No hay Estado sin clases sociales ni existen clases sociales sin Estado, es un principio dialéctico cuando se analiza el problema del poder político en cualquier sociedad capitalista. Son «las dos caras de la misma medalla», de un mismo proceso, el proceso de acumulación de capital que se configura en una determinada sociedad. El proceso […]
No hay Estado sin clases sociales ni existen clases sociales sin Estado, es un principio dialéctico cuando se analiza el problema del poder político en cualquier sociedad capitalista. Son «las dos caras de la misma medalla», de un mismo proceso, el proceso de acumulación de capital que se configura en una determinada sociedad. El proceso político y la lucha por el poder van determinando sus características fundamentales, es decir, cómo se articulan el Estado y las clases sociales. En el caso específico del Ecuador se atraviesa por un proceso atípico que se lo puede dividir en cuatro momentos:
Momento 1 : el triunfo de Alianza País (Lenin Moreno – Jorge Glas). En el último proceso electoral de abril de 2017 ya es conocido que fue Rafael Correa (RC en adelante), quien decidió preparar su retirada, nombró como su heredero político a Lenin Moreno e impuso a Jorge Glas como candidato a la vicepresidencia. Él mismo dirigió la campaña electoral, incrementó el endeudamiento público para financiar las ofertas de una campaña populista que llevo al triunfo a su binomio. Resultado: Moreno – Glas: 51.16%, Laso – Páez 48.84%. Moreno era pues, el portador del proyecto político de Alianza País, del cual fue parte como Vicepresidente de la República (2007 – 2013) y luego como alto funcionario de un programa de NN.UU. en Ginebra, con sueldo y estadía financiado por el gobierno del Ecuador (RC). Al parecer, se iban a mantener las políticas neo desarrollistas aplicadas por RC, la intervención del Estado, la «alianza estratégica» con China, el discurso «progresista» y la feria de subsidios.
Momento 2: la ruptura. Aflora la corrupción del gobierno de RC lo cual lleva a la ruptura interna de Alianza País. Las declaraciones de un ex funcionario de Odebrecht en Ecuador (Concienciao Santos), dentro del juicio «lava jato», denuncia el pago de coimas al Vicepresidente Jorge Glas a través de su tío N. Rivera por 5 millones de dólares. A esto se suma la fuga del ex contralor del Estado, Carlos Pólit, también acusado de recibir 10 millones de dólares en efectivo por el mismo personaje de la empresa brasilera. Súmese a esto los 17 informes con responsabilidad penal, entregados a la Fiscalía por la Contraloría General del Estado, por actos de corrupción en diferentes proyectos de inversión pública en Petroecuador, Refinería de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, Secretará del Agua, Yachay, Comité para la rehabilitación de Manabí, varias carreteras, etc. lo cual llevó a que Lenin Moreno rompa con su vicepresidente, que es tomado preso por orden de la Fiscalía y luego condenado a 6 años de prisión por corrupción. Moreno se queda con el movimiento Alianza País y se expulsa a los correístas que forman el movimiento Revolución Ciudadana.
Recientemente se han producido dos hechos que confirman una parte de la corrupción, el empresario Tomislav Topic, propietario de la empresa de servicios de internet, Telconet, llegó a un acuerdo con funcionarios de gobierno para «devolver» 13.5 millones de dólares que fueron depositados por Odebrecht a través de una empresa fantasma «off shore» en la cuenta de su empresa «sin que el supiera», para supuestos pagos al ex vicepresidente Glas y a su tío. Otro funcionario de Odebrecht, de apellidos Nieme, en un video circulado por el diario El Universo de Guayaquil (inicios de febrero de 2019), declaró haber transferido 4.5 millones de dólares como pago a funcionarios del gobierno de RC para lograr el regreso de la empresa a Ecuador y el acceso a otros proyectos de infraestructura, entre ellos menciona a Jorge Glas como Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos y a Alexis Mera, Asesor Jurídico del presidente RC.
Momento 3: convocatoria a plebiscito (febrero de 2018) con 7 preguntas, pero las principales se referían a eliminar la reelección indefinida de los cargos de elección popular, para impedir el retorno de RC y sustituir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para nombrar a los nuevos altos mandos del Estado. El objetivo era iniciar la «limpieza» del gobierno de cuadros correístas y ahora si dar el «giro a la dere!!». Se ganó en las siete preguntas con un promedio de 65% de votos. El Presidente Moreno envió a la Asamblea Nacional las ternas para conformar el nuevo CPCCS, se escogió como presidente a un conocido jurista, miembro de la derecha política nacional, el Dr. Julio César Trujillo, y se iniciaron los cambios de los altos mandos del aparato estatal de control, que constituyen el corazón de la estructura jurídico – política del Estado.
Se nombraron nuevas autoridades en la Defensoría Pública, Fiscalía General, Procurador General del Estado, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Corte Constitucional, Contraloría General del Estado (se ratificó al Contralor Subrogante en funciones) y se nombró nuevos Súper Intendentes de Bancos, de Compañías, de Poder de Mercado, de Economía Popular y Solidaria y de Desarrollo Territorial. El nuevo Estado Mayor del Estado se lo completó con algunas reformas en el ejecutivo que han dado pocos resultados en cuanto a nuevas políticas públicas se refiere, ese es el momento siguiente.
Momento 4: desorden político – estatal, ausencia de dirección estratégica del Estado. Para racionalizar la gestión del Estado se redujo el número de Ministerios de 27 a 20, unificando hasta tres en uno, sin ningún criterio de administración pública moderna. Hay ministerios que nadie sabe su denominación final, por ejemplo se fusiona los ministerios de Comercio Exterior e Inversiones con el de Industrias y Productividad y el Instituto de de Promoción de Exportaciones e Inversiones; el nuevo se llama Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, es decir coordina la gestión de ámbitos extremadamente amplios y complejos. Una serie de medidas coyunturales y de políticas públicas contradictorias se toman sin coordinación alguna, tal el caso de la eliminación del incentivo tarifario a los usuarios de cocinas de inducción, pero luego se retrocedió, o los anuncios de los nuevos precios de los combustibles (que solo la «súper», pero que ahora «flota» en el mercado, que luego la extra, que el diésel diferenciado, que uno para los pescadores, otro precio para las camaroneras, otro para los industriales, para el transporte público no, para los privados sí, pero mejor no; el precio queda igual, que subsidios a los taxistas pero ahora no, en fin).
Un asesor presidencial anuncia la «concesión de CNT» por 4 mil millones de dólares, sin saber el avalúo de la empresa, los parámetros de la concesión, ¿quién lo va a hacer?, también las hidroeléctricas y ¿otras empresas? En los últimos dos meses se han nombrado cinco gerentes de ARCOTEL y todos renuncian denunciando intereses y corrupción en las comunicaciones. Se anuncia la reducción del tamaño del Estado y al día siguiente se crea la Secretaría contra la Corrupción adscrita a la Presidencia (?). El caso de la Policía Nacional y su incapacidad para actuar frente a un delincuente que asesina a una mujer embarazada en Ibarra es crítico y vergonzoso, y los altos oficiales dicen que es por falta de entrenamiento y equipamiento, al mismo tiempo que dan a conocer que dos millones de municiones cumplen su tiempo de vigencia en agosto de este año y que habrá que eliminarlas. Súmese a esto las declaraciones de xenofóbicas del Presidente que derivó en el intento de linchamiento de venezolanos en la ciudad de Ibarra.
Esto sin mencionar el «tren playero» y el «metro cables» que se oferta «sin ton ni son». Se emite una orden de reducir el 10% de la nómina de las empresas públicas en 10 días, sin ningún criterio técnico sobre que puestos se debe eliminar, el perfil profesional que se requiere y no se requiere, en que unidades operativas. 21 empresas públicas pero cada una en un ámbito específico y de tamaños diferentes. El 10% de CNT que tiene 7.114 empleados significa eliminar 711 puestos. Petroamazonas con 7.200 empleados significa 720 empleos menos. ¿A dónde van esos 1.430 trabajadores? ¿Al plan «Toda una vida» desocupados? Todo es improvisación.
Otro tema es el de los subsidios, hay un Estado subsidiador en una economía de mercado de «libre competencia». La anarquía es total, no hay criterios generales, se aplica según el peso político de los actores sociales o los deseos de ayuda del Presidente a «nuestros viejecitos y viejecitas». Hay subsidios para los propietarios de buses de transporte público urbano (a cargo de los municipios), e interprovincial, para los taxistas (en negociación), al combustible (diesel) para camaroneros, para pescadores artesanales y grandes, para los industriales, subsidio al IESS para enfermedades catastróficas, subsidio al ISFA para su déficit por pensiones iguales al sueldo de los activos (mientras a los civiles se les reduce y se le pone un máximo), subsidio a la vivienda popular (bono vivienda), subsidios a los pobres (BDH), a los minusválidos, al consumo de energía eléctrica según rangos, subsidio a los exportadores (devolución del IVA), y el subsidio intocable, al gas. A esto se suma la reciente condonación de intereses por deudas atrasadas al SRI y al IESS (2018), que terminó favoreciendo a un reducido grupo de grandes empresas, especialmente petroleras. Todo esto hace un Estado que se lamenta del déficit fiscal y que, sus autoridades, «sueñan» que el Ecuador entre al club de los millonarios: la OCDE.
Finalmente, en el ámbito estatal, una nueva organización del ejecutivo (Decretos No. 600 y 602 de febrero de 2019), establecen un «Gabinete Estratégico» y seis «Gabinetes Sectoriales», con una delegación de funciones al Vicepresidente y a los Ministros Coordinadores de cada «Gabinete» de tal amplitud, que uno se pregunta, entonces ¿Qué hace el Presidente de la República? Situación que lleva a la conclusión que no hay una de dirección estratégica del Estado. Esto se nota en la ausencia de políticas claras en la minería, el tema de la reforma del IESS que se evita, no existe un plan económico integrado con metas programadas, y lo que se hace son aproximaciones al FMI, haciendo aparecer la necesidad de un convenio como una medida inevitable. Ya sabemos lo que hace el «nuevo» FMI, basta ver Argentina y los «tarifazos» al gas, la electricidad, el transporte, los combustibles, del señor Macri contra toda la población.
Mientras esto sucede en las disputas por el poder y en la gestión del Estado, el proceso de acumulación de capital y las clases sociales siguen operando: los grupos económicos consolidan su hegemonía y su participación en la acumulación de capital (según el ranking empresarial de la Revista EKOS, 20 grupos, encabezados por la Favorita, Banco Pichincha, las petroleras, Camaroneras, Pronaca, El Juri, etc. siguen manteniendo altos niveles de ganancias en sus empresas), los banqueros reportan las mayores utilidades en los últimos diez años (553 millones de dólares en el 2018), los importadores hacen su agosto por la apertura de las importaciones y el TLC con la Unión Europea, los exportadores, en especial de camarón, banano, cacao, pesca reportan ganancias millonarias.
La burguesía industrial pierde su espacio y la de la construcción no despega, las clases medias comienzan a sentir la crisis y su estreches económica se evidencia en el crecimiento del crédito rotativo de consumo y el crecimiento de la mora en las tarjetas de crédito (96.9 millones de dólares hasta septiembre de 2018- Revista Lideres 11-02-2019). Los sectores subalternos o clases populares pagan las consecuencias: según el INEC, la pobreza crece del 21.5% en diciembre de 2017 a 23.2% en diciembre de 2018. En la última encuesta de empleo de diciembre del 2018 disminuye el empleo adecuado (40,6%). Esto quiere decir que aumenta la desigualdad social (el coeficiente de Gini pasa de 0,459 a 0,469 entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018) y la exclusión social. En síntesis, el Estado y la sociedad están redefiniendo sus relaciones en función de las tendencias de la acumulación de capital que favorece a los grandes grupos económicos. Se viene el acuerdo con el FMI y, al parecer, tampoco habrá «mesa servida» para el próximo gobierno, sea de Lasso o de Nebot.
Fuente: http://coyunturaisip.wordpress.com/2019/02/18/estado-y-sociedad-en-el-ecuador-actual/