En el III Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP, 28, 29 y 30 de septiembre 2016) en Quito, y que contó con delegaciones políticas y académicas de izquierda de distintos países de la región y del mundo, se desarrollaron varias mesas de trabajo. Fui invitado a participar en 2 de ellas: una relativa al pensamiento político latinoamericano […]
En el III Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP, 28, 29 y 30 de septiembre 2016) en Quito, y que contó con delegaciones políticas y académicas de izquierda de distintos países de la región y del mundo, se desarrollaron varias mesas de trabajo. Fui invitado a participar en 2 de ellas: una relativa al pensamiento político latinoamericano contemporáneo, y otra sobre los movimientos sociales.
En cuanto al tema de los movimientos sociales destaqué que faltan investigaciones que sigan, con rigurosidad teórica y metodológica, su trayectoria, los cambios observables, la significación que los diversos movimientos sociales tienen en la actualidad o su impacto sobre las condiciones políticas del país precisamente durante el ciclo de la Revolución Ciudadana.
Desde la perspectiva de la historia, no se ha dado continuidad al esfuerzo que hiciera el historiador Patricio Ycaza (1952-1997), quien dejó una amplia obra sobre el movimiento obrero ecuatoriano. Todavía son puntuales los estudios sobre el movimiento indígena, y falta sobre él una visión de conjunto. Algo parecido puede decirse sobre maestros, ambientalistas, afroecuatorianos y otros movimientos sociales.
Pero la coyuntura electoral para el 2017 también es propicia para reflexionar sobre un asunto que siempre resulta sensible: cada movimiento social tiene sus especificidades y sus demandas propias que, cuando están bien expresadas, provocan la unidad de sus bases, porque las causas de lucha se vuelven comunes.
Así ocurrió por ejemplo, con la creación del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que unió a las grandes confederaciones (CTE, Cedoc y Ceosl), y que desarrolló importantes huelgas nacionales en la década de 1980. El movimiento indígena, que desde el levantamiento de 1990 adquirió una presencia nacional inédita, desplegó luchas y posicionamientos trascendentales para el país. Trabajadores e indígenas lograron amplios respaldos ciudadanos.
Sin embargo, es otro el comportamiento de las mismas bases frente a los procesos electorales, porque la política electoral tiene otras lógicas, desafíos y comportamientos con respecto a las demandas y reivindicaciones específicamente clasistas.
Pretender que las bases de todo movimiento social voten por un candidato determinado y a gusto de los dirigentes, no ha ocurrido, como se demostró durante las elecciones de febrero de 2013. La candidatura presidencial de la ‘Unidad Plurinacional de las Izquierdas’ apenas obtuvo el 3.26% de la votación nacional.
Esa experiencia, más o menos reciente, no puede desestimarse para las elecciones de 2017, porque como votantes, las bases asumirán distintas definiciones políticas, tal como hacen sus dirigentes; de manera que, así como habrá seguidores de las posiciones acordadas por tal o cual movimiento social, también habrá sectores del mismo movimiento que definirán su voto por otras candidaturas, bien sean de centro, de derecha, o de izquierda.
El problema de fondo queda en otro lado: ¿cómo fortalecer la organización de los movimientos sociales para que sean una opción de poder y no una simple base electoral?