«Estamos en una guerra por la memoria»

Mariluci Cardoso de Vargas.- Desde 1964 hasta 2011 los militares celebraron esta fecha oficialmente. El debate se inició cuando Dilma determinó que el golpe del 64 fuese retirado del calendario oficial de celebraciones de las fuerzas armadas, y esa orden fue acatada por el Ministerio de Defensa y cumplida por el comandante del ejército. Esta recomendación también aparece en el informe de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) y se asocia a otras medidas respecto a las prácticas de las fuerzas armadas para lidiar con el pasado. Una de ellas es que justamente exista un reconocimiento de su responsabilidad en los crímenes cometidos. La CNV trabajó en conjunto con otras comisiones de Estado, como la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia, que hoy está bajo la órbita del Ministerio de la Familia, Mujeres y Derechos Humanos y viene sufriendo varios ataques. Estamos en un momento de destrucción e invalidación de estos grupos de trabajo. La orden de Bolsonaro, además de ser una afrenta contra la democracia, invalida el trabajo de estas comisiones de Estado y también da una señal que desacredita las voces de los sobrevivientes y las generaciones que heredaron las marcas de las persecuciones, trayendo así el peligro del negacionismo. No se trata de una opinión, de si hubo o no dictadura. La historia y estas comisiones de Estado ya comprobaron las muertes, las desapariciones, las torturas y el carácter sistemático de las graves violaciones a los derechos humanos, que configuran crímenes contra la humanidad y que, por tanto, deben ser repudiados. Lo que están haciendo es intentar deshacer la historiografía. Después de acumular tanto es un grave problema que esta cuestión sea colocada en estos términos por una figura como el presidente.

Marcelo Aguilar.- ¿Hay un caldo que resulta proclive a este tipo de acciones?

Mariluci Cardoso de Vargas.- Yo se lo atribuyo a las fallas de la democracia, que no consiguió hacer que la historia de la dictadura cívico-militar y la memoria de los sobrevivientes sean colocadas como incuestionables. Todavía hay sospechas sobre la legitimidad de los relatos de los sobrevivientes y sobre los crímenes a ser repudiados. La propia CNV en sus conclusiones demostró la práctica sistemática de violaciones y problematizó su continuidad. El año pasado tuvimos un grave atentado contra la democracia con el asesinato de Marielle Franco, así como en 2013 tuvimos el caso de Amarildo (de Souza, albañil desaparecido y asesinado por la policía en Rio de Janeiro), en el que fue comprobada la muerte por torturas. Sabemos que las prácticas de las fuerzas de seguridad en Brasil todavía tienen ese carácter extremadamente violento, sobre todo con la población de las periferias, pobres, negros, indígenas, campesinos y militantes de derechos humanos. Tenemos en el país números alarmantes de violencia policial, violencia de Estado. Es muy difícil captar cómo y dónde ese terrorismo de Estado configurado en los años de dictadura permanece y se desdobla en violencia de Estado en el período democrático. El problema no ha sido superado, y son prácticas en las que no hay consenso respecto al repudio. Hay una falla en la formación en cuanto a estructura política, que tiene su base en el autoritarismo y permite que esas prácticas sigan su curso y esas memorias e historias de vida de los sobrevivientes no ganen el sentido común. Esto está bastante marcado en la sociedad brasileña, y la última elección lo explicitó todavía más. A pesar de las declaraciones que Bolsonaro venía haciendo antes de ser electo, del homenaje a Carlos Alberto Brilhante Ustra (militar torturador de la última dictadura) en la tribuna del Congreso el día del impeachment, y los indicios que venía dando sobre su forma de relacionarse con ese pasado, no pasó nada que impidiese su candidatura. En otros países del continente, cuando hay una celebración o apología a los militares, hay una repercusión y combate inmediato, e inclusive en caso de órganos públicos, exoneración o alejamiento del cargo. Es bastante difícil de combatir ese discurso cuando no hay ningún tipo de punición ni medida administrativa o jurídica contra expresiones de odio. Esto hace que las personas se sientan autorizadas.

Marcelo Aguilar.- ¿A cosas como esta se refiere como «fallas de la democracia»?

Mariluci Cardoso de Vargas.- Creo que son fallas sí, porque aparece un autoritarismo que se sobrepone a los valores democráticos. La polarización política permite que se construya un sentido común que entiende que la eliminación de un opositor político es posible. Eso es una falla grave, porque no se entiende la discrepancia y la oposición como algo a ser resuelto dentro de los marcos del Estado de derecho. Se evoca entonces la violencia como forma de resolver las diferencias, y eso es terrible desde el punto de vista democrático. Lo preocupante es que los crímenes sobre las poblaciones que mencionaba antes son vistos dentro de un estado de normalidad y no como casos que deberían ser de excepción.

Marcelo Aguilar.- ¿Cómo evalúa el proceso posdictadura en relación con la búsqueda de justicia y sus avances y retrocesos?

Mariluci Cardoso de Vargas.- Tenemos una barrera en el ámbito de la justicia que es la ley de amnistía de 1979, que sigue vigente y es interpretada como un impedimento y una obstrucción para la posibilidad de juzgar a los autores de graves violaciones a los derechos humanos. Esta ley contribuye a reforzar el olvido. La justicia tiene ese papel pedagógico también en el ámbito de la memoria. A pesar de que hemos avanzado bastante en algunos sentidos -como en las políticas de verdad, memoria y reparación, en la difusión de los testimonios de los sobrevivientes, con las comisiones-, no conseguimos alcanzar la justicia. Todos los mecanismos que contribuirían a reforzar el repudio a un período que dejó tantas marcas traumáticas para el país están obstaculizados.

Mariluci Cardoso de Vargas.- Los efectos son los que estamos viviendo en este momento. Esta es una forma muy infeliz de lidiar con el pasado, una batalla de la memoria que se viene dibujando con líneas graves desde hace bastante tiempo. Lo que vemos ahora es contundente: hay una guerra evidente por la memoria. Al mismo tiempo que se llama a los militares a celebrar el 31 de marzo dentro de los cuarteles, también hay varios llamados a actos de resistencia en varias regiones del país.

Mariluci Cardoso de Vargas.- Es muy difícil hacer una proyección. Estamos viviendo un día a la vez, sorprendidos por cosas graves no sólo en el ámbito de las fuerzas armadas, sino en general, con ataques a la educación, a los derechos laborales, entre tantos otros. Son muchos ataques al Estado de derecho, retrocesos que pueden tener consecuencias muy negativas para la sociedad. Pero más que pensar en eso, me parece importante pensar y discutir las estrategias que podemos tener para combatir y denunciar este tipo de situaciones, y que no nos quieran hacer perder la memoria. Son muchas también las personas que intentan contribuir en la medida de lo posible en la defensa de la Universidad, de la educación pública, gratuita y de calidad para que podamos fortalecer el combate al autoritarismo. Eso implica deconstruir esa falsa versión de que el golpe debe ser celebrado. Fortalecer la democracia está en el orden del día.

[1] Esta entrevista forma un conjunto con el artículo «El ejército brasileño celebrará el aniversario del golpe del 64«, por lo que a la decisión que se refiere en la pregunta es sobre esa celebración.