Los editores de libros de Estados Unidos se están organizando para combatir la amenaza que pesa sobre ellos si publican libros de países «embargados» por el Gobierno de Washington como Cuba, Irán y Sudán. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) no satisfecha con impedir […]
Los editores de libros de Estados Unidos se están organizando para combatir la amenaza que pesa sobre ellos si publican libros de países «embargados» por el Gobierno de Washington como Cuba, Irán y Sudán.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) no satisfecha con impedir implacablemente que sus ciudadanos puedan viajar a Cuba, dictaminó que quienes editen una obra de autores cubanos, iraníes o sudaneses sin autorización expresa del gobierno norteamericano, pueden ser objeto de multas de hasta 1 millón de dólares y una pena máxima de 10 años de prisión.
De igual modo, se prohíbe la coautoría de un artículo o un libro entre un ciudadano norteamericano y otro autor de cualquiera de esos tres países. Tampoco pueden aportar modificaciones a obras ya existentes ni ayudar a terminar alguna inacabada. Está prohibido también añadir notas, introducción, corregir, promover o publicitar algo que haya escrito un ciudadano de esos países boycoteados. Dicho de otro modo, simplemente se trata de impedir cualquier publicación.
El diario francés Le Monde informó que basada en ese decreto de septiembre del pasado año 2003, la OFAC provocó que hayan dejado de publicarse libros planificados para aparecer este año como una enciclopedia de música cubana, una antología de literatura y una obra encaminada a prevenir los terremotos, estas dos últimas de Irán, pues los editores por el momento han debido someterse a esos dictados.
Pero los editores alegan que el decreto es contrario a la enmienda Berman, emitida en 1988 durante el Gobierno del presidente Ronald Reagan y reforzada por el Congreso, que sustrajo en dos decisiones del llamado embargo la circulación de ideas e informaciones. En 1994 reiteró expresamente el Congreso que la OFAC no tiene autoridad para regular o prohibir la importación o exportación de publicaciones o de películas y lo hizo extensivo a cualquier clase de soporte.
Tras calificar de ilegales las medidas, distintas organizaciones que agrupan a miles de editores, investigadores, escritores y traductores, depositaron una querella ante la corte federal de Nueva York, para demandar la revisión inmediata del reglamento instituido por la OFAC.
Los querellantes se acogen a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual consagra la libertad de expresión y de prensa, así como emplazan a la OFAC a respetar las leyes del Congreso.
Hace unos meses, el senador Max Baucus denunciaba en el Congreso cómo la OFAC ha estado gastando los recursos que debían dedicar a combatir el terrorismo de Al Qaeda, en perseguir a los norteamericanos que quieren hacer uso de su derecho constitucional de viajar a donde deseen, como el caso de una anciana fuertemente multada por ir a montar en bicicleta en Cuba.