La titular del MSP manifestó su sorpresa porque aún existen centros de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos que ofertan «curar la homosexualidad». Asimismo, expresó su indignación por la actitud de la comisaria de Salud de Napo, una de las acusadas en la denuncia de Zulema C. En una entrevista realizada en la radio municipal de […]
La titular del MSP manifestó su sorpresa porque aún existen centros de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos que ofertan «curar la homosexualidad». Asimismo, expresó su indignación por la actitud de la comisaria de Salud de Napo, una de las acusadas en la denuncia de Zulema C.
En una entrevista realizada en la radio municipal de Quito, Distrito Noticias, la titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Carina Vance, se refirió a temas como los Centros de Deshomosexualización y específicamente, el caso de uno de estos sitios ubicado en el Tena, donde una joven estuvo internada debido a su orientación sexual.
Además, habló sobre las medidas que se tomarán en contra de los acusados.
El Ministerio de Salud ha seguido un juicio a la comisaria de Salud del Napo, Janine Olmedo. ¿Por qué? Explique qué significa este proceso, que aparte de toda su complejidad, tiene una carga simbólica. Es decir, hay personas que no entienden cuál es la situación de quienes tienen una orientación sexual distinta…
Este caso es alarmante. Sólo quiero aclarar unas cosas. La comisaria no ha sido separada de su cargo, estamos realizando un proceso sumario administrativo, pero además ella sí tiene medidas cautelares en este momento ya que se presentó una denuncia, por primera vez, contra clínicas de rehabilitación para uso de drogas y alcohol que están siendo utilizadas para otros fines que se divorcian o contraponen a nuestra normativa.
Es la primera vez que se está realizando este proceso como un delito de odio. Eso es importante para nuestro país ya que, en efecto, es alarmante que todavía tengamos centros de rehabilitación para «curar la homosexualidad». Eso bajo ningún estándar es aceptable en nuestra sociedad o en el mundo. La homosexualidad no es una enfermedad, por ende, no se puede curar, y las supuestas terapias que utilizan en estas clínicas, de acuerdo con las denuncias que hemos recibido, no son más que torturas, lo que no vamos a permitir.
¿Y qué hizo la comisaria?
En este caso, tuvimos una denuncia el 6 de junio por parte de una joven guayaquileña, quien mencionaba que había sido internada en un centro de rehabilitación para uso de drogas y alcohol, por su orientación sexual. El 11 de junio ingresamos a Napo y clausuramos ese centro, que no contaba con el permiso de funcionamiento. Remitimos la información a la Fiscalía para que realizaran el proceso investigativo. Trabajamos con la Fiscalía y la Policía alrededor de un mes, y ya con la información obtenida entramos hace un par de días a Tena para intervenir la clínica, o más bien, emprender los casos penales hacia las 8 personas que estaban vinculadas. ¿Cuál fue nuestra sorpresa, y para el Ministerio de Salud algo indignante? Que una de las personas involucradas era justamente la comisaria provincial de Salud.
Esa comisaria era la presidenta del Comité local intersectorial, que el MSP ha armado y lo preside. Ella era la representante de esta cartera, justamente para realizar controles en estas clínicas. Así que eso nos da una idea de las grandes mafias que existen y que lucran de la ignorancia y de los prejuicios que existen todavía en la sociedad, relacionados con las personas que tienen una orientación sexual distinta.
¿Ella era la propietaria del centro de supuesta «curación de homosexuales»?
Ella, que presidía ese comité, era la dueña del local donde se dieron estos hechos. Entonces Janine Olmedo, como se llama la comisaria, está con medidas cautelares. Además, puse una queja frente al Consejo de la Judicatura porque sí me sorprendió que teniendo un caso de delito de odio, un caso de una persona que fue internada de forma forzosa, no voluntaria, por un tema que se divorcia de nuestra Constitución, como es una supuesta cura por una orientación sexual, se hayan dictado medidas alternativas para personas involucradas en esto en vez de prisión preventiva, que es lo que pedía la Fiscalía. Me parece además importante porque en este caso hubo una vulneración de los derechos humanos.
Porque además la joven fue agredida, violentada físicamente…
Física y psicológicamente. Tenemos denuncias de los tipos de supuestos tratamientos que se dan, no solamente a personas de distinta orientación sexual, sino también a heterosexuales.
¿A los adictos también?
Exactamente, a personas que también usan drogas y alcohol. Esa no es una terapia. El maltrato físico y la agresión psicológica no son una terapia bajo ningún estándar. ¿Qué hemos hecho nosotros? En el 2012 sacamos un acuerdo ministerial que establecía cuáles eran los lineamientos para que funcionase un centro de rehabilitación, en relación a su infraestructura, porque también hemos encontrado, como en este caso, una situación de condiciones infrahumanas en las que supuestamente uno va a realizar algún tipo de rehabilitación, incluido el mobiliario, el equipamiento, los perfiles del talento humano que ahí trabajan y el tipo de terapias que se realizan.
Estamos haciendo un proceso de inspección de estos centros, y otorgamientos o no de permisos de funcionamiento. Es importante que si tenemos la necesidad de optar por un servicio de rehabilitación por el uso de drogas y alcohol, los familiares siempre verifiquen que existan los permisos. Hemos encontrado centros que no cumplen con los estándares mínimos sanitarios y que además ofertan estas terapias.
Entonces, ¿quién les autorizó? ¿Por qué funcionan?
El problema que tenemos es que en el 2012, registramos 123 centros de rehabilitación con permiso de funcionamiento y estimamos más de 200 en total, gran parte de ellos, clandestinos, y que muchas veces se arman en el garaje de una vivienda, como en este caso, que no tenía señalética. Son muy difíciles de detectar porque son casi móviles, es decir, un día están en una casa y otro día en otra. Además, hemos visto que son casi como mafias.
O sea que es por el lucro, el prejuicio y la ignorancia de cierta gente…
Exactamente. La problemática inicia con la oferta de un servicio que se contrapone con la actual normativa. Pero también tiene que ver con que un familiar interne forzosamente a otro por su orientación sexual, o el consumo de drogas o alcohol. Eso también se separa de la Constitución.
Hemos recibido denuncias de jóvenes que se han portado mal con sus padres y que los envían a estas clínicas para que se comporten mejor.
Por ejemplo, hemos tenido el caso de jóvenes de cabello largo que son internados para que les corten el pelo y así tengan la estética que sus padres sueñan. Estas son violaciones a los derechos humanos; no podemos permitir que esto suceda en el país. Podemos hacer controles, pero la responsabilidad es del ciudadano.
MSP ACUSÓ A COMISARIA DE SALUD DE NAPO
Janine Olmedo, comisaria de Salud de Napo, fue enjuiciada por el Ministerio de Salud (MSP), acusada de una supuesta vinculación en la violación de los derechos humanos de la guayaquileña Zulema C., quien estuvo en el centro de rehabilitación La Esperanza, en Tena, desde el 17 de mayo.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado abrió una instrucción fiscal por el supuesto delito de odio contra ocho personas que estarían involucradas en el funcionamiento de esta clínica que ofertaba una «cura de la homosexualidad».