Carlos Marx decía que la historia tiende a repetirse, dos veces o más, primero como tragedia y luego como farsa, si aplicamos esta sentencia a los hechos ocurridos el 15 de noviembre de 1922, podríamos decir que la tragedia ahora se ha convertido en una gran farsa, recordada desde el cinismo y la contemplación de […]
Carlos Marx decía que la historia tiende a repetirse, dos veces o más, primero como tragedia y luego como farsa, si aplicamos esta sentencia a los hechos ocurridos el 15 de noviembre de 1922, podríamos decir que la tragedia ahora se ha convertido en una gran farsa, recordada desde el cinismo y la contemplación de gran parte del movimiento obrero ecuatoriano y quienes legislan en materia laboral. ¿Pero, por qué una farsa? Además de la tergiversación histórica, existe un empeño constante por separar las enseñanzas históricas de esta fecha y la práctica diaria del movimiento obrero contemporáneo. La ética militante y el proyecto revolucionario anti capitalista que predicaban los obreros organizados en la anarcosindicalista Federación de Trabajadores Regional del Ecuador (FTRE), quien convocó a la movilización el día 15 de noviembre de 1922, están peligrosamente ausentes del horizonte actual de la clase obrera ecuatoriana y sus organizaciones.
No solo se ha perdido el norte revolucionario y ético de la militancia sindical, sino que también el medio organizativo, el sindicato, se muestra insuficiente para canalizar la lucha obrera. Basta mirar rápidamente el estado catastrófico de grandes centrales sindicales organizadas sobre liderazgos eternos como el caso de las viejas y no tan viejas Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT), Central Unitaria de Trabajadres (CUT), el escaso recambio generacional, una tasa de sindicalización de aproximadamente el 3% sobre una población trabajadora sobre los 7 millones de habitantes, etc.
Urge por lo tanto un proceso de crítica y autocrítica al interior de las organizaciones de trabajadores, la estructuración de un sindicalismo revolucionario sostenido en la participación activa de los trabajadores y trabajadoras. Los muertos del 15 de noviembre de 1922 no puede pelear la batalla que ahora deben afrontar los trabajadores ecuatorianos, pueden a lo mucho, recordarles quien continúa siendo el adversario.
¿Qué nos enseña para hoy el 15 de noviembre de 1922?
Probablemente el relato contado por el anarquista guayaquileño José Alejo Capelo Cabello en su obra «El 15 de noviembre de 1922. Una jornada sangrienta» nos puede brindar algunas luces sobre los aciertos y errores del «bautizo de sangre» de clase obrera ecuatoriana: a) los trabajadores además de su organización, el sindicato, carecían de organización política; rápidamente los intereses de la banca guayaquileña coparon la Gran Asamblea del Trabajo (el comité de huelga) y desplazaron a los dirigentes anarcosindicalistas, b) los trabajadores no poseían medios de autodefensa para resistir el ataque del Estado, c) el movimiento espontáneo del pueblo no fue suficiente para mantener el «soviet de Guayaquil.» Años más tarde Capelo diría que el anarcosindicalismo de la FTRE fracasó en su intento por ser alternativa dentro del movimiento obrero ecuatoriano, «se acabaron rápidamente los panfletos», hasta desaparecer en los primeros años de la década de 1940.
En la actualidad los trabajadores carecen de organización política, medios de autodefensa y movilización, al igual que hace 94 años, cuando los obreros guayaquileños pedían la baja de horas, la reducción del coste de la vida y el aumento de salario. Pese a que ha transcurrido casi un siglo, la clase trabajadora sigue enfrentándose a la precarización y el recorte de derechos, en un contexto en el que aparentemente la legislación laboral se sitúa junto a los trabajadores.
¿A qué se enfrentan hoy los trabajadores ecuatorianos?
La Asamblea Nacional del Ecuador en diciembre del 2015 aprobó con la autorización de la Corte Constitucional 15 enmiendas, es decir, 15 cambios a artículos constitucionales, entre estos específicamente una referente al sector laboral. Era la primera vez desde el aparecimiento del Código Laboral en 1938, por mandato Constitucional que los obreros del sector público dejaban de serlo y se conviertan en servidores públicos expresamente, perdiendo incluso el derecho al contrato colectivo. A esto se suma que la Constitución del Ecuador prohíbe la paralización de las empresas del sector público.
En el país existen registradas según el Ministerio del Trabajo (dato del 2013), 4.000 organizaciones sindicales de estas el 80%, se encuentra en el sector público y el resto en el sector privado. Al haber aprobado una enmienda donde dice «sólo habrá contratación colectiva para el sector privado», existe un duro golpe a la estructura sindical del país, además que la prohibición de huelga en el sector público desarma cualquier sindicato como mecanismo de lucha de los trabajadores, quedando como una mera declaración simbólica en la Constitución de la Republica porque en la práctica se vuelve básicamente imposible. Todo esto genera mayor debilitamiento de la organización política y gremial de los trabajadores que corre desde los años 80 hasta nuestros días, proceso acompañado por la inconsistencia de las dirigencias sindicales, culpables del estancamiento político y organizativo del sindicalismo ecuatoriano.
A esto se añade la futura reforma a la LOSEP, misma que contempla una causal de destitución en caso de «suspensión del trabajo, salvo el caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento y las condiciones previstas en la Constitución y esta Ley», además que «Las organizaciones de las y los servidores públicos podrán ser disueltas, exclusivamente por sentencia judicial.» Es decir, la toma de decisión de su terminación no se emana de la voluntad de los miembros sino por la imposición del sistema judicial; de manera legal se asegura la eliminación del sector sindical dentro de la estructura del Estado.
Finalmente, estos perniciosos cambios en material laboral se consiguieron de forma pacífica, con una débil o inexistente resistencia de los trabajadores mediante el poder legislativo; según el proyecto de ley se busca aprobar el uso del llamado «dialogo social» (el mismo que sustituye al contrato colectivo) sobre cualquier otra medida de hecho.
Si bien la Revolución Ciudadana ha significado un espacio de contienda diferente al del neoliberalismo «duro», sus naturaleza burguesa modernizante le ha impedido romper con lógicas represivas y anti obreras, pese a contener a veces de manera ambigua y contradictoria consignas populares. Atendemos por lo tanto, a un momento crítico del sindicalismo ecuatoriano y la legislación laboral, en el que la contemplación cínica del 15 de noviembre no ayuda en nada a recomponer al movimiento obrero. Es por lo tanto, tarea urgente constituir un nuevo tipo de sindicalismo revolucionario que reinvente la organización gremial y política de las trabajadores y trabajadores.
Carlos Pazmiño (Quito, 1987). Es comunicador y sociólogo, estudioso del fenómeno anarquista, anarco sindicalista y del movimiento obrero en Ecuador. Carlos Martínez (Quito, 1988). Es abogado y sociólogo, estudioso del fenómeno punitivo del estado y su estructura coercitiva. Ambos se definen como marxistas libertarios e integran el Centro de Estudios «Patricio Ycaza», además colaboraron en la Escuela Nacional Sindical del Ecuador (ENSEc).
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