Los enfoques tradicionales, mecanicistas y ortodoxos de la economía, que dominan y constituyen muy buena parte de esta disciplina, siguen siendo desbordados por la creciente expansión de las llamadas economías informales, ilegales o delincuenciales, que suelen aparecer como casos anómalos, marginales o fuera de esquema, pero que en la medida en la que reconfiguran las […]
Los enfoques tradicionales, mecanicistas y ortodoxos de la economía, que dominan y constituyen muy buena parte de esta disciplina, siguen siendo desbordados por la creciente expansión de las llamadas economías informales, ilegales o delincuenciales, que suelen aparecer como casos anómalos, marginales o fuera de esquema, pero que en la medida en la que reconfiguran las institucionalidades territoriales, las dinámicas de flujo del capital transterritoriales, y las formas de ejercicio de la soberanía nacional, van dando cuenta de transformaciones medulares en las formas de reproducción, apropiación y distribución de la riqueza en nuestra región y a escala planetaria.
Los indicadores económicos tradicionales, que miden generalmente grandes variables estandarizadas de escala nacional, tienden a hacerse cada vez menos útiles, no solo por sus omisiones y distorsiones contables inherentes (basadas en la externalización de costos sobre los trabajadores, pueblos del Sur Global, y la naturaleza), sino también porque no dan cuenta de cómo se configuran de manera cada vez más influyente, en regiones y zonas del sistema-mundo capitalista, redes de control territorial y de extracción de bienes comunes y trabajo que funcionan de manera delincuencial y corporativa, articulando mafias y grupos armados con empresas transnacionales y Estados. Se trata de un fenómeno que parece apuntar a procesos de feudalización del poder, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿qué forma va tomando el capitalismo del siglo XXI? ¿Qué mecanismos se van institucionalizando para radicalizar la acumulación por desposesión?
Esta radicalización de las disputas territoriales, esta diversificación de las operaciones de extracción de bienes comunes, y las formas de un extractivismo delincuencial, en el marco de manifestaciones de caos sistémico y de una guerra mundial por los recursos, atraviesa a América Latina, y determina sus dinámicas geopolíticas. Uno de los cuatro proyectos políticos en disputa en la región en torno al acceso, la gestión y la apropiación de los bienes comunes para la vida -los llamados «recursos naturales»-, el uribismo1, opera e intenta expandirse como un extractivismo delincuencial, con modos territoriales de reproducción de la política de corte autoritario-mafiosos -en ciertos espacios, las históricas premisas referentes del Estado liberal moderno se diluyen-, con esquemas bárbaros de acumulación por desposesión, que responden fundamentalmente al proyecto geopolítico desesperado de los Estados Unidos, que ante su acelerada crisis hegemónica, parece apostar al caos global.
Esta lógica bélica es multifactorial y de «espectro completo» (A.E. Ceceña), por lo que el proyecto uribista para América Latina va más allá del control de un Estado específico de la región, dirigiendo fundamentalmente sus fuerzas a la penetración múltiple de territorios, de manera de carcomer sus tejidos sociales -tal y como ocurre en un organismo canceroso-, de transformar sus regímenes soberanos en favor de otros donde prevalezca la violencia desmedida, y donde la articulación del crimen organizado con instituciones políticas tradicionales y empresas transnacionales, buscan establecer de facto la síntesis de un nuevo orden territorial corporativo, que facilite y reconfigure el despojo y flujo de materias primas al mercado mundial. Este es el caso también de las estrategias contrainsurgentes que operan en las disputas territoriales y políticas que están en desarrollo en Venezuela.
Feudalización corporativa, despliegues múltiples del extractivismo delincuencial y operaciones de extracción en América Latina
A pesar de que el carácter delincuencial es constitutivo de la histórica acumulación capitalista, existen pues, alarmantes tendencias de una radicalización violenta del despojo en los territorios de la región, junto a procesos de feudalización corporativa del poder.
Si como lo evidenciara la agencia Reuters (2014), el cartel de los Caballeros Templarios ha exportado hierro a China desde el puerto de Lázaro Cárdenas (Michoacán)2; o bien como lo ha revelado un estudio que contratara la Contraloría General de Colombia, cárteles mexicanos como el de Sinaloa, establecen alianzas territoriales y adquieren minerales como el coltán o el oro extraídos por grupos criminales armados en Colombia, para luego ser vendidos a «negociadores mundiales» -donde participan empresas transnacionales-, aprovechando el gran poder de comercialización internacional que han adquirido dichos grupos a través del negocio de la droga3, ¿podríamos estar presenciando una reconfiguración de la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza, en la cual comienzan a establecerse de manera cada vez más importante, intercambios entre corporaciones delincuenciales de diferentes países, que ya no solo controlan una parte de las rentas y excedentes de las economías nacionales, sino también una parte del control de los recursos naturales en determinados territorios, y sus respectivos procesos de extracción?
No olvidemos la forma cómo el llamado «Estado Islámico» controla campos petroleros en Irak y Siria, junto a infraestructuras de refinación, pudiendo producir una cuota estimada entre 50.000 a 100.000 barriles diarios (2014), para comercializar una parte a precios más económicos de los del mercado internacional, y recibir un estimado entre 800.000 a 3 millones US$ diarios, con los que financian su expansión territorial4.
Otra expresión de estos procesos de feudalización la vemos en la relación entre la minería ilegal y los grupos armados y bandas criminales en Colombia, y su proporción con el total de la extracción minera en el país. Según, el Senador Germán Villegas Villegas (partido conservador), el 63% de estas actividades no tienen título minero, resultado de la ausencia del Estado en estos procesos de extracción5. Según una investigación de la Revista Semana (Marzo 2013), de las 51 toneladas de oro que exportó Colombia hasta septiembre de 2012, más de la mitad provenía de la minería informal. Aunque no se tienen cifras exactas de cuántas de estas explotaciones «informales» están articuladas a grupos armados en el país, la investigación expone que en 151 municipios de 25 departamentos convergen la minería ilegal y los grupos armados6.
Hablamos de que, adicionalmente a las cuantiosas sumas de dinero obtenidas directa o indirectamente de este negocio minero, en algunos lugares del país, los grupos armados controlan los propios procesos extractivos, su comercialización, y reproducen una institucionalidad territorial acorde a estas dinámicas. Por otro lado, en la llamada «minería gris» ―debido a que esta actividad se reproduce entre la legalidad y la ilegalidad―, estas economías delincuenciales lavan sus capitales por medio de inversiones en proyectos mineros formales7, lo cual adicionalmente contribuye a la ampliación del extractivismo.
El avance de estas formas económicas ―visibles también en los modelos mineros africanos―, en el marco de la expansión del extractivismo en la región, suponen una amenaza de ampliación de mecanismos bárbaros y sumamente depredadores en las disputas territoriales sobre el control y la gestión de los bienes comunes para la vida.
Venezuela ha sido permeada por estas dinámicas de manera muy compleja. Las disputas políticas en el país han estado profundamente atravesadas en los últimos años ―y con más intensidad después de la muerte del presidente Chávez en 2013― por operaciones masivas de extracción de bienes de consumo e incluso de producción, en formas de contrabando que en buena medida están motorizados por grupos delincuenciales. Según el presidente Nicolás Maduro, «Entre 30% y 40% de los productos del mercado nacional son desviados a Colombia por el contrabando«8, y quien fuera vicepresidente para el Área Económica, Rafael Ramírez, afirmaba que el contrabando de gasolina a Colombia se traducía en una pérdida para el Estado venezolano de 100.000 barriles diarios de petróleo9.
La manera como la creciente estructuración de redes delincuenciales están generando formas de extracción que incluso no se dirigen sólo al consumo interno sino a comercios transfronterizos, ha tenido un severo impacto en los circuitos económicos del capitalismo rentístico venezolano, en la medida en la que intensifica la sed de divisas y productos importados propia del modelo rentista, presionando al Estado a un mayor endeudamiento externo para solventar los déficits, al aumento de sus cuotas extractivas (Faja del Orinoco, Arco Minero de Guayana), y/o a la flexibilización de su soberanía territorial respecto a las empresas multinacionales, quienes ante la situación deficitaria desean que se hipotequen los territorios y la naturaleza del país.
Si sumáramos los bienes de consumo fugados, los barriles de petróleo extraídos y no capitalizados debido al contrabando de gasolina transfronterizo, y le añadimos la enorme fuga de capitales de los últimos años en Venezuela, que también está vinculada en muy buena medida a estafas y la reproducción de economías delincuenciales10, lo que tendremos es una enorme cantidad de Naturaleza liquidada domésticamente -una expansión de su huella ecológica-, que ni siquiera responde a las exigencias de necesidades básicas de la población nacional, y mucho menos a inversiones para salir del modelo rentista/extractivista.
Los análisis sobre extractivismo deben reconocer que es probable que ciertas dinámicas de disputas territoriales y políticas estén mutando o se encuentren en expansión para América Latina, lo que supone que también pueden mutar los objetos del reclamo político, y por ende las estrategias de resistencias populares; y que las dinámicas de caos sistémico representa un enorme desafío epistemológico para estos análisis.
La metástasis del capitalismo rentístico venezolano
Hemos expresado que el capitalismo rentístico venezolano es un orden metabólico insostenible, y que desde hace unos 30-40 años los pilares de la sociedad rentista venezolana comenzaban a resquebrajarse, iniciando un período de desequilibrios estructurales que, con grados de severidad variables, se ha mantenido permanentemente hasta nuestros días11. Casi 100 años después del inicio de la explotación masiva de petróleo en el país, cabe preguntarse varias cosas: a) ¿cuáles son las capacidades endógenas actuales que posee el sistema para regularizarse y hacerse viable domésticamente?; b) ¿estamos pues, solo ante una crisis coyuntural o estamos viviendo los síntomas de una crisis estructural del modelo rentista venezolano?; y c) en perspectiva histórica, ¿qué era Venezuela antes del petróleo?, y ¿qué podría ser en el futuro, si se tratara de una crisis estructural del modelo petro-rentista?
Estamos ante el tercer impacto histórico del «efecto Venezuela»12 ―el primero se produce a partir de la década de los 20-30, y el segundo en la década de los 70― originado desde mediados de la década pasada (2000) con el boom de las materias primas. Sin embargo, hay una diferencia con los dos impactos anteriores: los efectos de este tipo de fenómenos de «enfermedad holandesa» se encuentran ahora con un orden metabólico-territorial entrópico, profundamente complejo, y con niveles muy altos de vulnerabilidad sistémica, lo cual se une a las condiciones actuales de disputa geopolítica y crisis civilizatoria.
2015 aparece para Venezuela como la bienvenida al desierto de lo real, cuando se hacen cada vez más nítidas las consecuencias de la reproducción expansiva del capitalismo rentístico y del accionar ilusorio del Estado Mágico: si el petróleo se cobra a 90 días, el avanzar del año nos aproxima a la realidad del hundimiento de los precios internacionales del crudo (38,82 US$ por barril al 30/01/2015), y a la desnudez de las contradicciones económicas y políticas del sistema. La cobertura de las importaciones se enfrenta adicionalmente con el monstruo de la deuda externa, y las fechas de pago establecidas para este año.
Pero esta situación crítica no responde solo a un problema de gestión política, o de estructuras caducas. El capitalismo rentístico hace metástasis, no sólo porque su orden metabólico es entrópico, por los efectos del «desarrollo» capitalista sui géneris que se ha producido en el país ―¿se trata de un metabolismo incontrolable? (I. Mészáros)―, sino también porque Venezuela se encuentra inmersa en una guerra biopolítica ―»la política es la continuación de la guerra por otros medios» (M. Foucault)― que abarca las instituciones, la territorialidad, los bienes comunes y la producción de subjetividad.
Se trata de una lógica cancerosa y corporativa, que alrededor de una disputa geopolítica por la renta, los territorios y los bienes comunes, y a partir de flujos extractivos de carácter delincuencial, va generando redes económicas corruptas, y sociabilidad e institucionalidad en torno a ellas, sea en espacios urbanos o rurales, y permeando incluso la propia actividad petrolera13; se desliza por medio de los rieles de la fragmentación social que produce el capitalismo, genera micropolíticas de la acumulación por desposesión; agrede permanentemente los entramados comunitarios existentes, las formas de solidaridad popular, las expresiones cooperativas que el proceso de la «Revolución Bolivariana» pudo haber creado o estimulado; despliega la corrupción a todas las capas de la sociedad; intenta carcomer pues, el proyecto constitutivo contrahegemónico, depositado primordialmente en el chavismo popular .
Los escenarios ante la agudización de la crisis del capitalismo rentístico son diversos. En todo caso existen varios factores de posibilidad que resaltar ante esto:
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En Venezuela en estos últimos años, y a pesar de los continuos y marcados obstáculos, han germinado formas diversas de organización popular, que en muchos sentidos o ámbitos logran en sus prácticas estar más allá del capital. El desafío parece estar en su dificultad para articularse por sí mismos. ¿Podrían generar otras territorialidades en momentos de agudización de la crisis? ¿Cuáles son las posibilidades reales del ejercicio de un liderazgo colectivo?
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Cada movimiento social y organización popular tiene su riqueza propia, tanto en términos materiales como inmateriales. Esta se torna en potencia política en la medida en la que se articula con las otras riquezas de las demás organizaciones territoriales y hermanas. En este sentido, es imperioso, incluso ante un posible período crítico, la propagación de economías de los comunes, sociales y solidarias. Redes y sistemas territoriales mediante los cuales, los diversos movimientos generen un inventario colectivo de bienes, saberes y servicios, y de necesidades, que se articulen en directorios comunes, cuentas comunes de intercambio y créditos, pensados desde valores de uso, que puedan ampliar la capacidad de autosuficiencia y los tejidos autónomos de la economía popular ante contingencias de carácter extraordinario.
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Toda crisis representa una oportunidad. En el caso venezolano, además de interpelar los modos de vida imperial, abre las posibilidades de construir una narrativa propia, desde los movimientos, en los que también sea posible pensarnos más allá del petróleo, más allá del rentismo, más allá del capital.
* Emiliano Teran Mantovani es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG)
Fuentes consultadas
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1 Sobre la base de una diferenciación política regional y una reivindicación de las soberanías popular-territoriales, planteamos la existencia de cuatro proyectos en disputa en América Latina, como lo son el Uribismo, el Lulismo, el Socialismo del Siglo XXI, y un proyecto popular pluricomunista a escala regional. Estos no son categorizaciones rígidas, sino que en cambio son proyectos porosos, agrietados, que se pueden solapar, en cierta forma articularse, o bien coexistir, negociar, o disputarse unos con otros en un espacio político determinado, que puede ser incluso un mismo país. Sobre esto véase: TERAN Mantovani, Emiliano. Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos para América Latina .
2 Cfr. GRAHAM, Dave. Ventas de mineral de hierro a China provocan choques con cartel de droga mexicano. GALDOS, Guillermo. Knights Templar link to Mexico iron ore arrests.
3 Cfr. EL ESPECTADOR. Cartel mexicano de Sinaloa involucrado en minería ilegal en Colombia .
4 Cfr. BUTTER, David. Cómo Estado Islámico hace negocios con el petróleo . MOURENZA, Andrés. El negocio petrolero del Estado Islámico: la Yihad ingresa hasta tres millones diarios . EUROPA Press. El Estado Islámico gana 627 millones anuales con la venta de petróleo .
5 VILLEGAS Villegas, Germán. La minería en Colombia en un alto porcentaje es ilegal .
6 SEMANA. Minería ilegal: entre el oro y el crimen .
7 PULIDO, Alejandro. Mapeo de alternativas a la minería en Colombia .
8 En: EL UNIVERSAL. Maduro: «Entre 30% y 40% de productos del mercado nacional son desviados» .
9 En: VTV. Rafael Ramírez: El precio de la gasolina es una discusión que tenemos que dar (+Video) .
10 Sobre el problema de fuga de capitales en Venezuela, véase: SUTHERLAND, Manuel. Fuga de capitales (Venezuela y A.L.), fraudes, devaluación y la Estatización del comercio exterior .
11 Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante (1983-2013).
12 El llamado «efecto Venezuela» puede ser entendido de la misma forma que la «enfermedad holandesa», sin embargo, el primer impacto de la misma no puede ser única y necesariamente entendido como una «enfermedad holandesa» contemporánea, debido a que el progresivo ingreso masivo de divisas petroleras se encuentra, en este primer momento, con un metabolismo nacional particularmente agrario y campesino, lo cual generará una radical transformación de la territorialidad nacional. Los siguientes dos impactos del «efecto Venezuela» ya ocurren con un mayor «desarrollo capitalista», y sus efectos tienen connotaciones cualitativamente diferentes.
13 Como un ejemplo de esto, véase el reciente caso: ULTIMAS Noticias. Detuvieron a una alta ejecutiva de Pdvs a .
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