He visto esta mañana -esta madrugada, más bien- el título que ha puesto El Mundo a su editorial del día. Dice: «No cabe diálogo con una dictadura que silencia a los disidentes». -¡Vaya, por fin un artículo enérgico sobre el régimen chino! -me ha salido decir. Pero no he tardado en comprobar que la cosa […]
He visto esta mañana -esta madrugada, más bien- el título que ha puesto El Mundo a su editorial del día. Dice: «No cabe diálogo con una dictadura que silencia a los disidentes».
-¡Vaya, por fin un artículo enérgico sobre el régimen chino! -me ha salido decir.
Pero no he tardado en comprobar que la cosa no iba con China. Ni con Libia. Ni con Siria. Ni con Argelia. Ni con Marruecos.
Que hablaba de Castro y los suyos.
No sé qué opinará la dirección de El Mundo sobre la llamada «doctrina Estrada». Según esa doctrina, reivindicada por los sucesivos gobiernos españoles, las relaciones diplomáticas no se establecen con los gobiernos que mandan en los países en cada momento, sino con los estados.
He oído apelar a esa «doctrina» una y otra vez para justificar el mantenimiento de relaciones con regímenes perfectamente impresentables. En su nombre, España nunca rompió relaciones con el Chile de Pinochet, ni con la Argentina de los generales, por poner dos ejemplos bien sentidos. Nuestros gobernantes comerciaron con ellos como si tal cosa. Incluso les vendieron armamento. El gobierno de Felipe González llegó a proporcionarles material antidisturbios, y no creo que dudara de para qué servía.
Se puede estar a favor o en contra de la «doctrina Estrada». A mí nunca me ha convencido: me da que la distinción que establece entre los estados y los gobiernos tiene no poco de retórica. Pero reclamo que, si alguien la defiende, la asuma en todos los casos. No es aceptable que sirva para justificar el diálogo con unos dictadores y no con otros. No vale decir amén a los chinos y vade retro a Castro. O todos o ninguno. O hacemos como que no nos enteramos del trato que unos y otros dan a los disidentes o tomamos nota universal de la materia.
Dicho lo cual, y establecidas las distancias de rigor con respecto a quienes tienen o no tienen principios según los casos, quizá no esté de más aclarar que mis simpatías hacia el régimen de Castro son mínimas. Y que me produce un enorme disgusto que muchos que se presentan en España como enérgicos defensores de las libertades democráticas sufran severos ataques de relativismo en cuanto se ponen a hablar de Fidel Castro.
Le encuentran permanente excusa, como si algo pudiera excusar la violación de las libertades individuales y colectivas.
-¡Elige! –me espetó el otro día un amigo-: ¡O Castro o Bush!
¿Y por qué habría yo de elegir? Oponerme a John Kennedy no me obligó nunca a defender a Nikita Jruschov. Ni a mí ni a Castro que, cuando la llamada crisis de los misiles, promovió una manifestación en la que cientos de miles de cubanos desfilaron al grito -asaz discutible, por cierto- de «¡Nikita mariquita, lo que se da no se quita!».
Nada ni nadie podrá obligarme nunca a defender la falta de libertad. Para estas alturas de la vida, ésa es una de las pocas cosas que tengo meridianamente claras.
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