Los conflictos que involucran a indígenas se multiplicaron en Brasil en los últimos meses, generando más tensiones y demostrando que los derechos de la población aborigen están lejos de superar viejas disputas e indefiniciones. Centenares de indígenas tupinambá y pataxó invadieron la semana pasada ocho predios en Itajú de Colonia, en el sur del nororiental […]
Los conflictos que involucran a indígenas se multiplicaron en Brasil en los últimos meses, generando más tensiones y demostrando que los derechos de la población aborigen están lejos de superar viejas disputas e indefiniciones.
Centenares de indígenas tupinambá y pataxó invadieron la semana pasada ocho predios en Itajú de Colonia, en el sur del nororiental estado brasileño de Bahía, buscando recuperar tierras que consideran suyas y cuya propiedad fue atribuida a hacendados por una decisión judicial.
Los indígenas amenazaron destruir líneas de transmisión eléctrica y denunciaron haber sido víctimas de atentados.
Un poco más al sur, en el estado de Espíritu Santo, una docena de indígenas resultaron heridos en la operación policial que hace dos semanas destruyó dos aldeas en tierras disputadas judicialmente con la gigante de la celulosa Aracruz.
Casos similares se repiten desde los estados amazónicos, en el norte de Brasil, hasta al meridional estado de Santa Catarina, donde ocho indígenas kaingang fueron encarcelados en diciembre, acusados de invasión y agresión en una hacienda.
A los conflictos por tierras se suman denuncias de mala asistencia médica de parte de la gubernamental Fundación Nacional de Salud. Diez niños murieron este año en el céntrico estado de Tocantins, según el católico Consejo Indigenista Misionero (CIMI), y la malaria volvió a diseminarse entre los yanomami, en el norte amazónico.
Mientras, 39 indígenas fueron asesinados el año pasado en Brasil, informó a IPS el vicepresidente del CIMI, Saulo Feitosa.
Fueron muertes provocadas por la policía, pistoleros de hacendados o por peleas entre los mismos indígenas, a causa del «confinamiento en tierras escasas», señaló.
Además, el CIMI registró 136 muertes por falta de asistencia médica, 44 por desnutrición infantil y 29 suicidios en 2005. En los últimos 10 años se produjeron 241 asesinatos.
La proliferación de conflictos por todo el país se debe a la ôfalta de agilidad» del gobierno en demarcar los territorios indígenas y asegurar su protección, y hay casos como el de la reserva Raposa Serra del Sol, en el norteño estado de Roraima, en que todo el proceso de demarcación concluyó, pero aún no se han retirado los ocupantes ilegales, lo que provoca disputas judiciales y agresiones físicas, explicó Feitosa.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva demarca los territorios pendientes en un «ritmo muy lento», de seis áreas por año, criticó.
A esa velocidad serían necesarios 45 años para la demarcación de todas las tierras, que el presidente había prometido para este año, dicen indigenistas.
Como reflejo del deterioro entre las relaciones entre los aborígenes y el gobierno, cinco antropólogos abandonaron el martes al Consejo Indigenista de la Fundación Nacional del Indígena (FUNAI, órgano estatal encargado de políticas para esa minoría étnica). El Consejo de 14 expertos asesora la presidencia de la institución.
En la carta de renuncia, fechada el 30 de enero, los antropólogos criticaron los «conceptos arcaicos» que orientan acciones de la FUNAI, como calificar los indígenas de «aculturados» o «en vías de integración», considerándolos impertinentes con reclamos que, sin embargo, son «absolutamente legítimos»..
Los indígenas brasileños se organizaron en las tres últimas décadas y constituyeron una fuerza política, desarrollando «estrategias específicas de lucha contra fuerzas fantásticas» como los hacendados, muchos de los cuales son parlamentarios, y las grandes empresas, dijo a IPS Rubem de Almeida, uno de los cinco antropólogos.
Con el debilitamiento del Estado se hizo más difícil solucionar las cuestiones agrarias, y eso se nota en el avance de la deforestación amazónica y en la expansión del movimiento de campesinos sin tierras, añadió.
Ese debilitamiento fue más intenso en la FUNAI, que antes tenía poder policial, sus propios servicios de salud y respaldo militar.
Pero si en el frente agrario se acumulan problemas, en la «gestión territorial» donde hay tierras definidas con comunidades instaladas, se comprobó que un esfuerzo en «etnodesarrollo», incluyendo educación, agricultura y salud para los indígenas, puede obtener buenos resultados, destacó.
El antropólogo se basa en su experiencia con los guaraní en Dourados, en el occidental estado de Mato Grosso do Sul, donde el año pasado murieron niños y niñas indígenas de desnutrición.
Un Comité Gestor involucrando ocho ministerios logró mejorar la situación y extender beneficios a áreas vecinas.
Los programas gubernamentales con los guaraní, en los que Almeida actúa como consultor, demostraron que «es posible transformar la realidad indígena con pocos recursos», concluyó.
Pero Almeida subrayó que la población indígena no puede esperar que los blancos tomen conciencia de sus derechos. Las soluciones sólo vendrán a partir de su propia iniciativa para cambiar su relación con el resto de la sociedad, sostuvo.
La renuncia de los cinco antropólogos se produjo en el marco de numerosas protestas de organizaciones indígenas e indigenistas contra declaraciones del presidente de FUNAI, Mercio Pereira Gomes, quien sostuvo que la justicia debía poner límites a las pretensiones territoriales de los indígenas, que según él ya disponían de demasiadas tierras.
Las tensiones y conflictos desembocarán en la gran movilización indígena anunciada para abril, cuando la FUNAI realice la Conferencia Nacional de los Pueblos Indígenas. (FIN/2006)