Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior del Estado español, se comprometía en estos días a enviarnos a los emigrantes a domicilio, como respuesta a quienes desde el propio estado, la comunidad europea o la misma Iglesia de la que el ministro es devoto numerario, se oponen a las llamadas «devoluciones en caliente», devoluciones que consisten […]
Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior del Estado español, se comprometía en estos días a enviarnos a los emigrantes a domicilio, como respuesta a quienes desde el propio estado, la comunidad europea o la misma Iglesia de la que el ministro es devoto numerario, se oponen a las llamadas «devoluciones en caliente», devoluciones que consisten en detener en «caliente» a quienes salten las vallas de sus colonias africanas y entregárselos, para que los acaben de calentar, a la policía y al ejército marroquí.
«Si me dan la dirección a donde podamos trasladar a esa pobre gente y garantizan su manutención y les dan trabajo, les aseguro que se los enviamos».
Me gusta el argumento. Hasta podría, por aquello de observar la coherencia, aplicarse al problema del aborto. «Si me dan la dirección a donde podamos trasladar a los recién nacidos y garantizan su manutención y les dan escuela, salud y el oportuno amor, les aseguro que se los enviamos».
Y también serviría el argumento para, después de tantos años, reparar a tantas víctimas del franquismo que ni siquiera han podido dar sepultura a sus familiares, todavía tirados en fosas y cunetas.
«Si me dan la dirección a donde podamos trasladar sus restos mortales les aseguro que se los enviamos».
Y de la misma forma hasta es posible que nos envíen trabajo, servicios, prestaciones…
En definitiva, que acabamos de confirmar lo que ya nos suponíamos, que el Estado español no es un estado sino una empresa de transporte.
Quedamos a la espera de que, cuando terminen de enviarnos a casa todos los derechos conculcados, se empaqueten a sí mismos y, debidamente certificados, en un último acto de servicio, se reenvíen… pongamos que a Laponia.
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