Molleturo es una parroquia rural del cantón Cuenca, provincia del Azuay. Sus moradores son principalmente indígenas y campesinos. En la parte alta de Molleturo, se encuentra una zona de páramo, donde nacen varias fuentes de agua, con una biodiversidad única, que da sustento a las comunidades locales. Esta zona no debe ser intervenida por la […]
Molleturo es una parroquia rural del cantón Cuenca, provincia del Azuay. Sus moradores son principalmente indígenas y campesinos. En la parte alta de Molleturo, se encuentra una zona de páramo, donde nacen varias fuentes de agua, con una biodiversidad única, que da sustento a las comunidades locales.
Esta zona no debe ser intervenida por la minería por la presencia pueblos indígenas y campesinos, de restos arqueológicos preincaicos, por sus bosques protectores y lagunas, por la creación en 1977 del Parque Nacional El Cajas, la categorización del área como sitio Ramsar en 2002, y por la declaración de la Reserva de Biosfera Macizo El Cajas en 2014.
La fiebre del oro, amenaza constante a Molleturo
Pese a la fragilidad e importancia ecológica de esta zona, varias empresas mineras han intentado explotar oro y plata de su subsuelo. En 1995, la empresa británica Río Tinto intentó explotar el yacimiento denominado Alejandra -hoy proyecto Río Blanco-, pero tuvo que abandonar sus planes al ser expulsada por los comuneros locales en respuesta a sus abusos, divisionismos y malas prácticas sociales.
A Río Tinto le siguieron otras mineras como San Luis /IMC (International Minerals Corporation), que activó el proceso de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental en el 2011, cuando su exgerente Federico Auquilla, era viceministro de Minas. IMC dejó el proyecto en noviembre del 2012, argumentando la postura antiminera de las comunidades, y porque «no hay antecedentes de que la minería a gran escala deje beneficios económicos para el Estado y la población ecuatoriana» (1).
Más recientemente, en 2013, la compañía privada china Junefiled compró dos proyectos a IMC, Gaby y Río Blanco, y creó la empresa EcuaGoldMining S.A. Junefield Mineral Resources Holdings Ltd. como parte de su estrategia de invertir en minerales en Sudamérica, llegando a tener alrededor de 800 concesiones que abarcan un área de 6,420 kilómetros cuadrados.
Mandato incumplido
El 22 de abril de 2008 la Asamblea Constituyente aprobó el Mandato Constituyente No. 6, o Mandato Minero, donde se declara la extinción de las concesiones otorgadas al interior de bosques protectores y áreas de amortiguamiento de parques, entre otros
«Se declara la extinción, sin compensación económica alguna, de las concesiones mineras otorgadas al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento definidas por la autoridad competente, y aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua» (Artículo 3) (2).
En aplicación de este mandato, las concesiones otorgadas para el proyecto Río Blanco fueron declaradas extintas por la Asamblea Constituyente. Consecuentemente, todos los actos jurídicos y administrativos realizados posteriormente, son nulos.
Un estudio realizado para el PNUMA (3) ratifica esta decisión, al recomendar que todas las actividades mineras en superficies de páramos en Ecuador deben prohibirse, por tratarse de ecosistemas protegidos de gran fragilidad y porque esta actividad pone en riesgo el equilibrio hídrico local; por lo tanto deben ser excluidas del Catastro Minero […], en aplicación estricta del Mandato minero y porque así lo dictaminan los preceptos constitucionales, que definen al páramo como ecosistema frágil que debe ser protegido y en consecuencia libre de actividades extractivas (Art. 406 y 407)».
Los tormentos agobian a los comuneros de Molleturo
Los pobladores de Molleturo han denunciado desde hace décadas los efectos de la intervención minera en sus tierras. Han acudido a diversos mecanismos para ser atendidos, han realizado visitas a las instituciones vinculadas a la minería, enviaron oficios, quejas, escritos, denuncias, organizaron ruedas de prensa; y frente a una constante política de oídos sordos han realizado paros, reclamos y protestas, tanto ante la evidencia del desecamiento de ojos de agua de Targuapamba y de la laguna Cruz Loma, como por las divisiones y riñas internas provocas por la imposición del proyecto minero.
Representantes de la comunidad también han denunciado haber sido hostigados por el personal de la empresa de seguridad contratada por EcuaGoldMining S.A. en reiteradas ocasiones, y han alertado que, pese a las denuncias penales, la fuerza pública ha protegido a la empresa minera y no a la comunidad afectada.
Las comunidades afectadas por el proyecto Río Blanco saben que este es un proyecto que implica graves consecuencias sociales y ambientales, muchas de las cuales serán irreversibles. Por este motivo, lo ocurrido el 8 y 9 de mayo de este año sólo es la gota que derramó el vaso de la paciencia de los comuneros (4) ante la negativa de las autoridades y la empresa a escuchar su voz.
Sin consulta ni consentimiento alguno
Desde el inicio de la fase exploratoria del Proyecto Río Blanco se ha violado el derecho de las poblaciones afectadas a ser consultadas. La consulta debió haber ocurrido antes de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de la fase de exploración, lo que no ocurrió.
Considerando que el Proyecto Río Blanco prevé impactos significativos sobre el ambiente y la calidad de vida de más de diez mil personas, es evidente que los procesos de consulta supuestamente llevados a cabo por las autoridades no cumplen con el más mínimo respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada, ni a la consulta ambiental.
Por eso también, de acuerdo a lo que determinó el Artículo 1 del Mandato Minero, la falta de consulta previa en la fase de exploración implicó la extinción de todas las concesiones mineras que en la fase de exploración no habían realizado procesos de consulta previa. Las concesiones implicadas en el proyecto Río Blanco se encontraban precisamente en esa situación.
Luego de la Consulta popular realizada el 4 de febrero de 2018, en la que la mayoría de los ecuatorianos manifestamos que se debe prohibir las actividades mineras en centros urbanos, áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, estamos esperando que se apliquen los resultados, empezando por aquellos proyectos que causan situaciones de alta conflictividad y sufrimiento, como lo es el Proyecto Río Blanco.
El páramo de El Cajas, cuna del Pueblo Cañari, que lo ha cuidado, se encuentra amenazado por el interés de capitales mineros chinos por lo que urge que se tomen las medidas necesarias para traer la paz al pueblo de Molleturo, así como al agua y al páramo que tanto ha defendido.
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