Millones de venezolanos saldrán a votar el domingo 15 para elegir a los gobernadores de los 23 estados del país, en unos comicios donde se prevé una alta abstención. Hay muchos pronósticos, pero en realidad son 23 elecciones con características y situaciones diferentes, aunque en la mayoría de los estados sólo se presenten dos opciones: oficialismo u oposición.
Quizá para cortarle el paso a los «adecos», que amenazan con llevarse la mayor parte de los votos de la oposición en las elecciones regionales, los sectores radicales y elitistas antibolivarianos salieron a guarimbear nuevamente el lunes 25 de setiembre y dijeron que no van a participar del diálogo con el gobierno en Dominicana. El diálogo se ha convertido, realmente, en un problema interno de la oposición.
En el trasfondo de la agenda del diálogo opera el tema del «conflicto de poderes» y las aspiraciones de sectores radicales de la oposición de colocar en la calle la tesis de un gobierno y un Estado paralelo, tal como se pretendía en la bufa consulta del 16 de julio.
Dicen que habrá diálogo sólo si arrasan las gobernaciones. Traducido significa que si pierden, si el oficialismo se alza con la mayoría de las gobernaciones y la Asamblea Nacional Constituyente sigue su curso, volverán el terrorismo y la desestabilización de manera indefinida, en busca de la tierra arrasada.
Los socialdemócratas de Acción Democrática (AD) derrotaron en las internas a todos los demás sectores, a los que tratan como «petimetres», pero necesitan de sus votos y también de financiamiento, ya que ellos son quienes manejan los recursos que desde años proveen gobiernos, fundaciones y ONGs del exterior, y no solo de Estados Unidos.
La oposición espera que las elecciones regionales y municipales permitan conquistar espacios para una estrategia incremental de recuperación de fuerzas, recursos de poder y unidad de mando en una coalición cruzada de intereses conflictivos entre el sector pragmático-electoralista, sectores radicales con aspiraciones putchistas-insurreccionales (resistencia civil) y sectores bisagras que intentan la combinación de todas las formas de lucha, señala el portal 15yúltimo.
La Mesa de Unidad Democrática (MUD) insiste en una estrategia internacional de aislamiento y estrangulamiento diplomático y económico-financiero, mientras el gobierno intenta romper el cerco con Rusia, China, Irán y aquellos países no alineados que bloquean una salida de fuerza de los EE.UU sobre Venezuela.
La MUD exige restablecimiento del cronograma electoral, incluyendo comicios regionales, municipales y presidenciales; la liberación de presos políticos, el levantamiento de inhabilitaciones a dirigentes opositores, el respeto a la independencia de poderes del Estado, el reconocimiento de la Asamblea Nacional y atención inmediata a la emergencia económica y social.
El gobierno desea una oposición que lo reconozca, al igual que una oposición que le atribuya legitimidad y legalidad a las decisiones de la recién electa Asamblea Nacional Constituyente. La oposición rechaza convalidar la ANC hasta tanto no consiga garantías de que no se convertirá en una nueva espada de Damocles en el año 2018. Para el Gobierno, reconocer a la Asamblea Nacional pasa por restituir su legalidad desde la «actual situación de desacato», reconocer las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y aceptar las decisiones de la ANC.
Pareciera que la pregunta crucial es si pueden convivir la Constituyente y la Asamblea Nacional, máxime cuando la primera fue creada como un órgano de poder que según sus propios Decretos Constituyentes, controla a todos los Poderes, incluyendo al legislativo. Así, más que reconocimiento de legitimidades, lo que puede negociarse una cohabitación.
Previsiones electorales
Dirigentes opositores suelen decir que ganarán todos sus candidatos, y sus asesores señalan que «el Gobierno no está en la capacidad de ganar ninguna elección regional ni presidencial». Sin embargo, la subestimación de la capacidad de movilización electoral del gobierno ha sido una constante de la oposición, con la salvedad de los hechos ocurridos en el año 2015, cuando con 7.626.616 votos ganaron la mayoría de la Asamblea Nacional.
Pasan los meses, pasan los años, y la dirigencia opositora no ha logrado cumplir una sola de sus promesas, mientras fue cómplice de la violencia terrorista que azotó al país durante cuatro meses. Y peor aún, aplaudió las sanciones y amenazas de invasión desde Washington, que revela posiciones antinacionales, lo que al fin y al cabo, se paga en la urnas.
Y siempre está la posibilidad, como ha sucedido tantas veces a lo largo de estos 18 años que al no lograr sus objetivos, la oposición otra vez denuncie fraude. Es parte del folclore.
Los sectores más radicalizados, como el grupo Resistencia, seguramente se abstendrán, lo que no beneficiará, obviamente, a los candidatos de la oposición. Algunas semanas atrás la periodista y militante opositora Marianella Salazar señaló que «la elevada abstención en las primarias (de la oposición) revela una acción política de repudio contra la MUD» y señaló que ésta «perdió su capital político y dio oxígeno a la llamada Resistencia, que ha venido ganando espacio».
Muchos de los resultados dependerán de la gestión de cada gobernador que aspire a la reelección y esto también cuenta para los oficialistas. Pero, a diferencia de la desunión de la dirigencia opositora, el oficialista partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) y sus aliados muestran unidad, probada capacidad organizativa y de maquinaria electoral, y apoyo mediático oficial.
Pero el problema mayor sigue tan campante por ciudades, pueblos y zonas rurales de Venezuela: el desabastecimiento y la inflación, a lo que se ha sumado en las últimas semanas un alza exagerada de los precios.
Pateando la mesa de diálogo
Más allá de la postergación, el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición deberá lograr acuerdos en los próximos nueves meses, ya que en julio deberán conocerse los candidatos presidenciales de cara a las elecciones pautadas -por ahora, Chávez dixit- para finales del año próximo.
Lo cierto es que no hubo mucha información sobre el diálogo: unos no informan para no «quemarlo», habida cuenta de los fracasos sucesivos desde 2014, mientras otros se sienten «culpables» de sentarse a conversar con aquellos a quienes habían amenazado con «sacarlos» por las buenas, las malas o las peores formas.
En rondas de negociaciones que comenzaron en República Dominicana se tratan dos escenarios, el de corto plazo y el de mediano-largo plazo. En el primer escenario está la convivencia en los meses que restan del período presidencial de Maduro, con la necesaria aprobación por parte de la Asamblea nacional de nuevos empréstitos y endeudamientos y un acuerdo sobre el cronograma de elecciones pendiente y o postergado.
El objetivo central de la oposición de producirse la nueva ronda de las negociaciones pareciera ser que el gobierno se comprometa a entregar, si pierde en las elecciones del año entrante, mientras que la prioridad del oficialismo sería la de alcanzar un acuerdo de coexistencia -de ser pacífica mucho mejor, claro- para el próximo período presidencial, 2019-2024.
Pese a lo que digan sus dirigentes ante los micrófonos (lo que resulta comprensible solo de haber una fuerte presión de funcionarios estadounidenses), los partidos de la oposición que parecen favorables a un acuerdo sobre estos puntos son Acción Democrática, Al parecer, son favorables en líneas generales a un acuerdo de esta naturaleza los partidos socialdemócratas Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT), así como y Avanzada Progresista (del gobernador del estado Lara Henry Falcón).
Mientras tanto, representantes de las organizaciones políticas -del oficialismo y de la oposición- y técnicos del Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizaron sin objeción alguna la auditoría de datos en máquinas de votación, parte del cronograma electoral, dentro del conjunto de garantías para la transparencia y confiabilidad del sistema electoral, con vistas a las elecciones regionales del 15 de octubre.
Actitudes temerarias
Pero hay dirigentes de otros partidos de la variopinta Mesa de Unidad Democrática (MUD) que no se han expedido, quizá anclados en la esperanza de las medidas de bloqueo financiero y guerra económica impulsadas por Washington pudieran derrocar al gobierno, y por ello este plan no tiene aún el aval de Primero Justicia (del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski y del presidente de la AN Julio Borges) ni de Vanguardia Popular, que encabeza Leopoldo López, en prisión domiciliaria.
El analista y dirigente político Leopoldo Puchi señala que estos grupos -que han participado en las conversaciones pero no lo han expresado públicamente- quizá piensan que las presidenciales de 2018 se realizarán aunque no haya acuerdo previo de coexistencia, en «una actitud temeraria de desconocimiento de las realidades políticas, que puede resultar muy costosa para el país».
De las organizaciones de la oposición, las que se han expresado de manera más tajante contra las negociaciones han sido Vente Venezuela (de María Corina Machado), la Conferencia Episcopal y la autollamada Resistencia.
Mientras el gobierno busca afanosamente la estabilidad política para la recuperación económica, los sectores de la oposición, entre ellos la jerarquía de la Iglesia Católica, tienen una agenda para la desestabilización a corto plazo del gobierno de Maduro.
El cardenal Urosa Savino llamó a postergar el diálogo hasta después de los resultados de las elecciones regionales en octubre. «Las elecciones de gobernadores son importantes para establecer el inicio del cambio de gobierno en el país. Ahora no se debe debatir si hay diálogo o no» (…) «no hay garantías ni condiciones para el diálogo».
Analistas como Luis Vicente León (Datanálisis, guionista de la MUD) han señalado que con el diálogo «La oposición puede conseguir cosas, pero no la salida de Maduro». Gokai Moreno, en Supuesto Negado, afirma que el tema de diálogo y elecciones podría ser parte de una agenda para reconstruir la política democrática del chavismo, pues también requerirá de diálogo hacia sus propias bases para prepararlas para el complejo escenario económico electoral del año 2018.
De acuerdo con el politólogo Leopoldo Puchi, estas organizaciones trabajan de manera fluida con el español José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español y con los dirigentes dominicanos, encabezados pro el expresidente Leonel Fernández, facilitadores de la negociación.
Lo interesante es que parece ser avalada por el gobierno de Donald Trump, que señalósu apoyo a la intermediación de Danilo Medina y Rodríguez Zapatero. Según un comunicado del Departamento de Estado: «Estados Unidos reitera su llamado a la restauración completa de la democracia en Venezuela. Apoyamos negociaciones serias que de buena fe logren este objetivo».
Siguiendo el ejemplo que Washington dio, cancilleres de doce países latinoamericanos que apoyan el derrocamiento de Maduro, saludaron los acercamientos, pero señalaron que deben desarrollarse con acompañamiento internacional, «buena fe», «objetivos» y «plazos claros».
En un comunicado difundido en Bogotá, los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú reconocieron «la iniciativa de República Dominicana de reunir al gobierno y a la oposición venezolanos, así como la decisión de ambas partes de invitar a algunos países como acompañantes de este proceso».
En el ámbito internacional se pueden identificar dos tipos de movimientos: uno que insiste en el aislamiento político-diplomático de Venezuela desde el bloque de derecha en la OEA, EE.UU y sus aliados europeos en Bruselas, y otro a impulsar un diálogo con verificación de garantías, acuerdos y resultados, desde la ONU, el Vaticano (no la jerarquía de la Iglesia venezolana) y algunos países del continente.
La oposición pone sus fichas en la elección de gobernadores, y concurre (por ahora) a ellas a sabiendas que no le será fácil superar la apatía abstencionista de sus seguidores. Si no gana, tiene tres opciones: declarar fraude, volver al terrorismo callejero o, por fin, sentarse a discutir políticamente los problemas del país, como parte del problema, pero también de la solución.
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