Brasil vive, en estos momentos, un golpe de Estado y, como señala Ivana Jinkings en el prefacio del libro Por que gritamos golpe?, no hay forma de manipular, tergiversar o disfrazar ese hecho: la evidencia es abrumadora. El golpe se hizo efectivo el 12 de mayo de 2016, cuando el Senado federal de Brasil votó […]
Brasil vive, en estos momentos, un golpe de Estado y, como señala Ivana Jinkings en el prefacio del libro Por que gritamos golpe?, no hay forma de manipular, tergiversar o disfrazar ese hecho: la evidencia es abrumadora.
El golpe se hizo efectivo el 12 de mayo de 2016, cuando el Senado federal de Brasil votó a favor de abrir un proceso de impeachment contra la presidenta electa Dilma Rousseff, forzando su destitución y el nombramiento de Michel Temer como nuevo presidente interino hasta que el proceso concluya. El nombramiento del nuevo gobierno ilegítimo, compuesto por 22 hombres blancos -sin mujeres ni afrodescendientes-, mostraba a las claras sus intenciones, sus intereses y a quién representa. Unas intenciones que se fueron concretando en medidas de gobierno en estos 100 días posteriores: recortes en los derechos laborales -incluyendo un aumento de la duración de la jornada laboral- y reforma del sistema de pensiones y jubilación, aumentando la edad mínima; aprobación de una norma que fija el techo del gasto público al nivel actual para los próximos 20 años; modificación a la baja o supresión de programas sociales como Minha Casa, Minha Vida, diversos programas educativos (ProUni, Pronatec…), Sistema Único de Saúde…; privatización o venta del sector público (empresas del sector eléctrico, bancos, servicios sociales…) y de los recursos minerales (especialmente el petróleo del presal), a empresas extranjeras o sus representantes en Brasil; promoción del programa Escola sen partido, que bajo la apariencia de promover la desideologización de la educación en manos de pedagogos ‘freiristas’ y la instauración de una escuela neutral en lo ideológico, lo que se esconde es un golpe de la derecha que pretende evitar que por ley sea posible debatir en las aulas cuestiones de integración racial, de feminismo, de pobreza, de exclusión social…y entrega de la educación al sector más evangélico de la sociedad, lo que supone un retroceso de 100 años en la educación pública brasileña -poniendo fin a un proceso de laicización de la enseñanza iniciado con la Constitución de 1891-; recortes en las ayudas a los medios públicos alternativos y reversión del control público de Internet a favor de las empresas privadas; rebrote del racismo, nunca completamente superados por las elites brasileñas, expresado de forma brutal en la orientación normativa nº 3, de 1 de agosto de 2016, que «prevé normas de evaluación de la veracidad de la declaración prestada por candidatos negros» de su condición de negritud para acceder a los beneficios regulados por la Ley 12990, de 2014, que establecía medidas de discriminación positiva para favorecer la integración racial y el acceso de personas afrobrasileñas a puestos en la administración general, educativa… pública… Todo esto, además, en un contexto marcado por continuos casos de corrupción de los miembros del gobierno que afectan, incluso, a Michel Temer… cuando supuestamente habían llegado al poder para limpiar al país de corruptos y delincuentes como Dilma Rousseff y Lula da Silva, a quienes la justicia no ha podido probar nada en contra… y lo lleva intentando años.
De hecho, aunque el golpe se materializó el 12 de mayo, su gestación viene de antes. Empezó justamente el 26 de octubre de 2014, cuando Dilma Rousseff fue reelegida presidenta con el apoyo de 54,5 millones de votos; apenas pasara un mes, el 5 de diciembre, el Partido da Social Democracia Brasileira saca a la calle un movimiento de oposición a la presidenta: Vem para rúa, que se manifiesta por la avenida Paulista -la del 1% más rico del país-, de São Paulo. Paralelamente, el ministro Levy -un infiltrado del capital transnacional en el gobierno Rousseff-, anuncia una política austericida de corte neoliberal. El 1 de enero toma posesión del cargo la presidenta Dilma Rousseff…, a pesar de ostentar la jefatura del Estado, no controla el legislativo y el ministro encargado de las relaciones con las cortes y posterior vicepresidente será el mismísimo Michel Temer. En un contexto marcado por las tensiones desde el inicio de su segundo mandato: las derechas no saben aceptar muy democráticamente sus derrotas -y menos cuando creen que tenían que haber ganado-, el 15 de marzo salen a la calle cientos de miles de brasileños y brasileñas para protestar contra el gobierno; a partir de ese momento se sucederán las protestas, aunque cada vez cuentan con menos apoyo. La presidenta Dilma Roussef, a pesar de que fue reelegida para promover una política socialdemócrata, se reafirma en avanzar en los recortes austericidas: «el ajuste es necesario. No es algo que podamos decidir: no hay alternativa -las mismas palabras que años antes pronunciara Margaret Thatcher-. Hay que hacerlo«. Paralelamente, amplia la participación en el gobierno de los conservadores del Partido Movimento para a Democracia. En un contexto marcado por el aparente rechazo de la población a su gestión, el 7 de octubre de 2015 el Tribunal de Cuentas de la Unión recomienda al Congreso que rechace las cuentas del gobierno debido a irregularidades contables… y así hacen aparición las ‘pedaladas’ fiscales -un recurso practicado habitualmente por los gobiernos, que sirve para maquillar las cuentas, ya que consiste en atrasar el ingreso de pagos o intereses de la deuda, para presentar unas cuentas más saneadas de lo que realmente están-, que serán el caballo de batalla contra Dilma Rousseff y su gobierno… y, dos semanas después (21 de octubre de 2015 -apenas un año después de su toma de posesión-), la oposición entrega a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara y visceral oponente de Dilma Rousseff, una petición de impeachment contra Dilma Rousseff, que admite a trámite parlamentario el 2 de diciembre de 2015 -apenas unas horas después de que el Partido dos Trabalhadores anunciase su voto favorable a que Cunha siguiese siendo investigado en el Comité de Ética de la Cámara, ¿un acto de venganza?-. Cuatro meses después, el 17 de abril de 2016, la Cámara aprueba la apertura del proceso de impeachment, y el12 de mayo de 2016 el Senado destituye provisionalmente a la presidenta Dilma Rousseff; unos días antes, en medio de una escala de denuncias de corrupción siempre orientadas en la misma dirección por los medios de comunicación que controlan la información en el país, el ex presidente Lula da Silva es conducido coercitivamente por la policía a declarar ante el juez en la operación Lava Jato, una trama de corrupción que a día de hoy salpica a varios ministros del gobierno Temer y a numerosos congresistas brasileños, pero que en ese momento parecía que sólo afectaba al Partido dos Trabalhadores.
La farsa ya está montada: los inocentes han sido condenados y los delincuentes ocupan los ministerios y el Congreso. El mundo al revés.
En el pasado, fue el turno, primero, del presidente hondureño Zelaya (2009) y, después, del presidente paraguayo Lugo (2012). Estamos, no hay lugar a dudas, ante una lucha de clases mundializada cuya reificación en Brasil se materializó por medio del conflicto entre dos clases sociales, con sus respectivas alianzas y estrategias bien diferenciadas. En este sentido, como señala el profesor Armando Boito Jr. en el artículo «Os atores e o enredo da crise política«, de un lado encontramos un frente político heterogéneo que agrupa a la gran burguesía nacional, parte de los sectores de ‘clases media’, la mayor parte de la clase trabajadora, el campesinado y los trabajadores marginalizados, cuyo representante político eran los gobiernos petistas, que en coherencia aplicaron políticas desarrollistas y nacionalistas que beneficiaban a ese sector de la burguesía, combinadas con políticas de bienestar y desarrollo social, así como de integración racial y de equiparación de los derechos de las minorías (LGTB…), que beneficiaron durante los últimos 13 años a la gran mayoría de la población brasileña; en frente, se encuentra un bloque político más homogéneo, liderado por la gran burguesía brasileña con intereses transnacionales y por lo tanto frontalmente enfrentada con los intereses de la burguesía nacional, que cuenta con el apoyo de una gran mayoría de las ‘clases medias acomodadas’ y, paradójicamente, de una parte de las clases populares más desfavorecidas y de los trabajadores más precarizados. Durante años, la hegemonía política y social estaba del lado del primer frente interclasista; no obstante, la crisis internacional, visible en Brasil a partir del año 2011, permitió a la facción transnacional de la burguesía brasileña tomar la iniciativa en la confrontación política y social que culminó con el golpe de Estado en curso, un proceso que analiza con mucho acierto el sociólogo Ruy Braga en su artículo «O fim do lulismo«.
Ahora bien, ¿a que han venido? Las medidas que han tomado en estos 100 días de gobierno son bastante elocuentes a este respecto. En palabras de Michael Löwy, autor del artículo «Da tragédia à farsa: o golpe de 2016 no Brasil«: a la élite capitalista financiera, industrial y agrícola, ya no le basta con concesiones del poder, «quiere todo el poder [… quiere], gobernar directamente, con sus hombres de confianza, y anular las pocas conquistas sociales de los últimos años«. Precisamente, es al ataque a las conquistas que favorecieron los gobiernos petistas desde la llegada al poder de Lula da Silva en 2003 a lo que dedica su reflexión la economista Leda Maria Paulani en un artículo titulado «Uma ponte para o abismo«, en el que se precipitará el país «rehén de intereses específicos y de una riqueza privada tiránica que busca el alcance de objetivos particulares a cualquier costo, incluso si eso significa arrojar a 200 millones de brasileños al peligroso vacío de la anomia social, de la cual el modelo conciliatoria anterior la intentaba sacar«. En otras palabras, vienen para destruir las conquistas que, a pesar de estar reconocidas en la Constitución de 1988, hubo que esperar a la llegada de los gobiernos petistas para que se empezasen a poner en marcha.
Entonces, ¿qué hacer? ¿Existe alternativa al golpe? ¿Se puede revertir la situación? A responder a estas preguntas dedican su reflexión Jandira Feghali, Lira Alli, Pablo Ortellado, Esther Solano y Márcio Moretto, pero ante todo, el profesor André Singer, quien desde su artículo aboga «Por uma frente ampla, democrática e republicana«: una tarea ardua que requerirá una gran amplitud de miras para actuar en una situación socialmente complicada debido a varias razones, entre otras, las siguientes: primero, un importante sector del sindicalismo apoya al gobierno golpista de Temer; segundo, las nuevas masas laborales surgidas en los últimos años, paradójicamente, no están politizadas; tercero, la izquierda está dividida y tiene puntos de vista completamente contradictorios con respecto a los errores del petismo… No obstante, una tarea necesaria si lo que realmente se quiere es acabar con el gobierno golpista y aprovechar para reconducir la política brasileña hacia un horizonte de bienestar y progreso.
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