En Brasil fueron asesinados por lo menos 76 indígenas en 2007, 58 por ciento más que en el año anterior. Ese aumento se concentró en el centro-occidental estado de Mato Grosso do Sul, donde los guaraníes viven confinados en tierras insuficientes para sostener sus tradiciones. El total de asesinatos en 2007, divulgado por el Consejo […]
En Brasil fueron asesinados por lo menos 76 indígenas en 2007, 58 por ciento más que en el año anterior. Ese aumento se concentró en el centro-occidental estado de Mato Grosso do Sul, donde los guaraníes viven confinados en tierras insuficientes para sostener sus tradiciones.
El total de asesinatos en 2007, divulgado por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) en su boletín del jueves, es aún preliminar y obtendrá cifras definitivas en abril, cuando ese órgano de la Iglesia Católica divulgue su informe anual de violencias sufridas por la población nativa de Brasil, incluyendo atentados, amenazas, suicidios e invasiones de reservas.
«Ya supimos de otros cinco asesinatos» no registrados anteriormente, adelantó a IPS el vicepresidente del CIMI, Roberto Liebgott. Todos los datos serán analizados en los próximos meses, pero ya es claro que los problemas más graves están en Mato Grosso do Sul, donde se perpetraron 48 de los 76 crímenes, destacó.
En 2006, en ese estado se habían cometido 20 de los 48 asesinatos registrados.
La causa principal es el «confinamiento» en que vive el grupo kaiowá de los guaraníes, según los indigenistas. En la reserva de Dourados, donde la violencia es más visible, «hay 12.000 indígenas viviendo en poco más de 3.000 hectáreas», ejemplificó Liebgott.
La vida en las reservas de extensión limitada es particularmente grave para los guaraníes, que son por tradición un pueblo caminante, que suele cruzar las fronteras con Paraguay y Argentina, donde también es numeroso. En consecuencia, los conflictos internos y con la sociedad circundante estallan de forma violenta.
La Fundación Nacional del Indígena (Funai), órgano del gobierno encargado de la política hacia la población autóctona, se comprometió a crear 35 nuevos territorios indígenas en Mato Grosso do Sul, pero no cumplió y en consecuencia las tensiones prosiguen, sostuvo Liebgott.
La Funai no se manifestó sobre las cifras y denuncias del CIMI, pese a nuestra insistencia en oír a sus directivos, agregó.
En Mato Grosso do Sul viven más de 60.000 indígenas, casi la mitad del pueblo guaraní-kaiwoá, en el que también son numerosos los suicidios de jóvenes, en general atribuidos a la falta de perspectivas de vida por la escasez de tierras.
Pero en el mismo estado viven también, según datos del CIMI, cerca de 16.000 terenas que no presentan una incidencia anormal de asesinatos y suicidios, pese a sufrir una restricción de tierras similar.
«Somos un pueblo con poca tierra, tenemos una aldea de 400 personas en cuatro hectáreas», dijo a IPS Marcos Terena, presidente del Comité Intertribal y director del Memorial de los Pueblos Indígenas en Brasilia.
Es muy grande la diferencia entre el kaiwoá, un pueblo que «sufre el síndrome de víctima» y que «no es agricultor», y los terenas, que cultivan la tierra en forma comunitaria y se adaptaron mejor a la vida impuesta por los blancos colonizadores, explicó.
Además, los kaiwoás sufrieron mucha influencia de los jesuitas, sacerdotes católicos que se dedicaron a la evangelización desde que los portugueses llegaron a tierras sudamericanas en el siglo XVI, con el mito de la «tierra prometida, que coincide con la muerte», acotó.
Para Egon Heck, coordinador del CIMI en Mato Grosso do Sul, «el cuadro es aterrador por el aumento absurdo de la violencia», agravada por la combinación de varios factores.
En lo económico, las grandes inversiones para expandir la caña de azúcar, ante la euforia del etanol como sustituto de la gasolina, fortalecen la presencia de monocultivos y encarecen la tierra, convirtiéndola en objeto de disputas más intensas y agresivas. En lo político, los gobiernos locales están completamente «alineados con los intereses del agronegocio», evaluó Heck.
Esa situación en los alrededores deteriora las perspectivas de vida futura para los indígenas, «desatando la violencia interna en las aldeas», señaló.
Además, muchos de ellos trabajan afuera, en el corte de caña, por ejemplo, por lo que permanecen alejados de sus comunidades cerca de 70 días, «y al regresar traen problemas como el alcohol y otras drogas, lo que contribuye a hacer más frágiles las relaciones sociales internas y con la vecindad», explicó.
Hay 11 centrales azucareras y destilerías de alcohol carburante operando en el estado y otras 30 en construcción, con perspectivas de que alcanzarán a ser 60 en total, según Heck.
En noviembre, una empresa productora de azúcar y alcohol de Mato Grosso do Sul fue clausurada al comprobarse que sometía a más de 800 trabajadores indígenas a condiciones análogas a la esclavitud. La acción estuvo a cargo del Grupo Móvil de combate al trabajo esclavo, compuesto de inspectores del Ministerio del Trabajo, la Fiscalía y la Policía Federal.
Otra fuente de violencia procede de los terratenientes locales, que aún tienen espíritu de «coroneles» -tradicionales exponentes de la oligarquía rural brasileña- y recurren a la fuerza para dirimir conflictos generados por la nueva táctica de los guaraníes de ocupar tierras que consideran suyas, e instalar en ellas campamentos, siguiendo el ejemplo del Movimiento de los Sin Tierra que lucha por la reforma agraria, observó Terena.
Es así que viejos líderes de los guaraníes han sido asesinados brutalmente, a cuchillazos y apaleados, recordó. Con la valorización de la tierra, ante la expansión de la soja y la caña de azúcar, «incluso cien hectáreas son motivo de mucha pelea», comentó.
Las reservas de kaiwoás y terenas fueron demarcadas hace varias décadas, cuando eran pocos los indígenas locales y se preveía su integración a la sociedad «dominante» o blanca. Pero sus poblaciones se multiplicaron, sin que se produjera esa asimilación, señaló Terena.
Ante el consenso de que la escasez de tierras es el principal origen de los asesinatos, la solución sería que el Estado adquiriera tierras cercanas en las que asentar a los guaraníes. Pero hay dificultades territoriales, ya que los kaiwoás viven en áreas muy pobladas donde el valor de suelo es muy elevado, y también políticas.
Materializar esa solución sentaría un precedente, ante el cual se dispararían los reclamos de indígenas que viven condiciones similares en otras partes del país, desde el sur al Nordeste, sin abundancia de tierras como en la Amazonia, aclaró Terena. Pero «es necesaria», concluyó.
Un ejemplo de esas dificultades puede verse en la ampliación del territorio de la aldea Taunay, de los terenas, que pasó de 600 a 30.000 hectáreas reconocidas como tierras a las que tienen derecho los indígenas.
Los terratenientes locales, ante la amenaza de perder áreas que ocupan sin amparo legal, las están deforestando a toda velocidad, inclusive para obtener mayores indemnizaciones por bienhechurías, sostuvo.