Pese a la gravedad de la situación en las cárceles del norte y del nordeste, el presidente Michel Temer no viajó a la zona de las matanzas. El gobierno reconoció el riesgo de que la barbarie de los penales se extienda al resto del país.
Nueve presos ejecutados por día: ése es el saldo de la guerra en los presidios brasileños en los primeros quince días del año, cumplidos ayer cuando agentes penitenciarios reportaron el asesinato de entre 27 y 30 reclusos en la cárcel de Alcaçuz, en la provincia de Rio Grande do Norte. Fue la cuarta masacre desde el 1º de enero en Brasil y la «más grave de la historia de Rio Grande do Norte», dijo Walber Virgolino, secretario de Justicia de esa provincia.
No se descarta que el número de víctimas aumente cuando haya concluido la revisión del predio, parcialmente destruido, hasta donde fue enviado un camión frigorífico del Instituto Médico Legal con capacidad para ubicar 50 cadáveres.
La tropa de choque de la policía sólo ingresó en el penal ayer por la mañana, 14 horas después de iniciados los incidentes en la prisión enclavada en una región de dunas cercana a la ciudad de Natal.
Pese a la gravedad de la situación en las cárceles del norte y nordeste, el presidente Michel Temer no ha viajado a la zona de las matanzas y ayer se limitó a lamentar el episodio de Rio Grande do Norte vía Twitter.
Encerrado en Brasilia, de donde prácticamente no sale debido a las manifestaciones en su contra, Temer asiste al matadero entre el PCC y las bandas que le disputan su hegemonía.
En cambio, la titular del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lucia Antunes, ha tomado una serie de iniciativas para contener la crisis y acelerar la excarcelación de presos sin condena.
Antunes viajó al norte del país, donde se reunió con los jueces, por lo que su nombre comienza a sonar como candidata a suceder a un Temer ausente, incapaz de cumplir el eslogan «Orden y Progreso», que estrenó cuando inició su gobierno anómalo tras deponer a Dilma Rousseff.
Un video mostró las cabezas de presos rodando por el patio de la cárcel Alcaçuz, donde fue pintada la sigla PCC (Primer Comando de la Capital), la organización delictiva surgida en San Pablo que controla reclusorios en todo el país, donde hay unos 650 mil internos.
La jueza Antunes ordenó la realización de un censo para contar con datos precisos sobre la cantidad de ciudadanos que están privados de la libertad en condiciones «inhumanas y sometidos a torturas» frecuentes por parte de guardiacárceles muchas veces sobornados por el crimen organizado, de acuerdo con informes de la ONU y la ONG Humans Right Watch.
Precisamente, la semana pasada dimitió el jefe del servicio penitenciario de Amazonas, Pedro Florencio, sospechado de haber sido sobornado por parte de una de las gavillas actuantes en los reclusorios de ese estado.
Riesgo de nacionalización
Las pintadas con letras rojas del PCC vistas ayer en el centro de detención de Rio Grande do Norte, donde murieron unos 30 presos, desmintió el argumento del gobierno, que a comienzos de año negó que estuviera en curso una guerra entre grupos organizados cuando 60 integrantes de esa banda fueron muertos, varios descuartizados, por parte de miembros de la Familia del Norte, en el centro de detención Anisio Jobim, de Manaos. Esa fue la peor masacre de la región amazónica.
Las evidencias hicieron que el Palacio del Planalto finalmente acepte que el PCC y La Familia del Norte traban una pelea por el dominio de las cárceles y la cocaína procedente de Colombia y Perú a través del río Solimoes. En esa disputa también intervienen el Comando Vermelho, el grupo más antiguo de Brasil, con base en Río de Janeiro y el Sindicato del Crimen, cuyos miembros murieron este fin de semana en Rio Grande do Norte, provincia de la región nordeste.
Ayer el Planalto reconoció, a través de la secretaria de Derechos Humanos Flavia Piovesan, el riesgo de que la barbarie iniciada en la Amazonia y continuada en la región nordeste incendie el resto del país.
La semana pasada dos presos fueron asesinados en Tupi Paulista, una ciudad del interior de San Pablo, estado donde hay cien mil presos, gran parte de ellos subordinados el PCC.
El gobernador paulista Geraldo Alckmin, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), negó que haya estado de alerta en el servicio penitenciario.
La versión del gobernador Alckmin fue desementida por policías paulistas que hablaron a condición de anonimato con el diario El País, de España.
Más, esas fuentes revelaron que no descartan un levantamiento del PCC esta semana en San Pablo y que las fuerzas de seguridad están alertas..
El PCC es más que una organización delictiva: cuenta con una red de «células dormidas» en varios puntos de San Pablo dispuestas a realizar operaciones de guerrilla urbana contra la policía como lo hizo en 2006, cuando desató el caos en la mayor metrópoli sudamericana, con un saldo de cerca de 600 muertos.
Si la crisis de seguridad del norte y nordeste se replica en San Pablo, y eventualmente en Río de Janeiro, donde también actúa el PCC, significaría un traspié grave para Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y podría hacer naufragar las aspiraciones presidenciales de su aliado Alckmin, del PSDB.
PMDB y PSDB, cuyo líder histórico es el ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, fueron los partidos que sustentaron el golpe contra Dilma Rousseff ocho meses atrás.
Es por esa fragilidad del gobierno surgido por fuera de las urnas que desde algunas usinas de opinión derechistas comienza a barajarse el nombre de la jueza Carmen Lucia Antunes como eventual reemplazante de Temer por la via de una elección indirecta, a través de un colegio electoral.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/14460-en-brasil-mueren-nueve-presos-por-dia