Los ambientalistas, en especial la organización Greenpeace, celebran un nuevo triunfo en Brasil, como es la decisión de las grandes empresas procesadoras y exportadoras de soja de rechazar la producción procedente de nuevas áreas de deforestación en la Amazonia. En un comunicado conjunto, la Asociación Brasileña de las Industrias de Aceites Vegetales (Abiove) y la […]
Los ambientalistas, en especial la organización Greenpeace, celebran un nuevo triunfo en Brasil, como es la decisión de las grandes empresas procesadoras y exportadoras de soja de rechazar la producción procedente de nuevas áreas de deforestación en la Amazonia.
En un comunicado conjunto, la Asociación Brasileña de las Industrias de Aceites Vegetales (Abiove) y la Asociación Nacional de los Exportadores de Cereales (ANEC), anunciaron que sus miembros dejarán de comercializar la soja cultivada en tierras ganadas por la tala de bosques.
Esa decisión tendrá vigencia dos años, período en el cual el sector se compromete a desarrollar, junto con el gobierno, los agricultores y la sociedad civil, «nuevas reglas para operar en el ecosistema amazónico», estrategias para que los cultivadores de soja cumplan las leyes forestales brasileñas y un plan de acción para la «gobernanza» en la región.
«Es un paso muy importante para frenar el avance de la agricultura» en la Amazonia, que «repercute automáticamente en otras cadenas de producción, como la de carne», dijo a IPS Adilson Vieira, coordinador del Grupo de Trabajo Amazónico (GTA), una red de 600 organizaciones no gubernamentales y comunitarias.
El índice de deforestación de la Amazonia tiende así a caer más aún en los próximos años y el gobierno debe de aprovechar esa oportunidad para aplicar «mecanismos más rígidos» de control de otras actividades que amenazan los bosques, como el «grillaje» (apropiación fraudulenta de tierras públicas) y la extracción maderera, opinó.
El momento es de «una agenda positiva», recordó Vieira. El año pasado se redujo en 31 por ciento el área deforestada de la Amazonia brasileña y hechos dramáticos, como el asesinato en febrero de 2005 de la monja estadounidense Dorothy Stang, hicieron que el gobierno apurara la adopción de medidas de prevención, como la creación de extensas zonas de conservación.
Sin la presión de la soja, el gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva puede concentrar esfuerzos en otros frentes y acelerar la ejecución de la nueva ley de Gestión de Bosques Públicos, con la cual se busca fomentar la industria maderera legal y sustentable, reduciendo la de carácter ilegal.
El movimiento ambiental debe «felicitar a Greenpeace», cuya acción junto al mercado consumidor internacional produjo el acuerdo anunciado en la víspera con la industria de soja, reconoció Vieira.
La campaña de Greenpeace Internacional denunció, a través de varias acciones, incluyendo tomas de buques y puertos, que el consumo de soja, principalmente en Europa, contribuyera a la deforestación amazónica, al adquirir la oleaginosa producida en desmedro de los bosques.
El informe «Comiendo la Amazonia», divulgado por Greenpeace en abril, indicó la expansión de la sojicultura como «la más grave amenaza al futuro de la Amazonia», al destruir bosques y expulsar de sus tierras a poblaciones indígenas y comunidades tradicionales, para ocuparlas con extensos campos de soja, explotando trabajo esclavo y contaminando el agua con agrotóxicos.
Tres grandes empresas transnacionales, las estadounidenses ADM, Bunge y Cargill, son apuntadas como las mayores responsables de la devastación amazónica, al responder por 60 por ciento del financiamiento de la producción de soja en Brasil y controlar la mayor parte de su exportación.
Con ese informe y presiones directas, Greenpeace logró una alianza con redes de supermercados y de «comida rápida», como McDonald’s, para exigir, de sus proveedores, productos exentos de culpa en la deforestación amazónica.
Con esa presión, ADM, Bunge, Cargill y otras firmas exportadoras, como la francesa Dreyfus y la brasileña Amaggi, aceptaron negociar una nueva conducta.
El resultado fue el compromiso de todo el sector, representado por ANEC, de la cual son miembros esas empresas transnacionales, y Abiove, de fortalecer el combate gubernamental contra la deforestación, el cumplimiento de la legislación brasileña y la protección de los bosques.
Las dos asociaciones empresariales afirman también en su comunicado emitido el lunes que sus afiliadas romperán los contratos de compra de soja si se comprueba que sus proveedores usan trabajo esclavo.
Las distribuidoras y vendedoras de alimentos fueron decisivas en forzar a las firmas exportadoras de soja a negociar. El desafío ahora es que el compromiso declarado se convierta en protección real para la Amazonia, señaló Gerd Leipold, director ejecutivo de Greenpeace Internacional.
«Seguiremos presionando por medidas efectivas que aseguren el futuro de la Amazonia y sus pueblos», dijo el director de la organización en Brasil, Frank Guggenheim.
El coordinador de la Campaña Amazónica de Greenpeace Brasil, Paulo Adario, destacó la necesidad de formar un grupo de trabajo de varias instituciones para monitorear el cumplimiento del compromiso empresarial, lo que exige mapas de las áreas ya deforestadas para identificar si se registran nuevas talas de árboles para destinar los predios a la siembra de soja.
Los ambientalistas estiman que la desaparición de bosques amazónicos para destinar la tierra al cultivo de soja alcanzó a más de un millón de hectáreas en la Amazonia brasileña.
El avance de esta oleaginosa aumenta el valor de mercado de los predios, estimulando la deforestación ilegal y violentas disputas de hacendados que provocan decenas de muertes cada año.
Entre agosto de 2004 y julio de 2005 fueron deforestados 18.900 kilómetros cuadrados, 30,5 por ciento menos que en el período anual anterior.
Los bosques amazónicos contienen la mayor biodiversidad mundial y son importantes también para el equilibrio climático en la región y alrededores lejanos, respondiendo por buena parte de las lluvias incluso en el sur de Brasil. (FIN/2006)