El concepto de «excelencia empresarial» es muy utilizado en el ámbito de la empresa, especialmente de cara a la venta de su propia imagen. Este concepto engloba un conjunto de metas que la empresa debe alcanzar mediante la aplicación y seguimiento de métodos específicos encaminados a ofrecer la máxima calidad, no solo en sus productos […]
El concepto de «excelencia empresarial» es muy utilizado en el ámbito de la empresa, especialmente de cara a la venta de su propia imagen. Este concepto engloba un conjunto de metas que la empresa debe alcanzar mediante la aplicación y seguimiento de métodos específicos encaminados a ofrecer la máxima calidad, no solo en sus productos y servicios sino también a nivel de gestión y organización.
Conceptos como «Orientación al Cliente», «liderazgo», «gestión por procesos», «desarrollo», o «implicación humana», forman parte de los objetivos y métodos para alcanzar esa excelencia, pero hay una serie de conceptos de gran interés para las personas relacionadas con la empresa y que no están recogidos en ningún manual de excelencia empresarial, veamos los más destacables.
La excelencia laboral. Más allá de la consideración que este tipo de prácticas pueda tener para con las personas, y que no suele pasar de la figura de empleado y cuánto de él se pueda obtener al precio más bajo, nunca se contempla como uno de los objetivos de la excelencia el trato de la empresa para con el empleado al respecto de sus derechos, que suelen quedar, en un sombrío segundo plano y a mucha distancia, tras el interés económico de la empresa vestido de «excelencia». Tampoco hacen referencia estos manuales a la estabilidad laboral de los que, en muchas ocasiones son llamados «colaboradores», pero que cuando reclaman sus derechos son vistos más bien como una molestia incompatible con la inmediata obtención del máximo beneficio. Tampoco son tenidos en cuenta los empleados a la hora de repartir esos beneficios de la excelencia empresarial a la que tanto pueden contribuir según los manuales, y desde luego no son tenidos en cuenta de la misma manera que cuando se trata de recortar gastos.
En algunos manuales existe un punto que, bajo un nombre parecido a Desarrollo e implicación de las personas, viene a decir que «las personas aceptan la propiedad y la responsabilidad para resolver problemas», pero no existe ningún punto que diga que «el empresario acepta que los empleados no son de su propiedad y acepta la responsabilidad de resolver los problemas que él mismo cree a los empleados con sus prácticas abusivas».
La excelencia tributaria. Cuando la ley lo permite, y también cuando no, las empresas tienden por lo general a buscar la forma de pagar menos impuestos. Desde hace mucho tiempo es obligatorio para contratar con las Administraciones Públicas, encontrarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias así como de las cargas sociales. Práctica que sería aconsejable hacer extensiva, tanto como permita la lógica, entre empresas no públicas, pero con mayor motivo, habría que hacerla extensiva al conocimiento de los clientes, de tal modo, que éstos, conozcan la excelencia tributaria (o no), de la empresa cuyos productos o servicios piensan contratar, y decidan en consecuencia.
En este sentido, se habla en algunos manuales de Responsabilidad Social, queriendo dar a entender que la empresa cumple los requisitos legales y normativos, y hasta incluso que tiene ciertas preocupaciones sociales. La verdad es que hay ciertos requisitos y normas que son sistemáticamente incumplidos por muchas empresas, y tampoco faltan los casos en los que una laxa reglamentación fiscal parece haber sido creada al objeto de que las empresas puedan llevar a cabo ciertas acciones económicas que a una persona física le supondrían más de un problema legal. Por ejemplo, el común de los ciudadanos no podría contar con una vía de escape a la presión fiscal sin tener que dar explicaciones a la Agencia Tributaria. Algo que, al parecer, no tienen que hacer el 82% de las empresas que cotizan en el IBEX [1] , y que cuentan con filiales en paraísos fiscales.
Redundando en ello, está al alcance de casi cualquier persona escuchar conversaciones entre los autodenominados «empresarios» y que incluyen constantes quejas ante la falta de subvenciones por parte de la Administración, esas subvenciones que están tan mal vistas cuando tienen a un sindicato como beneficiario. En esas conversaciones también es muy fácil escuchar cómo comparten e intercambian distintas formas y trucos para evitar tal o cual carga fiscal, especialmente el IVA, buena parte del cuál podría estar destinado, en caso de recaudarse, a distintas formas de subvenciones que luego se echan en falta.
Es de sentido común que las Administraciones Públicas, cada una en su sector, emitan un certificado de excelencia a aquellas empresas que cumplan al 100% con sus obligaciones fiscales, sociales y laborales. De esta manera los clientes, que somos la mayoría, y por lo tanto los más fuertes, sabríamos qué compañía elegir para comprar productos o contratar servicios, sin contribuir al hundimiento de la sociedad en beneficio de unos pocos.
Sería hermoso que en el momento de la compra o de la contratación de un servicio, los consumidores tuvieran a su disposición estos certificados en los que podría leerse: «La Agencia Tributaria certifica que esta empresa no maneja dinero negro y que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales» o que «El ministerio de Trabajo certifica que esta empresa no ha intentado despedir a ningún empleado mientras ha tenido beneficios, que todos sus empleados tienen contrato de trabajo, que por ninguno de ellos se cotiza menos de lo que corresponde y que ninguno de ellos es explotado» . Sin duda sería hermoso.
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