Empieza la escuela, con «otro talante»

Ya se está empezando a mover ficha (no hay otro remedio). La nueva ministra de Educación María Jesús San Segundo ha remitido un documento base, bajo el epígrafe Cuestiones para el debate educativo, a las comunidades autónomas y los «representantes sociales», ahí nos perdemos, no sabemos exactamente a quienes se refieren, o quizás sí. Hemos buscado afanosamente en la red y el documento no aparece, hemos buscado en las páginas sindicales y nada, hemos hablado telefónicamente con algún responsable de comunicación de alguno de los sindicatos docentes y nada, en los Movimientos de Renovación Pedagógica ni nos molestamos. Quizás esos «representantes sociales» de los que hablan los del nuevo talante sigan siendo sus «amigos de confianza» y los impertérritos empresarios, como siempre muy interesados en la educación como base de su sistema. Dice la ministra que con las sugerencias recibidas se elaborará el primer borrador que se volverá a remitir a las comunidades autónomas a finales de septiembre. En fin, el «debate social» inicial se lo van a guisar y a comer entre ellos, entre los que tienen capacidad de decidir, como siempre, pero con «otro talante».

Están moviendo ficha porque, efectivamente, no queda otro remedio. Desde el 14-M está diciendo el partido en el poder que va a trabajar una alternativa a la LOCE, a la ley de calidad en la enseñanza de la derechona, una ley que abunda en el lenguaje economicista y que equipara la educación a un artículo de consumo, aunque sea de «primera necesidad», antes que a un derecho fundamental e inalienable de todas las personas, una ley que aboga por la cultura del esfuerzo, pero del esfuerzo individual, por la formación permanente, pero flexible, diversificada, maleable para hacer frente a una sociedad fuertemente competitiva, una ley de calidad que selecciona, segrega y clasifica al alumnado, divide y jerarquiza más al profesorado (volvemos al cuerpo de cátedros), le resta poder a los órganos colegiados y afianza y somete más a los órganos unipersonales, una ley que vuelve a hacer evaluable a la asignatura de Religión y su alternativa (…con la camisa nueva que tu bordaste en rojo ayer….) y que acerca, cada vez más, a los vástagos de las «familias bien» a la otra escuela, a la concertada, y deja la otra, la pública, para los que no tienen ni más luces ni más remedio o para quienes definitivamente se la merecen, la morrallita. En definitiva una ley de la derechona, como les gusta a ellos llamarla.

Desde que ganaron las elecciones paralizaron la aplicación de lo que quedaba por aplicar de la LOCE, pero tuvieron que asumir lo que ya estaba en curso. Consiguieron cerrar el año académico con mucho más desconcierto que otra cosa tanto en el profesorado como en el alumnado, con un puzzle de aplicaciones, desaplicaciones, normativas y desarrollos de norma, con amenazas inconstitucionales, etc. en fin, con un lío tremendo que prometían resolver con transparencia y mucho debate para el curso siguiente, es decir, para ¡ya!.

Intuimos que no será difícil descubrir el verdadero juego, las conocidas reglas del juego en el nuevo talante, en el nuevo «semblante» con que se disfrazan las directrices neoliberales, los designios que para los servicios públicos como la educación se perfilan desde hace tiempo como posibilidad inevitable. Y contando con su habilidad para manejar el discurso, para pervertir el lenguaje, para -como diría Watzlawick- mover las piezas de una situación y, aparentando cambio, dejar todo como está, volvemos al citado documento, Cuestiones para el debate educativo, a los 15 puntos en que se desarrolla y a los comentarios que desde El País insisten en generar la ilusión del movimiento. Y de la suntuosa y retórica lista, nos quedamos inevitablemente enganchados en aquella que, según el Gobierno, será la pieza clave de la reforma educativa: «Los valores democráticos y la educación ciudadana», planteando como alternativa para reforzar esos valores la creación de una asignatura específica (similar a Ética) con contenidos tales como la violencia de género, la convivencia con los inmigrantes, la prevención de los accidentes de tráfico, las actitudes de los jóvenes ante los mayores, el cuidado del medio ambiente,…

¡Prepárese querida y pobre escuela¡ Prepárese para, en un rizo imposible, hacer la pirueta de jugar a la innovación sin cambiar nada.

Tendremos que empezar por tragarnos que las píldoras bien servidas en forma de nueva asignatura durante tres o dos horas a la semana bastarán para hacer a nuestros jóvenes más democráticos y, por ende, a nuestro sistema más aparentemente justo.

Tendremos que continuar asumiendo que, tras ser conveniente y demagógicamente transformados esos valores en contenidos académicos, traducidos a lenguaje políticamente correcto, desprovistos de cualquier retórica sospechosa de franquear los lugares comunes, y tras ser empaquetados vistosa y lucrativamente por las editoriales -agentes fundamentales en la «creación» de conocimiento-, estaremos en disposición de vivir una escuela más justa.

Y tendremos que pasar por alto el cinismo. El cinismo que supone hablar, por ejemplo, de trabajar en la escuela un contenido como «la convivencia con los inmigrantes» mientras la política educativa ha generado una estructura claramente segregadora en la que los niños y niñas de los grupos sociales más desfavorecidos, de las minorías étnicas más pobres se concentran en un número muy reducido de centros educativos (por supuesto, todos públicos), centros que, curiosamente, van siendo progresivamente rechazados por la población de clase media, por las familias más «académicas» ya que es fácil extender el prejuicio de que se convierten en escuelas más problemáticas, más violentas y menos exigentes a nivel curricular.

Y esa política educativa, moralmente inaceptable y socialmente injusta, que promueve la competitividad entre los centros educativos, la selección de la clientela menos «problemática», fue ya iniciada por el PSOE cuando mantuvo la doble red de centros públicos y centros privados sostenidos con fondos públicos (quizá sorprenda saber que la financiación de la enseñanza privada con la concertación ha crecido en las últimas décadas de un modo vertiginoso pero sobre todo en la década del 83, un año después de la llegada de los socialistas al gobierno, al 93 en la que se pasó de 93.722 millones de pesetas a 224.826.).

Las reglas del juego del mercado -que reducen las oportunidades de los últimos, que refuerzan las estructuras clasistas, racistas y sexistas, que promueven mayor jerarquización- llegaron también hace tiempo a la escuela y las sucesivas políticas educativas no encontraron mejor forma de favorecer la calidad de la enseñanza que estimular la competitividad entre los centros. Siendo así, qué mejor propaganda que declarar que se tiene éxito y qué mejor forma de lograrlo que buscar clientes que no tengan muchas posibilidades de fracasar. En esta dinámica los centros privados-concertados (sostenidos con los fondos públicos) cuentan con sutiles mecanismos de admisión selectiva que les mantiene a salvo de la población potencialmente indeseable, aunque no se diga.

Mientras tanto, asistimos al incremento de la concentración del alumnado de colectivos socialmente más desfavorecidos en unos pocos centros públicos de los cinturones de las grandes ciudades, centros donde el trabajo es más duro para profesores y profesoras, que no cuentan con recursos específicos y que son progresivamente etiquetados como indisciplinados y violentos… Mientras tanto, los centros concentrados permiten a los padres «preocupados por la degeneración de lo público» sentirse a salvo, en un ambiente de «excelencia» y «calidad», evitando las interacciones con los que sufren discriminaciones y contribuyendo a la creación de estereotipos y prejuicios sobre «los otros».

Eso sí… nos cubriremos las espaldas trabajando ordenadamente en clase el tema 6 del libro de Ética sobre «La convivencia con los inmigrantes» o «La tolerancia democrática».