La maquinaria neocolonial y neoliberal avanza en Ecuador bajo el discurso de la apertura comercial y la reactivación económica. Liderados por el Ministro de Comercio Exterior -Pablo Campana-, la Embajada de Estados Unidos y las Cámaras de Comercio y Empresas, nuevamente amenazan al país con un Tratado de Libre Comercio y una estrategia para recuperar […]
La maquinaria neocolonial y neoliberal avanza en Ecuador bajo el discurso de la apertura comercial y la reactivación económica. Liderados por el Ministro de Comercio Exterior -Pablo Campana-, la Embajada de Estados Unidos y las Cámaras de Comercio y Empresas, nuevamente amenazan al país con un Tratado de Libre Comercio y una estrategia para recuperar los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).
Estos instrumentos jurídicos son acuerdos que suscriben dos Estados para proteger la inversión extranjera privada, según la definición ortodoxa. Sin embargo, la realidad es que son mecanismos legales supranacionales que violentan la soberanía nacional en pos de los intereses de las empresas extranjeras, menoscabando las leyes locales y los derechos de la ciudadanía y naturaleza.
A pesar de ello, Campana considera que «los tratados bilaterales de inversión son muy importantes» y pretende instaurarlos nuevamente como parte de su agenda política en materia de comercio exterior, especialmente con Estados Unidos. Esto se debe a que el TBI es una de las exigencias para negociar un futuro acuerdo comercial con los norteamericanos.
A su vez, los representantes de las Cámaras de Comercio de Quito, Guayaquil y los intereses de las elites empresariales piden con urgencia la firma de estos mecanismos, ignorando el detrimento nacional. En otras palabras, regresar a una política de comercio exterior sumisa a intereses de transnacionales, gobiernos foráneos e intereses privados.
Algo en lo que el Ecuador tiene bastante experiencia, entre 1968 y 2002 el país negoció 30 de estos Tratados. La gran mayoría (16) fueron celebrados entre 1992 y 2002, en gobiernos neoliberales con las presidencias de Sixto Durán Ballén, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad y Gustavo Noboa.
Al 2008, en la presidencia de Rafael Correa, 26 de estos se encontraban vigentes, y fue su gobierno quien decidió iniciar un proceso de denuncia y revisión. Para este fin crearon la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones (Caitisa), conformada por expertos ecuatorianos y latinoamericanos.
En 2017 presentaron su informe final con una contundente conclusión; los TBI «no han sido determinantes en la atracción de la inversión extranjera al país». A pesar de que Ecuador estaba entre los países de la región con más TBI, en los periodos comprendidos, es de los que menos inversión extranjera directa (IED) recibió. Mientras que los dos países que más invierten en Ecuador, México y Brasil, no tienen un tratado formalizado con el país.
Es decir que el discurso de que estos instrumentos fomentan la inversión extranjera recae nuevamente en las ingenuidades y falacias del discurso neoliberal. Y esto no solo se refleja en Ecuador, el mejor caso es el brasileño ya que sin haber ratificado ningún TBI es el país de la región con mayor IED.
Pero los TBI no solo son ineficaces sino que han demostrado ser perjudiciales para el país, convirtiéndoles en modernos mecanismos de ‘invasión’ y no inversión, como suponen serlo.
Las clausulas acordadas permiten que si la empresa extranjera considera que su inversión se ve afectada puede a demandar al Estado por retribución ante tribunales internacionales. Uno de estos tribunales es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, una institución del Banco Mundial con sede en Washington.
La perversa relación del CIADI con las esferas empresariales y políticas extranjeras no solo pone en duda su objetividad sino que abiertamente obvia los marcos jurídicos nacionales, logrando que los intereses de las empresas se materialicen como juez y parte.
Tal es el caso de la petrolera estadounidense Occidental II (OXY) en Ecuador. En 2006, a pesar de tener un contrato con el país, vendió 40% de sus acciones a otra empresa extranjera (Alberta Energy Company) sin notificárselo al Estado ecuatoriano. Debido a la ilegalidad de esta transacción ante la ley local, el Estado bajo el amparo de la misma, terminó unilateralmente el contrato.
La respuesta de OXY, a su vez amparada bajo el TBI, fue demandar al país ante el CIADI. En 2012, dos de los tres árbitros de este tribunal internacional, condenaron a que se pague una multimillonaria indemnización -el laudo más alto en la historia-. Fallo que la tercer árbitro, Brigitte Stern, calificó como «escandalosa en términos jurídicos y hasta contradictoria».
Y esta no es la única demanda pérdida que posee el Ecuador. Hasta abril del 2017, el Estado ecuatoriano ha desembolsado 1.498 millones de dólares para el pago de laudos. De estos, 1.342 millones han ido a Oxy, Chevron, Duke Energy, Noble Energy, entre otras y 156 millones a árbitros y bufetes de abogados.
Aún quedan 10 demandas en casos pendientes con un monto aproximado en pugna de 12.000 millones de dólares. Algo que debe preocupar a los ecuatorianos ya que más del 62% de los fallos emanados desde el CIADI han sido a favor de los intereses de las transnacionales.
Inclusive la instauración de estos mecanismos, en estos términos, es inconstitucional. Según la Constitución de 2008, en el artículo 422 se prohíbe la sesión de jurisdicción del Estado a instancias de arbitraje internacional en el caso de Tratados internacionales. Pero para el actual gobierno la Constitución parece no ser importante.
Por su parte, Todd Chapman, Embajador de EE.UU. en Ecuador, aboga para que los inversionistas de su país tengan esta «protección adicional» pero obvia decir que su país no sigue las mismas reglas que busca imponer al resto.
Entendiendo el riesgo de perder la soberanía jurídica ante tribunales internacionales, el «Trade Act» del 2002 renovado en 2015, dispone la supremacía de la ley interna en todo lo relativo a las inversiones extranjeras y garantiza que los inversores extranjeros no tendrán mayores derechos que los que gozan los inversores nacionales.
En otras palabras, los inversionistas extranjeros en Estados Unidos se adaptan a las leyes y jurisdicción nacional y no a una subjetiva jurisdicción internacional. Mientras tanto los latinoamericanos, al continuar siendo vistos como ‘patio trasero’ por las multinacionales y Estados imperialistas, reciben un trato asimétrico.
Bajo el pretexto de brindar confianza y estabilidad jurídica, este tipo de acuerdos abdican la soberanía nacional y destruyen la igual jurídica entre naciones. Lo que causa que el más poderoso asuma un rol de juez y parte, siempre con las de ganar y despojar al más débil de su riqueza.
Para el economista Lauge Poulsen de la University College de Londres, basándose en evidencia cualitativa y econométrica, afirma que esta pérdida de soberanía por la aplicación de los TBI responde a un «marco de racionalidad limitado» que no toma en cuenta consideraciones de costo-beneficio por parte de los Estados.
Es decir una limitada capacidad de analizar los efectos en el país a largo plazo y evitar repetir los dogmas alimentados por el capitalismo globalizado. Por su parte, Campana & Co. continúan su cruzada por volver a plagar al Ecuador de estos instrumentos neocoloniales.
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