El gobierno de Lula se encuentra en un dilema hamletiano: respetar la Constitución y desairar al mayor partido de su coalición electoral, el PMDB, o agradar a los correligionarios de José Sarney e irrespetar la Constitución. La Constitución brasileña de 1968 está marcada por un innegable sentido social. Pero hace falta que los poderes Ejecutivo […]
El gobierno de Lula se encuentra en un dilema hamletiano: respetar la Constitución y desairar al mayor partido de su coalición electoral, el PMDB, o agradar a los correligionarios de José Sarney e irrespetar la Constitución.
La Constitución brasileña de 1968 está marcada por un innegable sentido social. Pero hace falta que los poderes Ejecutivo y Legislativo lo trasladen del papel a la realidad. Una de las exigencias constitucionales es la revisión periódica -cada 10 años- de los índices de productividad de la tierra, los que serán utilizados para clasificar como productivo o improductivo un inmueble rural y agilizar con transparencia la desapropiación de las tierras a efectos de reforma agraria.
Los índices actuales son los mismos de 1975. Los nuevos deberían ser calculados en base al período de producción entre 1996 y 2007, respaldados por estudios técnicos del IBGC, de la Unicamp y de la Embrapa. Esos índices servirían también de parámetro para analizar la productividad de los asentamientos rurales. Innumerables ruralistas, latifundistas y empresarios del agronegocio no quieren ni oír hablar de la revisión de los índices de productividad. Es el implícito reconocimiento de que en el Brasil predominan grandes propiedades rurales improductivas y de que, por tanto, según la Constitución, deberían ser desapropiadas para beneficiar la reforma agraria.
El miércoles 12 de agosto se reunieron en Brasilia dirigentes del MST y ministros del gobierno. El MST había promovido en días anteriores una serie de manifestaciones, consciente de que el gobierno, como los frijoles, sólo funciona bien en la olla a presión. Además de reivindicar la revisión de los índices de productividad de la tierra, el MST, la Contag (Confederación Nacional de la Trabajadores de la Agricultura) y la Fetraf (Federación de los Trabajadores de la Agricultura Familiar) quieren la reposición de la partida de US$ 200 millones prevista este año en inversión del Incra, cantidad destinada a la obtención de tierras para la reforma agraria.
El representante del Ministerio de Hacienda declaró que la crisis es grave, la recaudación disminuyó entre un 30 y 50% en el primer semestre de este año y que el gobierno tiene dificultades para reponer la inversión del Incra, a pesar de que sea un mandato de la ley de inversiones aprobada por el Congreso.
Los trabajadores rurales sólo quieren que se cumpla la ley. Resulta imposible creer que el Ministerio de Hacienda no tenga recursos. Si fuera verdad, no habría exonerado de impuestos a otros sectores de la sociedad, como a la industria automovilística, cuyo IPI obtuvo una exoneración por cerca de US$ 8 mil millones, y el depósito a la vista de los bancos, que les permitió retener en sus arcas US$ 32 mil millones. El gobierno tiene dinero pero vacila en invertir en la reforma agraria y la pequeña agricultura.
La reforma agraria permitiría modernizar el capitalismo brasileño, e incluso contener los efectos de la crisis financiera mundial en el sector agrícola. En el Brasil la crisis afectó la producción de soja, algodón y maíz y redujo el precio de los beneficios y la tasa de ganancia de los productores rurales. Pero quien pagó la cuenta fueron los trabajadores rurales asalariados. Unos 300 mil quedaron desempleados.
El agronegocio es el modelo de producción que destruye más mano de obra porque adopta la mecanización intensiva. ¿Y qué rumbo tomaron los desempleados? Vinieron a engrosar el cinturón de favelas en torno a las ciudades, a vivir de chapuzas, mientras que sus hijos son tentados y asediados por la criminalidad. ¿Por qué el gobierno no hizo nada por reacomodar a toda esa gente?
El Brasil es hoy día el mayor consumidor mundial de agrotóxicos. Durante la zafra pasada se regaron 713 millones de toneladas de veneno sobre nuestro suelo, nuestra agua y nuestros alimentos. Según aumentan las exportaciones, así aumenta también la producción de alimentos contaminados, responsables de la mayor incidencia de de enfermedades letales, como el cáncer. Es necesario cambiar el modelo agrícola actual, perjudicial para el medio ambiente y para la agricultura familiar.
El plazo dado por el presidente Lula para la revisión de los índices de productividad de la tierra expiró el 2 de setiembre, sin que Planalto tomara una decisión. La decisión sobre la actualización había sido tomada el 18 de agosto, en una reunión de Lula con sus ministros, en la que no participó el ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes. En aquella ocasión se estipuló un plazo de 15 días.
El documento oficial de revisión de los índices necesita ser firmado por Stephanes y por el ministro Guilherme Cassel, de Desarrollo Agrario, para que pueda entrar en vigor en el año 2010. Según la asesoría del Ministerio de Desarrollo Agrario, Cassel firmó la medida un día después de la promesa hecha por Lula, y la encaminó a Stephanes.
El ministro de Agricultura, presionado por la bancada de su partido, el PMDB, ya se manifestó públicamente contrario a la propuesta y no firmó el documento.
Ahora le toca al presidente decidirse entre la Constitución, qué él firmó como constituyente y que tiene la obligación de respetar, y el sector del PMDB que todavía mira al Brasil como un inmenso latifundio dividido entre la casa-hacienda y los barracones de los esclavos.
Traducción de J.L.Burguet
Frei Betto es escritor, autor de «Calendario del poder», entre otros libros.
Fuente original: http://alainet.org/active/33121