La suspensión del pago de la deuda y su posterior reestructuración son dos medidas de necesidad social y pragmatismo político y económico de primer orden.
Christian Orozco
El 23 de marzo de 2020, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó de forma mayoritaria una resolución que solicitaba emplear todos los recursos estatales para enfrentar la amenaza del coronavirus. No obstante, al día siguiente, el Gobierno decidió que lo más importante es pagar la deuda externa —324 millones de dólares americanos— que la salud y el bienestar del pueblo ecuatoriano.
La propuesta de la Asamblea es de sentido común; incluso defendida por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ante la imperiosa necesidad de las economías periféricas de obtener la liquidez imprescindible para enfrentar los efectos perniciosos de esta pandemia. Suspender el pago de la deuda y la posterior reestructuración de esta son dos medidas de necesidad social y pragmatismo político y económico de primer orden.
La lucha contra la amenaza mundial del coronavirus y la caída del precio del petróleo son dos factores esenciales que le otorgan al Ecuador toda la legitimidad suficiente para declarar una suspensión de los pagos de la deuda, amparándose en el Derecho Internacional —«estado de necesidad»— y avanzando hacia la conformación de un grupo de países latinoamericanos y caribeños cohesionados frente a la decisión del no pago de la deuda externa y la posterior renegociación de esta.