La decisión de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de elegir a Bolivia en la presidencia del «Comité de Reestructuración de la Deuda Soberana» significa para el gobierno del presidente Evo Morales Ayma una oportunidad para ratificar las posturas antiimperialistas, anticoloniales y de solidaridad con los pueblos y países oprimidos […]
La decisión de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de elegir a Bolivia en la presidencia del «Comité de Reestructuración de la Deuda Soberana» significa para el gobierno del presidente Evo Morales Ayma una oportunidad para ratificar las posturas antiimperialistas, anticoloniales y de solidaridad con los pueblos y países oprimidos del mundo que sufren la violencia y la consecuencias del un sistema de administración de la deuda externa que se ha convertido en uno de los mecanismos más oprobiosos de sometimiento y explotación del capitalismo en el mundo moderno.
El sistema imperialista, fundado en la ampliación mundial del manejo de capitales comerciales y financieros como parte de la lógica del lucro y la acumulación capitalista, ha utilizado la presión de la deuda externa sobre los pueblos y los trabajadores para controlar no solamente los recursos económicos o las riquezas naturales estratégicas, sino para implementar un ordenamiento político internacional basado en la dominación de los Estados, en unos casos, y en la amenaza con la violencia de la guerra y la intervención, en otros.
La historia de América Latina y el Caribe está plagada de experiencias al respecto. Desde el tributo colonial pagado por los pueblos indígenas, campesinos y mestizos a los imperios europeos, hasta los compromisos de pagos durante el periodo de la Guerra de la Independencia, las invasiones y bombardeos como en Venezuela a principios del siglo XX o la desestabilización de gobiernos en Perú o Bolivia a fines siglo XX, entre otros muchos casos en el mundo. En 1984, Fidel Castro manifestó que la deuda externa de nuestros países no solamente es injusta, sino que es impagable. Con el argumento del pago de la deuda externa las transnacionales impulsaron el neoliberalismo para despojar a los países de sus recursos mineros, petroleros y sus empresas estratégicas.
En estos años del siglo XXI, con la profunda crisis capitalista europea que tiene su origen en la «burbuja financiera» y el reordenamiento geopolítico mundial, el mecanismo de la deuda externa sirve para que las poderosas corporaciones transnacionales de la banca y las finanzas como la Banca Rothschild, Morgan, Chasse Manhatann, el Grupo Bildelberg y otros descarguen el peso de la responsabilidad sobre los Estados, los trabajadores y las mayorías marginadas, que son cada día más pobres y miserables.
Los límites a los que se ha llegado con la deuda en el presente siglo son tremendos. Ahí están los golpes de estado «blandos» en los países de la periferia dentro de la Unión Europea, los «fondos buitre» que atacan económicamente a la Argentina, las agresiones económicas y financieras a Brasil, Ecuador o Rusia, las presiones de austeridad sobre los gobiernos de Francia, Alemania e Inglaterra contra Grecia, España, Portugal o Irlanda, ni que decir de los condicionamientos a los países coloniales y semicoloniales más débiles en todas las regiones del planeta. Bajo la falacia del término «deuda soberana», utilizado por la ONU, se encuentra la red del poder mundial de la banca y las finanzas, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para mantener su control hegemónico.
La oportunidad de Bolivia, en alianza con América Latina y el Caribe y con los países miembros del G-77 más China -133 países–, está en generar una agenda mundial clara y agresiva contra el carácter especulativo de la deuda externa mediante la impugnación de la legalidad de la deuda de nuestros países y de las tasas de interés, la realización de auditorías e investigaciones sobre sus efectos sociales y humanos, la identificación de los paraísos fiscales que encubren los ilícitos supermillonarios, y la denuncia del sistema financiero manejado por las potencias y las transnacionales.
Esto significa respaldar las iniciativas que se han desarrollado, desde los pueblos y algunos Estados, de impulsar la suspensión de pagos o la anulación de la deuda externa por inhumana, injusta, ilegitima e ilegal, generando una nueva geopolítica económica, fundada en el derecho a la existencia digna y soberana de los pueblos, a la autodeterminación y a la formación de Fondos Financieros propios de cada región. En el caso de América Latina será la constitución de la Unidad Financiera, Comercial y Económica en el marco de la integración de la Patria Grande.