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En defensa de la libertad, la integridad personal, la vida y el Estado constitucional de derechos y justicia

Fuentes: Rebelión

LOS COLECTIVOS DE DDHH, SOCIEDAD, ABOGADOS Y JURISTAS, PROFESIONALES Y DIVERSOS ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL, POLÍTICA Y CULTURAL AL PAÍS

Quienes suscribimos este comunicado unimos esfuerzos, pensamientos, diálogos propositivos y compartimos la misma indignación por lo que está sucediendo en el Ecuador, en el contexto del Paro Nacional Indefinido convocado por el Movimiento Indígena y organizaciones populares, como una respuesta legítima de resistencia frente a las asfixiantes medidas del gobierno, que afectan directamente la economía de las familias ecuatorianas menos favorecidas. 
Es preciso recordarle al gobierno del Ecuador que la protesta social es un derecho humano reconocido por el Derecho Internacional de Derechos Humanos y su legislación constitucional, y que su ejercicio se justifica como el mecanismo social de contrapesos frente a los abusos y excesos de gobiernos que, como en el caso de Daniel Noboa,  impulsan medidas de política pública que golpean a las familias y frenan el desarrollo, para satisfacer única y exclusivamente las exigencias impuestas por el Fondo Monetario  Internacional. 

Denunciamos a la comunidad internacional el uso excesivo de la fuerza que han perpetrado las fuerzas militares y policiales bajo las directrices del gobierno para reprimir a las y los manifestantes en el contexto de las movilizaciones sociales durante los días en que continúa el paro nacional. Esta escalada de represión ha costado la vida al líder comunero de Cotacachi Efraín Fuérez (+), quien habría sido ejecutado con el uso de munición letal prohibida para contrarrestar protestas sociales por parte de fuerzas militares ecuatorianas; y cuyo cuerpo, tras recibir los disparos mientras se alejaba de los militares, como se puede observar en varios vídeos grabados por testigos y  difundidos en redes sociales, es golpeado en el piso, junto a otro ciudadano que intenta protegerlo.
Exigimos que estos hechos sean investigados por las autoridades judiciales competentes, con transparencia, imparcialidad y dentro de un plazo razonable con la finalidad de establecer las responsabilidades correspondientes, y poder entregarle respuestas al país y a la familia de Efraín Fuérez. 
Demandamos justicia, verdad y reparación ante este hecho que, por las circunstancias en las que ha ocurrido, puede ser considerado como Crimen de Estado, sancionado inclusive por el derecho internacional.
Alertamos respecto de los procesos de criminalización y judicialización que ha implementado el gobierno en contra de varios líderes del movimiento indígena, sindical, estudiantil, popular, campesino y ecologista, utilizando nuevamente a la Fiscalía para abrir investigaciones bajo el falaz alegato de “enriquecimiento privado no justificado”, con la única finalidad de intimidar y anular judicial y políticamente a decenas de líderes sociales que le son incómodos al régimen. 
Judicializar la política y peor aún, la protesta social, constituye una amenaza directa a la libertad y a la democracia, y se ajusta a las prácticas de gobiernos arbitrarios.
Rechazamos enérgicamente la aprehensión y traslado de 12 manifestantes de la ciudad andina de Otavalo hacia cárceles en la Costa, en las que se encuentran privados de su libertad delincuentes comunes y de alta peligrosidad y en donde, semanas atrás, ocurrieron masacres que costaron la vida a más de 17 Personas Privadas de Libertad, incrementando así el riesgo a la vida e integridad física de los manifestantes detenidos, entre ellos varias mujeres comuneras.
Adicionalmente, resultan muy preocupantes las declaraciones del presidente Daniel Noboa, expresadas en un mitin político en la ciudad de Otavalo, en donde mencionó que “Ellos (los indígenas) dicen que no nos quieren en sus territorios, entonces nosotros vamos a expulsarlos del país entero”; lo cual pone en evidencia su vergonzoso desconocimiento del respeto a los pueblos originarios, los derechos colectivos y la libre determinación de los pueblos; pero, más grave aún, constituye una apología del delito de odio y otros de lesa humanidad que son sancionados por la Corte Penal Internacional. 
Es fundamental y urgente que el gobierno del Ecuador detenga de inmediato la represión a la población y al legítimo derecho a la resistencia, así como detenga el ejercicio desproporcionado de la fuerza y las medidas totalitarias, escuche la voz del pueblo, garantice el derecho a la protesta social y deponga las acciones de hostilidad estatal que provocan un mayor nivel de inestabilidad y exacerban la lucha social en un contexto que no es de una guerra.  Absolutamente NADA justifica quitarle la vida a una persona, a un manifestante, un ciudadano, un ser humano; el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y por ende, tiene la obligación de cumplir procedimientos y protocolos establecidos en la normativa del país y en el derecho internacional humanitario. JAMÁS puede justificarse una ejecución extrajudicial, y  mucho menos en circunstancias propias de PROTESTA SOCIAL.
Nos solidarizamos con la familia de Efraín Fuérez y con todas y todos los compañeros del movimiento indígena, sindical, estudiantil, barrial, poblacional y popular, perseguidos y procesados por parte de este gobierno que ha hecho de la criminalización de la protesta y de los líderes sociales, una política pública peligrosa y absolutamente inadmisible. 
Suscribimos,
Roberto Caldas, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Raúl Zaffaroni, ex Juez de la Corte Suprema de Argentina, profesor emérito de la UBA, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Patricio Pazmiño, ex Presidente de la Corte Constitucional y Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Ernesto Pazmiño Granizo, ex Defensor Público General y ex Ministro de Estado
Ricardo Ulcuango Farinango, ex asambleísta nacional, ex-embajador y líder índigena
Abg. Margarita Arotingo, dirigente indígena de FENOCÍN, ex asambleísta 
Ernesto Pazmiño Chávez, Consultor de  Político Internacional y ex asesor legislativo
Gissela Garzón Monteros, feminista, defensora de los derechos de las mujeres y ex asambleísta
Mónica Luzárraga Salazar, profesional del Derecho
Alexis Ponce, Defensor de DDHHJorge Acosta, Defensor de DDHHJuan Álvarez, constitucionalista e Investigador. Christian González, dirigente ciudadano Arq. España Arévalo, Dirigente Social Geovanny Logroño, profesional del DerechoAnaís Madrid, Comunicadora social Rafael Villalba, ingeniero civilSonia Vera, Abogada y defensora de DDHHIng. Sofía Espín, ex asambleísta de la RepúblicaIng. Oscar Vásquez, Activista Político y Derechos HumanosKarina Palacios Guevara, psicoterapeuta y comunicadora socialCrsitina Chimarro, Abogada defensora de DDHH y dirigenta comunitariaMarcia Chávez V., ArquitectaDaniela Córdova Ch., NaturópataRaúl Ocaña García, Abogado en libre ejercicioLeón Sierra Páez, Artista y psicoanalista Rossana Iturralde, Actriz y directora teatralPablo Tenorio Ambrossi, sociólogo, militante de izquierda Felipe Vega, intelectual, ex diplomático, ex ministroEdmundo Sánchez, médico Rubén Bravo, Sociólogo

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.