibilidad de poder establecer acuerdos programáticos más allá del descontento. Eso hace que el ciclo de movilización se estanque en una inercia de ambas partes, mediante la cual la lógica del conflicto parece medirse solo en términos cuantitativos, cristalizados en la convocatoria a la marcha y la contramarcha.

El Diálogo Nacional sobre Equidad y Justicia social

La convocatoria a un gran Diálogo Nacional sobre la Equidad y la Justicia Social ha sido una respuesta política a las movilizaciones. Este proceso de diálogo ha recuperado el espíritu constitucional a partir de cuatro sentidos políticos. El primero tiene que ver con la recuperación de la política. Esta forma de retorno de la política es fundamental para ir más allá de la democracia representativa y activar otros mecanismos e instancias de participación. Para eso, la política debe salir de los espacios institucionales tradicionales (ministerios, Asamblea Nacional, gobiernos locales) y ponerse en el centro de la sociedad.

 

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El segundo sentido se vincula con la construcción de una ciudadanía crítica. La apertura del Diálogo Nacional visibiliza la creencia en que los ciudadanos son reflexivos con el nivel de información que pueden tener, y en que pueden conectarse de modo fluido en cualquier tipo de intercambio público con representantes, técnicos y tomadores de decisiones. Este empoderamiento del proyecto político con los sectores populares y las clases medias es precisamente lo que permite considerar los espacios del diálogo como mecanismos correctivos de la política pública, a partir de las demandas respecto a sus mejoras, extensión de servicios públicos, entre otras. Este tercer sentido del diálogo es fundamental para procesar políticamente las demandas de la sociedad en cuanto al mejoramiento de las políticas públicas implementadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana.

Finalmente con el cuarto sentido, el diálogo se convierte en una herramienta de participación que permite reconocer a los diversos actores socio-políticos y a sus demandas legítimas. Este reconocimiento de las diferentes formas colectivas de organización de la sociedad pero también de la legitimidad de los ciudadanos no organizados por expresarse es una manera de otorgar voz a los actores sociales que reconocen en el Estado una entidad que puede velar por sus derechos.

A modo de cierre

El año 2015 marca una inflexión en Ecuador con el retorno a la política y su reposicionamiento en el centro de la sociedad ecuatoriana con un efecto dentro del gobierno y también para la oposición de derecha. A la Revolución Ciudadana, el contexto económico difícil no le permite implementar políticas públicas al mismo ritmo que los 8 años anteriores. Este neo-desarrollismo que ha cambiado la vida a gran parte del pueblo ecuatoriano, se ha acompañado poco a poco de una ausencia de política tanto en la gestión de la política pública, como en la comunicación o en la interacción con la sociedad. Se han institucionalizado los espacios de participación, cerrado otros espacios de inter-relación entre el Estado y la sociedad y se ha desconocido los espacios de auto-organización de la sociedad.

Para un sector de la oposición de derecha, el retorno de la política desde principio del año 2015 cuestiona la apuesta por la post-política: ¿cómo se posicionan en una coyuntura de aumento de la conflictividad socio-política? ¿Es posible seguir utilizando una estrategia que niega y pretende erradicar el conflicto? Además el proceso de diálogo pone en evidencia la lectura errónea de la post-política que circunscribe al ser humano a su estado de homo economicus y muestra más bien la voluntad de la sociedad de participar, de ser escuchada y de revitalizar en ese sentido los espacios políticos.

El Diálogo Nacional ha concluido su primera etapa con varias lecciones sobre el tapete. Ahora se avizora una de las más importantes batallas políticas que tiene a su frente la Revolución Ciudadana, como lo es el segundo debate por las enmiendas constitucionales en la Asamblea Nacional. Ello que no sólo implica una votación, en un recinto en el cual el oficialismo cuenta con mayoría absoluta, sino que supone también un debate político más allá de los términos jurídicos, que problematice e indague lo que significa para el país y para la continuidad del proyecto político, la inclusión de las 16 enmiendas que están en debate.

*Doctorando en Ciencia Política (Universidad París 7) @CompaMatt

*Magíster en Ciencia Política (FLACSO Ecuador) @Floripa_2012

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