Una de las preguntas de la consulta popular, se refiere a que si se está de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional.
Actualmente la Constitución vigente en su artículo 5 establece que: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
El pretexto para tratar de permitir el establecimiento de bases militares extranjeras o de instalaciones extranjeras con propósitos militares, es combatir la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico, pero si la finalidad fuese aquella, entonces lo lógico y de sentido común, sería preguntar, si está de acuerdo en que se instalen unidades de policía extranjeras en el territorio nacional para colaborar en la lucha antidelincuencial.
Esto porque es la institución de la policía la que tiene como objeto la seguridad interna y el mantenimiento del orden público, proteger a los ciudadanos y sus bienes, prevenir y combatir la delincuencia, garantizar el cumplimiento de la ley, proteger los derechos de las personas, entre otros aspectos. En cambio, las fuerzas armadas en el mundo entero tienen como fin esencial la actuación en caso de guerra, lo cual incluye actividades de inteligencia y contrainteligencia, planificación y conducción de operaciones estratégicas terrestres, marítimas y aéreas, el despliegue de tropas y equipos especializados, la logística y el mantenimiento de líneas de suministro y más.
Claro que, en la época actual, ha variado la función de las fuerzas armadas, involucrándose en tareas de desarrollo y de colaboración excepcional con la policía en la seguridad interior, pero existe una tendencia a la militarización de las sociedades, situación que acarrea serios peligros, pero en el caso de la instalación de bases militares extranjeras, éstas tienen como finalidad la consolidación de posiciones geopolíticas de las grandes potencias, como EE.UU, Rusia y China, en la disputa por la hegemonía del dominio global.
En efecto, el mundo vive la agudización de los enfrentamientos geopolíticos que lleva a establecer nuevas bases militares en los territorios de los países subalternos en diferentes continentes, bajo diferentes pretextos para legitimar su implantación. Por supuesto que, estas bases militares extranjeras, realizan también tareas de espionaje a los gobiernos nacionales y de interferencia en los asuntos internos en función de los intereses de las grandes potencias, e incluso intervienen, en ocasiones, para presionar a que se concedan ventajas, privilegios o negocios a empresas transnacionales vinculadas con esas potencias extranjeras.
La pretensión del gobierno nacional es, permitir que se implanten bases militares o instalaciones extranjeras en el territorio nacional, posiblemente en las islas Galápagos, Manta u otro lugar, bajo el justificativo de la colaboración en tareas antidelincuenciales, pero como se ha señalado anteriormente, estas bases militares no tienen esa función como lo demuestra la experiencia en diversos países.
Más bien, la instalación de la base militar norteamericana en la isla de Baltra, Galápagos, en la Segunda Guerra Mundial, nos recuerda que una vez que se ocupó la referida isla y se firmó el tratado entre Ecuador y EE.UU el 24 de junio de 1942, unos días después, el 29 de enero de 1942, el Ecuador tuvo que firmar el Protocolo de Rio de Janeiro con el Perú, con cesión de territorios para poner fin a la invasión militar, en circunstancias de premura por atender el interés norteamericano antes que el interés nacional en la guerra limítrofe.
Galápagos siempre ha estado en la mira de potencias extranjeras, especialmente de EE.UU, por su ubicación estratégica en el Pacífico, ante lo cual se debe exigir que las Islas Galápagos se conserven como un santuario de vida, conservación de especies y territorio de investigación científica, más no para fines militares y peor para satisfacer intereses de grandes potencias en sus disputas geopolíticas internacionales.
Para potenciar nuestra capacidad de enfrentar la delincuencia, se deben priorizar políticas nacionales relacionados con las causas de la criminalidad y reforzar la colaboración internacional en materia de información, asesoramiento, recursos económicos, efectividad de la justicia, anticorrupción, acuerdos bilaterales y multilaterales para implementar políticas internacionales para enfrentar el narcotráfico, tráfico de personas, órganos, armas y otros delitos transnacionales.
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