La oposición venezolana y gran parte de los medios de comunicación usan el término «protestas pacíficas» para distinguir entre las concentraciones pacíficas de estudiantes y las acciones más violentas que incluyen vandalismo y disparos efectuados por los que están fuera de la comunidad universitaria. «Protestas pacíficas», sin embargo, es un término diseñado para sembrar dudas […]
La oposición venezolana y gran parte de los medios de comunicación usan el término «protestas pacíficas» para distinguir entre las concentraciones pacíficas de estudiantes y las acciones más violentas que incluyen vandalismo y disparos efectuados por los que están fuera de la comunidad universitaria. «Protestas pacíficas», sin embargo, es un término diseñado para sembrar dudas sobre las intenciones del gobierno chavista. En primer lugar, los medios presentan las acciones de la policía y la Guardia Nacional como una violación del derecho constitucional a expresarse pacíficamente. Al mismo tiempo se culpa al gobierno de no ser capaz de controlar las protestas «violentas». De esta manera, Venezuela parece prácticamente un estado fallido o, como el líder opositor Leopoldo López colocó en su artículo de opinión en el New York Times del 25 de marzo, «un estado que fracasó.» Otra afirmación descabellada que circula en los medios de comunicación es que los manifestantes «violentos» son en realidad infiltrados chavistas empeñados en desacreditar a la oposición. De esta manera, quieren demostrar que la violencia no tiene absolutamente nada que ver con las protestas pacíficas y con la oposición en general.
El discurso chavista a veces implícitamente acepta esta línea de razonamiento en un intento de aislar al sector radical de la oposición. Al apelar a la corriente principal del grupo opositor la Mesa de la Unidad (MUD) para que se unieran al «Diálogo por la Paz» promovido por el gobierno, el presidente Maduro y otros líderes chavistas a menudo refuerzan la distinción entre manifestantes «pacíficos» y «violentos».
No obstante, el término «protestas pacíficas» es engañoso. En primer lugar, casi todas las miles de protestas que la oposición ha realizado durante las últimas seis semanas en Venezuela han sido ilegales y no hubieran sido toleradas en ningún país democrático en el mundo. En el mejor de los casos, las «protestas pacíficas» consisten en el bloqueo de las vías de circulación de las principales avenidas, con el resultado de congestionamientos vehiculares kilométricos que frecuentemente obligan a miles de personas a perder una hora o más de su tiempo. En otros casos, las «protestas pacíficas» incluyen barricadas, incendios, y la dispersión de aceite en las vías de circulación usadas por los motociclistas. En este sentido, la distinción entre «protestas pacíficas» y «violentas» es confusa.
Otro ejemplo de confusión intencional es el eslogan de la oposición «No Más Muertes». Esta consigna da la impresión que los manifestantes pacíficos han sido las principales víctimas de la violencia, y de esta manera pasa por alto el hecho de que entre las 36 víctimas fatales, 6 son miembros de las fuerzas de seguridad, otros son chavistas, otros son espectadores inocentes, algunos son manifestantes pacíficos y otros son violentos. Las 36 muertes son igualmente trágicas, pero el discurso de la oposición resta importancia al hecho de que muchos de los muertos y heridos estaban involucrados en acciones violentas. Un reporte suministrado por la estación radial «Alba Ciudad 96.3 FM expuso «Hemos podido observar que numerosos medios de comunicación internacionales, en un afán por desprestigiar al gobierno venezolano y calificarlo de «asesino», aseguran que todos los fallecidos son estudiantes u opositores venezolanos asesinados por fuerzas de seguridad del gobierno, lo que hemos comprobado que es falso.» El reporte llego a afirmar que solo 5 de las muertes fueron a mano de las fuerzas de seguridad. Ver http://albaciudad.org/wp/index.php/2014/03/conozca-los-26-fallecidos-a-un-mes-del-inicio-de-las-protestas-opositoras-la-gran-mayoria-son-victimas-de-las-barricadas/
La defensa de los «derechos» de los manifestantes pacíficos incluye argumentos de los defensores de los derechos humanos, que en una democracia la desobediencia civil es perfectamente legítima y los manifestantes tienen pleno derecho a tomar las calles. Sin embargo, debe hacerse una distinción entre interrumpir el tráfico con el fin de causar alteraciones, por un lado, y las marchas de manifestantes que usan las calles en lugar de las aceras debido al gran número de participantes, por otro lado. En segundo lugar, el objetivo de la desobediencia civil responsable es hacer una denuncia, y no causar inconvenientes. He observado actos de desobediencia civil en los Estados Unidos. En una que involucró al Reverendo Jesse Jackson en la Universidad de Yale en New Haven, los manifestantes fueron rápidamente rodeados y llevados a la cárcel. En otro mitin que presencié en Yale, los manifestantes contra el Apartheid en la década de 1980 habían llegado previamente a un acuerdo con las autoridades municipales y aceptaron que serían detenidos y multados por sus acciones. En ambos casos, no hubo realmente malos entendidos entre las autoridades de la ciudad y los manifestantes ya que los detalles fueron planificados de antemano para minimizar los inconvenientes públicos. Esto está muy lejos de lo que está ocurriendo en Venezuela. En muchos casos, si no en la mayoría, el número de manifestantes no excede las 50 personas. La pregunta entonces es: ¿por qué no usan las aceras?
Hay otra área de convergencia entre los manifestantes pacíficos y los violentos que es una justificación más para el enjuiciamiento de ambos. Aunque la oposición a veces lo niega o trata de restarle importancia, los manifestantes de ambos grupos están pidiendo un cambio de régimen como se concreta en su principal slogan «la salida». Algunos líderes opositores falsamente afirman que ellos están simplemente exigiendo la «renuncia» del presidente Maduro y que el cambio de gobierno puede lograrse dentro del marco de la constitución. El líder de la oposición encarcelado Leopoldo López, por ejemplo, en su artículo reciente en la página de opinión del New York Times manifestó que «un cambio de liderazgo se puede lograr por completo dentro del marco constitucional y legal». Estas afirmaciones son engañosas. Si Maduro tuviera que dimitir, el presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello asumiría la presidencia, una secuencia que no sería en absoluto del agrado de la oposición. Esta reivindicación de la legalidad es una réplica del golpe de abril de 2002 cuando la oposición afirmó que el presidente Chávez había renunciado y Pedro Carmona estaba simplemente «llenando un vacío» y por lo tanto estaba actuando de manera democrática. No sólo fue una gran mentira la afirmación de la renuncia de Chávez, sino que fue una completa violación de la Constitución el procedimiento que siguió. De hecho, Carmona terminó decretando prácticamente la abolición de la propia Constitución.
La oposición y gran parte de los medios nacionales e internacionales afirman que los «manifestantes pacíficos» están protestando contra problemas concretos como la inseguridad, la escasez y la inflación. Sin embargo, los manifestantes no han formulado ninguna propuesta o demanda específica para superar estos problemas. De hecho, el único objetivo de las protestas es el cambio de régimen, como ocasionalmente lo han expresado de manera explícita líderes como María Corina Machado y el mismo Leopoldo López. Esto no significa negar que los líderes de la oposición tienen una agenda oculta de los cambios específicos que se proponen aplicar una vez que estén en el poder.
La demanda de un cambio de régimen por parte tanto de los manifestantes «pacíficos» como de los violentos no sería tolerada en ningún país democrático, comenzando por los Estados Unidos. La acusación, por ejemplo, de que el Partido Comunista de USA abogaba por «el derrocamiento del gobierno» fue la justificación para encarcelar a cientos de miembros del partido durante el periodo de McCarthy en la década de 1950. La afirmación, sin embargo, era falsa ya que los Comunistas no estaban pidiendo o haciendo preparativos para el derrocamiento del gobierno si no que pensaron que inevitablemente ocurriría algún día. Sin embargo, los líderes comunistas sintieron todo el peso de la ley en el momento. Más recientemente, el FBI vigiló el movimiento «Occupy Houston» con el argumento de que algunos de los indignados supuestamente defendían el «derrocamiento del gobierno», como ha sido revelado por el defensor de transparencia Ryan Shapiro. La promoción del cambio de régimen en países no democráticos es aún más peligrosa como se muestra en las recientes condenas a muerte de 529 miembros de la Hermandad Musulmana dictadas por el gobierno egipcio fuertemente apoyado por Estados Unidos.
En pocas palabras, la división retórica entre protestas pacíficas y violentas ha servido a los intereses de la oposición. Así, por ejemplo, los gobernadores y alcaldes opositores se aprovechan de la distinción con el fin de encubrir su falta de control de la actividad perturbadora en su jurisdicción. Los medios, por su parte, usan el argumento binario en los artículos sobre los presuntos excesos de las fuerzas de seguridad, tales como los recientemente publicados en El Tiempo de Puerto La Cruz el 25 de marzo titulado «La Guardia Nacional Reprime Protestas Pacíficas», y otro similar publicado en «Últimas Noticias» el 5 de marzo. Ni una sola vez en los cuarenta años antes de la llegada de Chávez al poder en 1998, los medios privados usaron tal fraseología.
Articulo traducido por Profesora Giomar Salas.
Steve Ellner, profesor en la Universidad de Oriente en Venezuela desde 1977, es editor del libro recientemente publicado «Latin America’s Radical Left: Challenges and Complexities of Political Power in the Twenty-First Century».
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.