Para el gobierno la salud no se entiende como una práctica comunitaria que aborde el tema preventivo de cuidado, sino como un mecanismo de control por parte del Estado.
Hoy en día el mundo actual lidera una lucha titánica contra el COVID-19, y para esto es necesario usar todas las herramientas que estén al alcance de los gobiernos, entre estas la información generada a través del Big Data. El mundo después de esta pandemia ya no será el mismo de antes, es cierto, pero no podemos permitirnos salir de esta crisis cediendo nuestra privacidad, dando nuestros datos a cualquier ministerio o empresa so pretexto del combate al coronavirus. La salud y la privacidad no son conceptos opuestos, deben ir de la mano, sin terminar legitimando un régimen de vigilancia.
Aunque Ecuador no posee una regulación clara para el manejo de datos y de privacidad si tiene un artículo en la Constitución de la República que establece: (…) En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica (Artículo 66). Esto implica que el historial clínico de las personas atendidas es protegido por una cláusula de confidencialidad legal, por lo cual no puede ser revelada sin previa autorización del paciente.
Una cosa es delimitar zonas de contagio de una forma responsable y respetuosa de la intimidad, generando una cartografía de la zona de contagio y otra muy distinta es usar esa información geolocalizada para en un futuro no muy lejano, saber quién fue o no a una manifestación convocada por movimientos sociales o ciudadanos.
Varios países han decidido limitar la movilidad en aras de preservar la salud de sus ciudadanos/as. En el Ecuador el presidente Lenin Moreno declaró un estado de excepción para proteger a la población de la amenaza del coronavirus, la población aceptó de forma tácita la vida por sobre la libertad, o en este caso, la libre circulación.
El decreto de estado de excepción vino acompañado de varios pronunciamientos de corte punitivo por parte de la ministra de gobierno, María Paula Romo, en estas declaraciones asegura que ya existen detenidos por infringir el toque de queda y que no se vacilará con enviar a la cárcel a todo el que desobedezca.
La salud de la economía antes que el de la población
Pero las decisiones del régimen pasan más allá de evitar un posible contagio. Su objetivo ha sido que el sistema de sanidad no colapse; pero Guayaquil ha demostrado que su premisa ha fallado.
La actual forma de hacer política económica en el Ecuador, quedó sentada cuando en mitad de esta crisis se decidió pagar a los acreedores del mercado internacional $324 millones por el capital de deuda correspondiente a los bonos 2020 emitidos por el gobierno anterior. Y que por presión de los tenedores –que muy probablemente sean ecuatorianos– se ha priorizado el pago y no la lucha contra el covid-19.
En este escenario, Lenin Moreno ha dicho que “¡Mantenemos activa la economía! ¡Ecuador no se detiene!”. Esto obedece al lobby de los empresarios para proteger sus grandes capitales y que ven en la iniciativa #QuedateEnCasa una puerta abierta a sus pérdidas económicas. Pese a los muertos, pese a que miles de pobres no tengan acceso a un sistema de salud de calidad, a un empleo digno, tomando en cuenta que la tasa de desempleo a nivel nacional, en marzo fue de 4,6%, a nivel urbano del 5,8%, y a nivel rural en 2,2%; según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).*
Aislar y proteger
Para el gobierno la salud no es entendida como una práctica comunitaria que aborde el tema preventivo de cuidado y promoción, sino como un mecanismo de control por parte del Estado.
El estado de excepción también ha implicado que una sola voz sea la dueña de la “verdad», lo que llaman “fuentes oficiales”, y con esto, una saturación de información, espejos resonantes sin un hilo cuestionador: replican sin chistar lo emitido y, por otra parte, una tonelada de fake news, de quienes pretenden hacer de esta calamidad un botín político.
La criminalización de la pobreza se repite, los operativos en los toques de queda, la represión, el gas lacrimógeno, los cortes de cabello, los golpes en las piernas; cuerpos castigados con el único objetivo de hacer cumplir el confinamiento. Pero en los lugares residenciales la alta alcurnia se incumple a sus anchas las prohibiciones del gobierno, fiestas de matrimonio, juegos de golf, supermercados abiertos y escoltados, hasta personal de la salud en sus domicilios tomando pruebas para detección del COVID-19, todo al servicio de la clase alta. Es la prueba más clara de que unas vidas importan más que otras
La militarización de la epidemia
Luego de este recorrido del contexto ecuatoriano, el que permite dimensionar el problema social, y regresando al punto de partida, pues el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han sido para el Ecuador una herramienta de geolocalización y monitoreo de barrios pobres y marginales. Ejemplo de lo anterior es la manera como el gobierno, a través de los mapas de calor que emiten los celulares, monitorean el movimiento de los ciudadanos, esto lo dijo el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena.
En la práctica, se ha detectado con estos mapas de calor centros de aglomeración de gente, y en articulación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) y el MINTEL, notificado, a través de un SMS, a todas las personas que estén en el radio de un 1km de ese sector. Esto es posible gracias a un ejercicio de triangulación a través de las torres de telefonía más cercanas a ese radio, y de esa manera cubren el perímetro con el mensaje enviado.
En este marco, el día 26 de marzo el ministro Michelena se refirió al Call Center 171 y aseguró que más de un millón de ecuatorianos han llamado a la línea. Además, afirmó que se ha activado la APP, SaludEC, que asegura geolocaliza a sus usuarios.
¿Qué pasa con ese registro de ciudadanos que llaman al Call Center o se descargan el aplicativo? ¿Dónde se almacena? ¿Cómo será segmentado? ¿Cuál es el tratamiento de esos datos? ¿Son seudonimizados1? ¿Quién audita toda esta información recopilada y su uso para fines estrictamente de salud? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad (SGSI) en caso de fuga? Recordemos que Ecuador ya tiene antecedentes al respecto.
Es imprescindible que el Comité de Operaciones de Emergencia – COE, comunique de manera clara sobre el alcance de las medidas anunciadas: el tiempo que estará vigente, el tipo de tratamiento, y sobre las condiciones de acceso, para evitar que, so pretexto de combatir el coronavirus, las fuerzas del orden puedan usar estas herramientas para vigilar a la disidencia política.
En este caso, es vital exigir transparencia en la gestión gubernamental, que se cumpla el artículo 81 de la Constitución, que garantiza el derecho al acceso a la información de las entidades de gobierno, conocer exactamente los contratos en materia de salud pública, que incluye: la compra de mascarillas, hasta el desarrollo de software. Transparencia para el régimen, privacidad para los ciudadanos.
Los medios, de igual manera, convierten a los enfermos y a los trabajadores informales en delincuentes. El linchamiento mediático y el escarnio público se vuelve incontrolable sin leyes que protejan la privacidad.
Hoy el planeta asiste a uno de los experimentos sociales más impresionantes de la historia: millones de personas en el mundo encerradas en sus casas durante un largo periodo. Como dice Naome Klein, el shock es realmente el propio virus.
1 Los datos de la ciudadanía con su información personal y clínica debería estar en una capa y en una capa superior cubriendola debería estar seudonimizada a través de números. Persona 1, 2, 3, etc. De esta manera, sería posible elaborar cartografía del contagio sin que se conozca la identidad de la ciudadanía.
(*) Dato elaborado por Cecilia, El Trampolín Radio.