En medio de la pandemia y la desmovilización, los organismos electorales cavilan si la candidatura de Andrés Arauz va o no en la papeleta presidencial.
Buscan, agotando artimañas, la descalificación de una opción que ya ha tomado cuerpo y primerísima posición en las encuestas.
Quienes aúpan este osado despropósito son los mismos que usufructúan del poder junto a los grupos oligárquicos que los manejan, y todos, con el aval de una embajada, tratan de crear un escenario de caos. Lo único que les mueve es el pánico a perder la próxima contienda en las urnas.
O postergar los comicios (pandemia más convulsión social de pretexto) o bajar esa o cualquier candidatura, son intenciones anticonstitucionales y antidemocráticas.
Crear conflictos y luego crear conflictos, es una vieja fórmula, heredada, para aplicar su nefasto plan entre éste y el próximo período:
1. Ejecutar, a rajatabla y a cualquier precio, el programa económico neoliberal, en toda su extensión. Acrecentar sus estratosféricas ganancias. Para ello, para allanar su camino, nos impondrán un remedo de constitución vieja y liquidarán la Constitución de la República, aprobada y promulgada con referendo.
2. Liquidar la dolarización, como anunciara el empresario y político César Rohón. Retornar, bajo la falsa bandera de «inversión extranjera», una mínima parte de los ingentes capitales sacados a paraísos fiscales y «comprar», a precio regalado, los bienes y servicios públicos y, además, las propiedades de quienes quebrarán en el crack que ellos mismos avecinan.
3. Desatenderse y entregar la soberanía nacional y el manejo estratégico geopolítico del país a la embajada aquella.
4 Asegurar el monopolio y el poder oligárquico de los banqueros, impidiendo aún el ingreso y competencia de inversión extranjera en sus empresas financieras.
Es hora de impedir estos afanes que atentarán contra la integridad humana en nuestro país. Es la tarea de todas y todos, sin excepción, salvar el aliento vital que queda en un pueblo traicionado, desempleado y desatendido, el cual elegirá su derecho humano al respeto y a la dignidad.
La obligación de respetar el pronunciamiento popular, no corresponde, únicamente, a la candidatura afectada. Lo urgente es elevar voces, en Ecuador y el Mundo, en defensa de la democracia y de los derechos humanos, para que nada ni nadie afecte el derecho libre y soberano del pueblo a elegir su mandatario.
La existencia de la Patria, siempre, nos exige salvarla. Regresemos en unidad, con decisión y valentía, al imperio del sentido común y la solidaridad. El pueblo debe decidir sin ataduras y la única fecha es el próximo 7 de febrero.