Le escuché con atención. Al otro lado del teléfono el profesor Francisco Etxeberria me explicaba que el artículo que escribí sobre los niños desaparecidos y, por tanto, las afirmaciones que se iban acumulando de robo de niños recién nacidos, no era verdad. No podía ser verdad. Él fue uno de los pocos médicos que alzó […]
Le escuché con atención. Al otro lado del teléfono el profesor Francisco Etxeberria me explicaba que el artículo que escribí sobre los niños desaparecidos y, por tanto, las afirmaciones que se iban acumulando de robo de niños recién nacidos, no era verdad. No podía ser verdad.
Él fue uno de los pocos médicos que alzó la voz públicamente frente a las acusaciones generalizadas de la existencia de una trama de bebés robados aquí en Euskadi. «Se empieza a crear una idea, como si fuera la cosa más normal del mundo, de que se han robado niños en Gipuzkoa, y también fuera de aquí. Esto crece y los medios de comunicación empiezan a dar la voz a algunas mujeres que dicen: «Yo creo que a mí me robaron el niño porque no me lo enseñaron después de la muerte. Realmente me dijeron que había muerto, pero yo no hice las gestiones en la funeraria ya que se ocupó el hospital, y como me he enterado leyendo el periódico de que robaron niños en esa época, pienso que quizá…». Todo esto no encaja con lo que yo en ese momento estoy conociendo del mundo del hospital, al preguntar a comadronas, enfermeras, personal auxiliar, celadores, médicos, neonatólogos, radiólogos, etc. En la sanidad pública que tenemos es imposible robar los niños de la forma en que se ha venido a decir. Vuelvo a repetir que esto no sirve para explicar el 100% de las situaciones porque después está lo que yo no conozco, como por ejemplo Sor María en esa clínica de Madrid; yo eso no lo conozco, pero lo que me ha ocurrido personalmente es que cuando toca poner detalle en las denuncias, porque se ha hecho el estudio, he visto que no era así».
Y el mismo prestigioso médico forense Francisco Etxebarría viene sosteniendo en diversos escritos y entrevistas que, en definitiva, «la tortura se ha dado y se da en el estado español por incumplimiento del deber de los jueces. Un detenido en comisaría sigue en manos del juez, lo que con él ocurra es competencia suya, función suya. Vigilar y velar por un trato humano en las dependencias es una de sus tareas principales. Si hubieran cumplido o cumplieran con su función y su obligación no existiría la tortura«. Los jueces han colaborado y colaboran con la tortura. Y eso es muy grave. El escudarse en el médico forense, en el policía o guardiacivil es mera excusa. Son peones del juez. El detenido está bajo su protección, la denuncia de la tortura echa por tierra y denigra la honradez del juez y su papel en la justicia.
Los jueces de la Audiencia Nacional llevan años ordenado detenciones y saqueos entre nosotros, algunos en presencia de ellos mismos, otros, la mayoría, por expreso mandato suyo. Han tirado puertas, robado dinero, ordenadores, documentos, han desbaratado fichas y trabajos minuciosos de años de investigación y ciencia, se han llevado, requisado, destruido y no devuelto discos duros con proyectos, trabajos, estudios, tesis y tesinas, han echado abajo armarios, libros, estanterías, aparadores, alacenas, han desvencijado muebles, paredes… Y se han marchado dejando tras de sí un verdadero txandrio, casas destrozadas, saqueadas, a veces precintadas y llamándose andanas. Como muestra lean lo que ocurrió con las máquinas y la redacción de Egin. Nunca han respondido de los daños, ni han indemnizado de los mismos. Jamás se han disculpado. El paso de las huestes de la Audiencia Nacional por casas y oficinas tiene más de saqueo, venganza, violación de derechos y destrucción que de investigación y búsqueda de información. Desprende un fuerte olor a saqueo de conquista, a tierra quemada.
La mayoría de las veces estos atracos a mano armada contra derechos fundamentales de las personas, ordenados por los jueces de la Audiencia Nacional, se han llevado a cabo por policías y guardiaciviles embozados y armados, sus detenciones se han ejecutado al amparo de la noche cuando la familia dormía y descansaba, taponando las mirillas de las puertas de los vecinos y sin testigos; los ejecutores se han presentado en la soledad de la noche pudiéndose hacer, en la gran mayoría de los casos, a la luz del día en el domicilio o en el puesto de trabajo, o simplemente haberlos citado en comisaría o ante el juez. Las más de las veces se trataba de gentes a las que el día anterior, el mismo día o a día siguiente podían haberlas detenido paseando por las calles y plazas de sus pueblos o ciudades, en la calle, con tan solo mostrar la placa o la citación del juez.
¿Por qué entonces se les detiene de noche dinamitando la puerta de casa, esposándoles en presencia de sus padres mayores o de sus niños, aterrorizándolos? ¿Por qué se los maltrata, se les esposa, se les encapucha en el trayecto a Madrid, se les interroga a puñetazo limpio, se les amenaza con matarles en el descampado y con tanta frecuencia se les tortura bestialmente aplicándoles la bolsa, la bañera, los electrodos, violándoles a veces, manoseando sus cuerpos de mujer en una comisaría del estado español? La nocturnidad, el miedo, aterrorizar, convertir en guiñapo al detenido… ha sido, es, uno de sus objetivos.
Es la vieja justicia, la del TOP, la de Franco, la justicia de la Audiencia Nacional, que se viene practicando desde años. La Audiencia Nacional y sus jueces siguen siendo un zulo de tortura con sus ayudantes: médicos forenses, policías y guardiasciviles. Porque los jueces de la Audiencia Nacional arrastran tras de sí una larga historia de iniquidad y de colaboración con la tortura. Los jueces, que ordenan y supervisan estos atracos contra la dignidad -denunciada repetidas veces por organismo internacionales y, sobre todo, por los afectados-, que mandan a sus ayudantes a que les interroguen durante días en su zulo, saben, son conscientes que se tortura porque muchos de los detenidos han denunciado en su presencia, ante su silla de juez, y muchas veces llevaban escritos, grabados en su cuerpo los signos del maltrato y las huellas sádicas de sus súbditos. Resulta cínico y sabe a burla agria preguntar o mandar al torturador que investigue si los detenidos han sido torturados. ¡Todo un signo de colaboración y deleite!
Las 243 páginas del informe «Incomunicación y tortura. Análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul«, las múltiples confesiones y descripciones de torturas padecidas y relatadas por quienes las han sufrido, algunas tan sólo narradas y descritas varios años después, una vez repuestos del impacto sufrido, los trabajos llevados a cabo y recopilados por organismos como el TAT, Torturaren Kontrako Taldea, Gestoras pro amnistía, Behatokia, Eskubideak, Gurasoak, los malos tratos apilados y recogidos en voluminosos libros, en semanarios y entrevistas…; hoy se halla entre nosotros multitud de material que acredita con pelos y señales, con nombres, fechas, descripciones y relatos minuciosos la tortura de décadas practicada contra ciudadanos de Euskal Herria. Periodistas y tertulianos, que se han refugiado y argumentado con la vieja cantinela de que era «catecismo y manual de ETA» denunciar siempre la tortura en comisaría, evidencian más sumisión y cobardía que verdad y honradez, en muchos casos colaboración clara con la tortura. Los torturados tienen muy poco que agradecerles y muy mucho que reprocharles. Sí lo sabían, ¡ya lo creo que lo sabían!
Y como escribía Edorta Jiménez hace un tiempo: «Lo sabían en Amnesty International y los gobiernos de turno. Lo sabían los grupos parlamentarios. Lo sabían los analistas políticos que siguen estas cosas de AI y de la ONU. Porque también la ONU lo ha escrito. En el Reino de España se tortura. ¡Qué horror! ¿Cómo es que las personas de a pie, los anónimos y heroicos granos de arena que hacen entre todos la sociedad, no sabían nada? ¿Es que no leyeron? ¿No escucharon? Tantos años diciéndolo y al final parecía un cartel más: aquí se tortura. Ahora por suerte nadie podrá decir: no lo sabía, no estaba enterado. Gracias a vosotros y a nosotros. Ya descansamos. Ya no tendremos que ver un cadáver con quemaduras de cigarrillo en las plantas de los pies. Ya no tendremos que acudir al pie de la ventana a mirar el cadáver caído de comisaría. Ya no tendremos que explicar a los niños historias de muertos ahogados con esposas en ríos. Ya no tendrán miedo porque no tendremos que contarle, mira niña, la llevaron al cuartel, y al de 24 horas estaba muerta, que nos pregunte de qué, y tengamos que contestar de nada. Temblando, claro«.
Pues no, sigue siendo una realidad al inicio de la primavera de 2015 en el estado español; las palabras de Edorta Jiménez siguen siendo nada más que un deseo, eso sí, un gran deseo de primavera, un deseo muy sentido. Un deseo que no deja de encerrar una gran vergüenza porque la justicia que practica la Audiencia Nacional tiene un zulo de tortura en su tripa.
Como muestra un par de botones.
Uno de antes, ahora que se acerca la final de la copa de fútbol y que algunos dicen que los vascos mezclamos política y deporte. Joseba Ibarburu y Félix Soto fueron torturados salvajemente y sus denuncias por torturas, como casi todas, nunca prosperaron, eso sí, el simple hecho de retirar la bandera del mástil del Ayuntamiento de Donosti provocó la inhabilitación de ellos como concejales. Félix Soto fue un incansable luchador en pleno franquismo, y en 1971, siendo entrenador de balonmano del Egia, que jugaba entonces en la División de Honor, no se lo pensó dos veces y pidió la Amnistía para los presos políticos cuando el locutor de la única televisión que existía entonces, TVE, le puso delante el micrófono durante el descanso de un partido que se jugaba en Madrid y era retransmitido en directo. Aquello fue una bomba y pasó un par de días en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol. Le impusieron una multa, y un comité de disciplina de la Federación, presidido significativamente por generales, le inhabilitó a perpetuidad para ocupar cargo deportivo alguno.
Y uno de ahora, es el caso de Egoi Irisarri, perteneciente al sumario que se lleva a cabo contra 28 jóvenes vascos, ya fue archivado después de que el fiscal, Juan Antonio García Jabaloy, retirase la acusación contra él debido al parte de lesiones que presentaba tras ser arrestado e incomunicado el 22 de octubre de 2010. El representante del Ministerio Público negó que se hubiesen producido las torturas denunciadas por Irisarri pero no siguió adelante con la acusación ante las dudas que podían surgir por los testimonios de torturas y los partes médicos. «En los terroríficos sótanos de Canillas es donde viví el infierno», explicó durante su declaración ante la Audiencia Nacional durante el juicio que comenzó en setiembre de 2014. En aquella sesión, marcada por los terroríficos testimonios de tortura, Irisarri denunció haber recibido golpes (especialmente en los testículos, que agravaron la infección de orina que ya padecía), sesiones de «bolsa» y otro tipo de tormentos. «Me obligaron a hacer ejercicio físico hasta la extenuación. Tuve que hacer flexiones, me golpeaban e incluso se decían entre ellos que debían ponerme un jersey para no dejar marca», relató ante la sala, presidida por Ángela Murillo, jueza de la Audiencia Nacional. Los golpes llegaron a tal extremo que Irisarri tuvo que ser ingresado en el Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, antes de pasar por el despacho del juez instructor, Fernando Grande-Marlaska, que lo envió a prisión.
Con la causa archivada por las denuncias certificadas de tortura, ahora la Policía española le arresta de nuevo acusándole de «injurias» por reconocer en el juicio a uno de los torturadores y llamarle torturador.
El TOP y la Audiencia Nacional tienen entre nosotros una larga historia de tortura, son auténticos cartógrafos de infiernos, en su zulo hay verdugos de gran historia y pedigrí, verdaderas piezas de museo, y torturados masacrados hasta cotas de profunda inhumanidad.
La Audiencia Nacional sigue siendo en nuestros días un foco de pus y de vergüenza.
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