La madrugada del lunes 29 de junio, dos explosiones sacudieron el norte de Quito, específicamente las instalaciones de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y el cercano Ministerio de Agricultura. Un vehículo incinerado en el túnel Guayasamín, panfletos amenazantes y un guardia herido completan el cuadro, según información oficial.
Estos hechos no pueden archivarse como episodios de la crónica roja. Representan un mensaje directo al Estado: hay actores dispuestos a usar explosivos para intimidar a quienes intentan regular actividades que mueven millones de dólares en la economía ilegal.
La Arcom no es un edificio cualquiera; es la entidad encargada de enfrentar la minería ilegal, uno de los principales motores de financiación del crimen organizado en Ecuador. Atacarla es afectar la capacidad del Estado para imponer reglas en un territorio que, en demasiadas zonas, ya no controla plenamente.
El alcalde Pabel Muñoz lo expresó con claridad: condenó el atentado, envió solidaridad a las víctimas y trabajadores, y ofreció la colaboración del Municipio. Su frase central merece repetirse: “Nadie debe tener miedo en ningún lugar de la ciudad”.
Sin embargo, la realidad diaria demuestra que ese miedo ya se instaló. Los quiteños y los ecuatorianos en general se están acostumbrando a despertarse con estruendos, cierres viales y operativos policiales. La normalización del terror es la antesala de la derrota institucional.
¿Por qué la inteligencia del Estado no anticipó o evitó un ataque contra una institución clave? ¿Hasta dónde llega la penetración de intereses ilícitos en las redes que operan con relativa impunidad? ¿Estamos enfrentando meros delincuentes o estructuras con capacidad logística, económica y de inteligencia propias? El uso de mechas propias de la minería y la repetición del modus operandi apuntarían a una conexión clara con economías criminales que el Estado intenta, pero aún no logra desmantelar.
En medio de un renovado Estado de excepción que incluye la provincia de Pichincha, ya no basta con condenar. Se requieren resultados concretos que devuelvan la tranquilidad a la ciudadanía.
La coordinación entre Gobierno Nacional, Municipio y Fuerzas Armadas es indispensable, pero debe traducirse en eficacia, no solo en comunicados.
Ecuador lleva años en una espiral donde la violencia se está volviendo parte del paisaje.
Cada atentado erosiona la confianza ciudadana, ahuyenta inversión y deteriora la calidad de vida. Si permitimos que instituciones estatales se conviertan en blancos rutinarios, estaremos aceptando que el monopolio legítimo de la fuerza ya no reside en el Estado, sino que se disputa en la calle.
El atentado de La Pradera no es solo un ataque a dos edificios. Es un desafío abierto al orden y a la posibilidad misma de vivir sin miedo. La respuesta debe estar a la altura: firmeza sin improvisación, inteligencia sin espectáculo y, sobre todo, resultados palpables. De lo contrario, mañana el titular no hablará de dos explosiones, sino -Dios no lo quiera- de muchas más. Y para entonces, el miedo ya no será noticia: será la nueva normalidad.
Fuente: https://www.radiopichincha.com/explosiones-en-quito-y-la-fragilidad-del-orden/