Nuestro país fue víctima del paro-sabotaje petrolero de 2002-2003, cuando la manipulación a distancia y control de las transnacionales del software en connivencia con SAIC e INTESA, empresas fachadas de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA), a quienes la «meritocracia» entregó el control de los sistemas informáticos de Pdvsa. Esa situación de 63 […]
Nuestro país fue víctima del paro-sabotaje petrolero de 2002-2003, cuando la manipulación a distancia y control de las transnacionales del software en connivencia con SAIC e INTESA, empresas fachadas de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA), a quienes la «meritocracia» entregó el control de los sistemas informáticos de Pdvsa.
Esa situación de 63 días precipitó que el presidente Hugo Chávez dictara el decreto 3390, para entonces inédito y vanguardista instrumento legal, en el que se reconoce al Software Libre como parte de una política para obligar a su uso en la Administración Pública (AP), no obstante, la palabra «prioritaria» incluida en el mencionado decreto fue su talón de Aquiles, que permitió a la AP no aplicarlo como se requería.
La primera tentativa de ley fue asumida por el entonces diputado Luis Tascón, y fue acompañada por los colectivos y activistas del Software Libre en Venezuela, pero dicha ley languideció y pereció en su propia contradicción, razón para su rechazo.
En 2013, se levantaba la sanción al viejo proyecto, y, con el nuevo proyecto de Ley de Infogobierno, la Comisión Permanente de la Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional retoma la discusión de forma participativa, con sus instancias, entre ellas, la Dirección de Investigación Jurídica. También fue propicia la ocasión para que a algunos diputados de oposición se les explicara que las tecnologías libres representan un modelo de gestión y desarrollo del conocimiento que dan la oportunidad para que Venezuela asegure su independencia tecnológica y tenga el control de su informática.
Vale acotar que los parlamentarios y parlamentarias, en medio de una amplia consulta pública y de la sinergia de instituciones públicas como el MCTI, CNTI, Cenditel, Inces, Suscerte, entre otras, permitieron la participación de comunidades, colectivos, activistas, usuarios y usuarias del software libre de Venezuela, quienes pudieron formular sus aportes, muchos de los cuales se han reflejado en la Ley de Infogobierno, recogiendo en parte de su articulado el espíritu colaborativo de las comunidades de software libre.
Justo cuando conmemoramos el triunfo del referéndum ratificatorio del Comandante Hugo Chávez y del juramento del Padre de la Patria en el Monte Sacro, Venezuela a través de sus instituciones, Poder Popular organizado y órgano legislador, se ha dado un paso pequeño y firme que crea las condiciones para dar cumplimiento al legado de nuestros dos libertadores, Simón Bolívar y Hugo Chávez, una Venezuela Patria Libre, Soberana e Independiente.