Informes alternativos presentados este miércoles en la II Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos, proponen considerar la vida sana como un derecho humano fundamental, cuyo goce depende de factores económicos, políticos y sociales.
Los informes del Observatorio de la Salud Global y del Observatorio Latinoamericano de Salud cuestionan el modelo económico neoliberal como causante de gran parte de los problemas sanitarios que soporta actualmente la humanidad.
Por ejemplo, la utilización indiscriminada de productos tóxicos en la agricultura, la explotación petrolera como factor de contaminación, la utilización de transgénicos en la alimentación, la destrucción del ambiente urbano por la polución y la comercialización de los servicios de salud.
Los observatorios están conformados por especialistas en salud pública, organizaciones no gubernamentales, activistas, grupos comunitarios, trabajadoras y trabajadores de la salud y representantes del mundo académico.
Para la experta mexicana Laura Juárez Sánchez, quien participó en la elaboración de los informes, al producir más desempleo, pobreza y emigración del campo a la ciudad, el modelo económico capitalista es la principal causa del regreso de enfermedades que habían sido erradicadas y de las muertes por dolencias fácilmente curables.
Juárez Sánchez puso como ejemplo la reaparición del cólera y la muerte de personas por males como la sarna, la fiebre tifoidea, la diarrea, la amigdalitis y las neumonías y bronconeumonías, entre otros.
El avance de este tipo de enfermedades es «producto de la desnutrición de la población y del difícil acceso y deterioro de servicios sociales básicos, como salud, educación y vivienda», argumentó Juárez Sánchez, investigadora de la Universidad Obrera de México.
«Las familias rurales y urbanas se ven obligadas a vivir hacinadas, a padecer falta de agua y saneamiento, a compartir baños comunitarios, y a vivir bajo techos de láminas (metálicas) o cartón», afirmó.
Alex Zapata, quien aportó al informe un capítulo sobre la mercantilización del agua, aseguró que la globalización capitalista ha llevado a instrumentar una política denominada de «ajuste hídrico», que propone privatizar la prestación de servicios de saneamiento y agua potable y la administración de los recursos.
Esto implica que el agua se esté transformando en una mercancía a la que podrán acceder aquellos con recursos económicos, lo cual provocará un impacto negativo en la salud pública de gran parte de las poblaciones, para la cual permanecerá inaccesible.
Los informes fueron presentados en la II Asamblea que se realiza en la ciudad de Cuenca, en el sur de Ecuador, desde el domingo hasta este sábado..
La bióloga Elizabeth Bravo, de Ecuador, que aportó información sobre los efectos de los alimentos transgénicos, aseguró que la introducción de semillas genéticamente modificadas permite a determinadas empresas ejercer un control sobre la alimentación mundial «como ya está ocurriendo en el caso de la soja».
«El mercado mundial de soja transgénica es monopolio de una sola empresa, la estadounidense Monsanto, que vende semillas resistentes a su herbicida Roundup.
«Las semillas (Roundup Ready) no son más productivas, lo único que hacen es convertir a los agricultores en dependientes de un modelo de control de malezas que usa de manera intensiva un herbicida», explicó Bravo.
Según la bióloga, la expansión de productos agrícolas transgénicos, además de crear dependencia, promueve el monocultivo con la concerniente desaparición de plantíos fundamentales para el consumo, y la pérdida de diversidad y de soberanía alimentaria.
Bravo también sostuvo que los efectos de la aplicación de transgénicos son muy negativos para la población rural pobre, lo que también repercute en la salud pública.
«La expansión de la soja en Argentina ha desplazado otros cultivos como el arroz, el maíz el girasol, y el trigo, y ha trasladado otras actividades agrícolas hacia áreas marginales. Desde 1988 ha habido una disminución de las unidades productivas en un 24,5 por ciento. Han desaparecido 103.400 granjas. Miles y miles de familias migran del campo a la periferia urbana cada año», afirmó la bióloga.
Bravo admitió que se debía profundizar en los efectos sanitarios del consumo humano de productos transgénicos, pero investigaciones han demostrado repercusiones negativas en animales cercanos a plantaciones de este tipo, aseguró.
Los informes alternativos señalan también la violencia en distintas regiones como una amenaza a la salud de las poblaciones. En América Latina, el ejemplo fue el conflicto interno colombiano de más de cuatro décadas, y en el plano internacional la guerra iniciada por Estados Unidos contra Iraq en marzo de 2003.
Médicos participantes en la Asamblea afirmaron que además de las víctimas civiles por la violencia desatada a partir de la invasión de Iraq, en los últimos dos años han muerto muchos profesionales de la salud.
«Solo en 2004, perdieron la vida 71 profesores de medicina en actos violentos perpetrados por los soldados de Estados Unidos en territorio iraquí», afirmó el iraquí Salam Ismael, secretario general de la organización Doctores para Iraq.
Otros miles de médicas y médicos han abandonado el país, a causa de los atropellos y la inseguridad reinante en los hospitales de Bagdad y otras zonas, agregó.
Salam Ismael instó a los más de 1.500 delegados de más de 70 países presentes en la Asamblea a reclamar el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para detener el genocidio y la violencia en su país.
Ismael propuso crear una comisión internacional para investigar los crímenes y dar a conocer al mundo la realidad y el sufrimiento de su pueblo.
Los hospitales son allanados y los heridos sospechosos son arrestados sin el mínimo respeto de sus derechos humanos y de la Convención de Ginebra, argumentó el médico iraquí.
Lo que sucede en Iraq constituye «un crimen de guerra de primer orden», declaró el médico Bert De Belder, del movimiento belga Acción Internacional para la Liberación.
El profesor Quasem Choudhuy, de Bangladesh, elogió los informes alternativos y resaltó el hecho de que la cooperación entre movimientos de todos los continentes «que buscan un mundo saludable, haya permitido una coordinación internacional y la realización anual de esta Asamblea».
La médica argentina Mirta Roses, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sostuvo que el derecho a vivir sanamente debe estar ligado al reconocimiento de la diversidad cultural, étnica y lingüística de los pueblos
«Este reconocimiento, además de contemplar el acceso universal a la atención de salud y la participación social de los pueblos, debe tomar en cuenta la medicina tradicional, a los terapeutas tradicionales y la propiedad intelectual colectiva», afirmó.
Los antecedentes de esta Asamblea datan de 1978, en el marco de la Asamblea Anual de la OMS, cuando 134 gobiernos impulsados por el cabildeo de organizaciones sociales, suscribieron la Declaración de Alma Ata (Kazajstán) y se comprometieron a cumplir la agenda de «Salud para todos y todas» antes de 2000.
Pese al entusiasmo inicial, los gobiernos fueron dejando de lado sus compromisos, lo que determinó que las organizaciones sociales y no gubernamentales, las minorías, los pueblos indígenas y otros sectores involucrados en las cuestiones de la salud, decidieran reimpulsar el propósito de salud para todas y todos.
La I Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos, celebrada en diciembre de 2000 en Savar, Bangladesh, reunió a más de 1.500 representantes de 75 países, en torno al lema «Oír a los que nadie oye».
«Uno de los logros» de ese encuentro fue «la aprobación de la Declaración para la Salud de los Pueblos, con una visión de un mundo mejor y más saludable, un punto de encuentro para un movimiento global de salud», afirmó el médico Jaime Breilh, integrante del Centro de Estudios y Asesoría en Salud, una de las entidades organizadoras de esta Asamblea.