RESUMEN
El referéndum del 16 de noviembre de 2025 significó un golpe político inesperado para el Gobierno de Daniel Noboa. A pesar del fuerte respaldo de los grandes medios y de la campaña oficialista, el NO triunfó en las cuatro preguntas, especialmente en las dos más sensibles: la autorización para establecer “bases militares extranjeras” y la convocatoria a una “Asamblea Constituyente”. La ciudadanía rechazó tanto la posibilidad de profundizar acuerdos militares con Estados Unidos —que implican presencia de personal extranjero y cuestionamientos a la soberanía— como el intento de abrir un proceso constituyente que, según amplios sectores sociales, buscaba desmontar la Constitución de 2008 y favorecer intereses oligárquicos y privatizadores. El bloque progresista, los movimientos sociales e indígenas y diversas organizaciones ciudadanas lograron articular una campaña creativa y eficaz desde las redes, evidenciando el trasfondo neoliberal del proyecto gubernamental y exponiendo los riesgos políticos y económicos de modificar la Carta Magna para adecuarla a los grupos de poder. El resultado refleja un rechazo ciudadano a la concentración de poder del Ejecutivo y a las prácticas legislativas impulsadas por el oficialismo, percibidas como una “dictadura del voto”. Asimismo, marca un límite ante la criminalización de la protesta y las políticas de “guerra interna”, lo cual constituye un llamado de atención a las fuerzas armadas y la policía. Aunque la victoria del NO constituye una derrota significativa para Noboa y el empresariado que respalda su agenda, el panorama político sigue tensionado. Las élites, con apoyo internacional, no renunciarán a sus objetivos. El desafío inmediato de las fuerzas progresistas será mantener la unidad demostrada para sostener la defensa de la Constitución de 2008 y abrir un camino que permita recuperar la democracia, la soberanía y los derechos sociales en Ecuador.
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El Gobierno de Daniel Noboa convocó a consulta y referéndum para el 16 de noviembre (2025), sobre cuatro preguntas identificadas con letras: A. para permitir el establecimiento de “bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”; B. eliminar “la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas”; C. “reducir el número de asambleístas”; y, D. convocar a una “Asamblea Constituyente” para “elaborar una nueva Constitución”. Cada pregunta contiene anexos explicativos de sus alcances, que no parece que fueron leídos por buena parte de la ciudadanía (https://t.ly/LIHOJ).
La polarización que vive el país alineó a los grandes medios (y otros) a los intereses políticos del Gobierno y de ADN (Acción Democrática Nacional), el partido de Noboa, apuntalando su campaña, que se extendió a las redes sociales. En el otro extremo convergieron la Revolución Ciudadana (el partido del “correísmo”), todas las organizaciones de izquierda y los movimientos sociales, particularmente el indígena (reprimido como “terrorista” apenas un mes atrás durante el “paro nacional”) y el de los trabajadores, apoyados por amplias capas medias, que postularon un radical NO a todas las preguntas. Carentes de espacio en los grandes medios, su posición fue difundida por redes, con enorme creatividad, al punto de poner en evidencia, mediante análisis y videos, las intenciones del “establishment” por lograr una Constitución que se ajuste a los intereses privados.
En esta confrontación, que expresa la evidente lucha de clases(Marx) que agita al país, hay un sinnúmero de trasfondos históricos. Existe una tradicional reacción cultural contra la abstracta “clase política”, cultivada en cuatro décadas de democracia representativa. Si bien la Constitución de 1979 institucionalizó el primer sistema de partidos que la ley reglamentó, con el tiempo esas bases fueron desnaturalizadas. Se extendieron los “cambios de camiseta”, “compra de votos”, retornó el caudillismo populista, aparecieron partidos simplemente coyunturales y sin proyectos nacionales, políticos oportunistas de todo estilo, que incluyen a gente incapaz de articular propuestas que respondan a las necesidades del “pueblo”, etc. El Legislativo ha sido el centro de este “desprestigio” de años, al que, en la actualidad, contribuyó ADN y sus aliados, al imponer en la Asamblea Nacional una verdadera “dictadura del voto”, aprobando toda ley propuesta por el Ejecutivo a pesar de que varias fueron observadas como inconstitucionales por la respectiva Corte Constitucional; al subordinar las actuaciones del Legislativo a las políticas y directrices del Ejecutivo; impedir la fiscalización política e incluso cortar la intervención de los asambleístas de la “oposición”. De modo que parecía entendible que la población se inclinara a votar por el SI en las preguntas B y C. Sin embargo, eso no ha ocurrido: el NO se impuso en las dos preguntas a nivel nacional (B=58%; C=53%), exceptuando en 7 provincias (el SI en 1 o 2 preguntas) de las 24 que tiene el país.
Para el bloque social opuesto al Gobierno, resultó vital conseguir el voto total por el NO, aunque se hizo énfasis de campaña contra las preguntas A y D que, sin duda, reflejan el interés del Gobierno por continuar acciones que ya venía ejecutando, a pesar de las prohibiciones constitucionales al respecto. En efecto, como bien lo ha estudiado el profesor Luis Córdova-Alarcón (https://t.ly/T7rRI), Ecuador tiene acuerdos de cooperación con Estados Unidos que involucran la presencia de “bases” y de militares extranjeros en el país. Naturalmente, no es posible exigir a toda la ciudadanía que se entere de un tema complejo, cuyas fuentes oficiales están al alcance de los investigadores de estos temas. Pero, en resumen, Ecuador ha venido realizando diversos compromisos y acuerdos con los Estados Unidos iniciados con el Memorando de Entendimiento MOU (julio/2023); seguido por los acuerdos SOFA (27/09/2023) sobre presencia temporal de personal militar/civil de Estados Unidos, con privilegio diplomático, tributario y libre movilidad (https://t.ly/eOAKR); sobre Interceptación Aérea (agosto/2023 y enero/2024); el Shiprider (Sep/2023), sobre operaciones marítimas contra actividades delictivas (https://t.ly/aUrc8); y la reciente propuesta diplomática de “Tercer País Seguro” (Homeland Security, Jul/2025, https://t.ly/kPgeM), para “garantizar el traslado digno, seguro y oportuno desde los Estados Unidos a Ecuador a los nacionales de terceros países presentes en los Estados Unidos, que puedan solicitar protección internacional contra el retorno a su país de origen o país de residencia habitual anterior”. Se trata de una experiencia nueva en el plano internacional y seriamente cuestionada. Italia, por ejemplo, logró un acuerdo con Albania, que ha despertado la inquietud política y de los defensores de derechos humanos (https://t.ly/gX40N). En definitiva, consiste en establecer una “base” de acogida de migrantes que solicitan asilo en los Estados Unidos, pero que son trasladados a Ecuador, bajo el supuesto de examinar su situación. ¿Cómo funcionará? ¿Dónde? ¿Con qué recursos se mantendrá a esas personas? Existen experiencias de otros “centros” en América Latina, que solo apuntan a dar razones a quienes defienden los derechos humanos contra esta especie de “campos de concentración”.
Obviamente ese tipo de acuerdos militares han sido rechazados por las fuerzas sociales contrarias a estas políticas del Gobierno de Noboa, considerando que violan la Constitución de 2008 (que los prohíbe) y atentan contra la soberanía nacional. De manera que la pregunta A está íntimamente relacionada con la pregunta D. El Gobierno, sin duda, pero atrás de él los grandes grupos económicos del empresariado ecuatoriano, que hoy han definido claras características oligárquicas y oligopólicas, tienen objetivos neoliberales que vienen desde las décadas de los 80 y 90, pero sobre bases del pensamiento empresarial de los 20 y 30, como lo he resaltado en varios artículos. En términos sociológicos, esta “burguesía” ecuatoriana, carece de visión nacional, sentido del desarrollo con bienestar social y visión patriótica. Solo piensan en sus negocios. Por tanto, esta burguesía es la interesada en arrasar con la Constitución de 2008, que obstaculiza su voracidad privatizadora y su deseo de acumulación sin importar los derechos sociales, comunitarios, laborales o ambientales, conquistados en jornadas que han durado décadas.
No han faltado los voceros de la oligarquía neoliberal ecuatoriana que postularon volver a la Constitución de 1998 que, como lo he analizado, si bien en materia de derechos hizo avances conceptuales, en materia económica consagró el neoliberalismo criollo (https://t.ly/WGUSk). Las fuerzas progresistas del Ecuador lograron unificar ideas, argumentos e instrumentos en redes sociales ciudadanas, para defender la Constitución de 2008 e impedir que una nueva Carta del país solo exprese los intereses económicos de la oligarquía empresarial, que ha pretendido afianzar la segunda época plutocrática que vive el país desde 2017.
Con una torpeza inigualable, los denigradores de esta Carta forjaron argumentos que más rayan en la estupidez, tratando de vincularla exclusivamente con el “correísmo” y hasta el “chavismo”, inventándose que la Constitución garantiza a los delincuentes, señalando que impide el desarrollo económico porque atenta contra la empresa privada y busca el “socialismo del siglo XXI” y, por último, insinuando que los votantes por el NO estarían alineados con el narcotráfico. En cada oportunidad de debate, entrevista o polémica, quienes participaron en los medios para sostener semejantes fantasías, fueron vapuleados por académicos, profesores y políticos progresistas. De modo que los resultados electorales dan cuenta de que los sectores progresistas lograron convencer a la ciudadanía de los peligros que encerraban las dos preguntas cruciales de la consulta/referéndum. Con datos oficiales del CNE (7 am. de hoy) se ha impuesto el NO en la pregunta A (bases militares) con un 60.65% y en la pregunta D (asamblea constituyente) con un 61.65% por el NO. La única provincia que ha votado SI en las cuatro preguntas es Tungurahua. Pero llama la atención que el SI también triunfe en todas las regiones del exterior, lo que ha despertado dudas acerca del control transparente del ejercicio electoral.
La sensibilidad nacional expresada en las preguntas sobre bases militares y asamblea constituyente ha significado el primer gran golpe al Gobierno de Noboa y al bloque de poder oligárquico y hasta una “paliza” en provincias como Imbabura, Manabí, Orellana y Sucumbíos. Pero expresa, además, un llamado de atención a las fuerzas armadas y a la policía, ya que el país, en última instancia, ha cuestionado los acuerdos militares que afectan la Constitución y, sobre todo, la soberanía nacional. También es evidente la reacción contra una “guerra interna” en la cual los sectores populares, las organizaciones sociales, el “correísmo” y todo actor o fuerza progresista que protesta y cuestiona al régimen, puede ser “investigado” y corre el riesgo de ser vinculado con el “terrorismo” o el crimen organizado, pasando a ser víctima injustificada, bajo un clima de miedo e impunidad. Pronunciarse a favor de la Constitución de 2008, derrumba todo intento de vincularla con el crimen organizado. Y si es un “estorbo” para aquel empresariado privado que ha persistido en implantar su dominio económico, el pronunciamiento en la consulta/referéndum es un mandato para que aprenda a someterse a los principios sociales y constitucionales de la vida nacional.
Finalmente, el proceso vivido en Ecuador no parece garantizar una vía de democracia y paz, con respeto a la Constitución y a las leyes. En la polarización del país, las élites del poder todavía conservan el dominio y no renunciarán a reproducirlo en el largo plazo, arrasando con todo obstáculo. No solo cuentan con las derechas internas, sino con la internacional derechista latinoamericana y, ante todo, con el apoyo de los Estados Unidos, interesados en la alineación al monroísmo geoestratégico(https://bit.ly/3PWMrzA), para impedir el mundo multipolar y el ascenso de China, Rusia y los BRICS, en lo cual el Ecuador de hoy es un gran aliado y en la misma línea paralela a la Argentina de los “libertarios”, con posiciones distintas a las que llevan los Gobiernos de Colombia y Venezuela, amenazados por el Gobierno Trump. Así es que las fuerzas progresistas tienen el desafío de mantener y potenciar la unidad de criterios demostrada durante el proceso de la consulta/referéndum, a fin de que se cree una base ciudadana y popular capaz de revertir el camino de la historia reciente de Ecuador.
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