En este artículo la utora analiza las consecuencias que para Bolsonaro puede tener el fracaso de la convocatoria golpista del pasado 7 de septiembre.
Decenas de miles simpatizantes de la ultraderecha, muy lejos de los dos millones prometidos desde el gobierno, se movilizaron el Día de la Independencia, para asistir a los actos golpistas del ultraderechista presidente Jair Bolsonaro en Brasilia y São Paulo, donde no se concretaron eventuales ataques al Supremo Tribunal Federal ni a la embajada de China.
Bolsonaro jugó (casi) todas sus cartas pero no pudo dar el contragolpe que había prometido. No se fortaleció y ni siquiera frenó su desgaste. Pretendía recuperar fuerzas, retomar la iniciativa y reforzar sus ataques al poder judicial. El periódico Valor Econômico afirma que todo fue decepcionante para Bolsonaro, y que en Brasilia, por ejemplo, la concurrencia alcanzó el 5% de lo que él y el partido militar esperaban.
En sus discursos, en Brasilia y en São Paulo, Bolsonaro reiteró su disposición a desobedecer las recientes decisiones judiciales contrarias a sus intereses, lo que agrava el enfrentamiento entre los dos poderes y amenazó con convocar al Consejo de la República, órgano que puede decretar intervenciones en provincias o un estado de sitio a nivel nacional. Pero, al no obtener respuestas del Consejo, retiró la convocatoria.
Subido a un camión con parlantes, junto el general Walter Souza Braga Netto, ministro de Defensa y uno de los más altos dirigentes del llamado partido militar, Bolsonaro pronunció un discurso breve destinado, principalmente, a intimidar al Supremo Tribunal Federal.
El ministro de Defensa mantiene divergencias internas con el vicepresidente, el general Hamilton Mourão, que expresa las mismas convicciones neofascistas que el jefe de Estado, aunque a diferencia de éste, posee un estilo sobrio y mantiene abierta la vía del diálogo con grupos económicos y políticos desencantados con el jefe de Estado, obsesionado en generar una crisis tras otra y atacar a los poderes de la República.
Además de las movilizaciones bolsonaristas, en Río de Janeiro marcharon miles de manifestantes en repudio al mandatario, cuya aprobación según encuestas cayó a 24%. El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, y el opositor Partido de los Trabajadores hicieron un llamado a defender la democracia.
El Partido de los Trabajadores, movimientos sociales, sindicatos y la Iglesia católica realizaron movilizaciones por el impeachment de Bolsonaro y en defensa de la democracia en São Paulo, Brasilia y otras ciento sesenta ciudades.
La pandemia sigue, con menos casos y muertes (que ya superaron las 540 mil), por el avance lento de la vacunación: apenas el 30% de la población recibió la segunda dosis. Bolsonaro tendrá que enfrentar el año electoral con estagnación económica, y con la candidatura del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva in crescendo, según las encuestas.
El susto de un violento golpe de Estado pasó y el país continúa en su situación de crisis económica y social, desempleo de más del 14% de la población y millones de personas en estado de precariedad, alza de la inflación e inestabilidad política, sin atisbos de la posibilidad de algún tipo de recuperación en el año que le queda a Bolsonaro en el gobierno.
Los bolsonaristas, la mayoría sin cubrebocas o mascarillas, se movilizaron con banderas nacionales, coreando lemas golpistas, criticando a los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, mientras otros rezaron por el presidente, quien cuenta con el apoyo y financiamiento de sectas evangélicas.
Bolsonaro advirtió, acompañado de sus ministros, que el máximo tribunal del país podría sufrir lo que no queremos, además solicitó al Senado que lo impugne. Las promesas de algunos manifestantes de invadir el STF nunca se materializaron, en una imitación al asalto al Capitolio en Washington por los seguidores de Trump el 6 de enero pasado, la hostilidad hacia el Poder Judicial y el Congreso también quedó de manifiesto.
Antes de viajar a São Paulo, Bolsonaro arremetió contra el STF y dijo que la nación ya no puede aceptar encarcelamientos políticos, en referencia a los arrestos ordenados por el juez Alexandre de Morães, a allegados a su gobierno por financiar, organizar, incitar a la violencia y difundir información falsa sobre las instituciones democráticas del país.
Citó que el juez autorizó a la policía retener en el aeropuerto de Brasilia e interrogar a Jason Miller, exasesor del presidente estadounidense Donald Trump, por sus posibles conexiones con los movimientos golpistas en Brasil.
La bronca de Bolsonaro con ese magistrado forma parte de la campaña para intimidar a una corte que se ha distanciado del ejecutivo. Morães incluyó al mandatario en una investigación sobre una «organización delictiva» que divulga fake news desde el «gabinete del odio», dirigido por los hijos del presidente y que funciona en el propio Palacio del Planalto.
Este fin de semana el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, organizó una cumbre de extrema derecha internacional en Brasilia, que contó con la presencia virtual de uno de los hijos de Trump, y en la que hubo comentarios más o menos explícitos sobre el ataque al Capitolio. La noche del lunes se sumó a un grupo de sediciosos brasileños que violó el cordón de seguridad establecido en el centro de Brasilia y avanzó hacia el el Palacio de Justicia amenazando invadirlo y reivindicando un golpe.
“A los que quieren hacerme inelegible les digo: sólo Dios me saca de ahí”, afirmó ante sus seguidores en la emblemática avenida Paulista del centro de São Paulo, y añadió que terminará su mandato muerto o con victoria, pero no preso. Un cartel en la manifestación paulista revelaba la consigna: ‘intervención cívico militar con limpieza de las instituciones‘.
Su canto de sirenas es ahora sobre la fiabilidad de las urnas electrónicas, que funcionan desde 1996 y lo condujeron a él mismo en sucesivos mandatos a la Cámara de Diputados y a la presidencia en 2018. Sus críticas, sin fundamento, hicieron que el Supremo Tribunal Federal (STF) y la justicia electoral abrieran investigaciones en su contra, lo que incrementó sus ataques contra esas instituciones.
El Congreso y los tribunales también resistieron el intento del mandatario de introducir el voto impreso como respaldo de un sistema de votación electrónica que, según él, es vulnerable al fraude. El tribunal electoral sostiene que el sistema es transparente y seguro.
Bolsonaro llegó a decir que convocaría al Consejo de la República, órgano que podría decretar intervenciones en provincias o directamente un estado de sitio a nivel nacional. Pero, al no tener respuestas positivas de los miembros de ese Consejo, retiró la convocatoria.
La prensa internacional se preocupa también por los acontecimientos en Brasil. Las manifestaciones pro Bolsonaro pueden ser el preludio para la tentativa de control de poder, señala The York Times. Los críticos ven en la retórica del presidente desafíos legales, y un paralelo con el del expresidente Donald Trump y se preocupan por cómo Brasil, un país con instituciones más frágiles, enfrentaría un desafío semejante a las instituciones electorales o un ataque como el de enero en la capital de EEUU.
Los ultraconservadores de Bolsonaro fueron a las calle de Brasil para incitar a los escuadrones de la muerte y al golpe, dice The Guardian del Reino Unido. La oposición critica los discursos de Bolsonaro y vuelve a defender la destitución del presidente, criticándolo duramente por las amenazas que lazó al poder judicial y volvieron a defender la destitución del mandatario, señala Jornal de Noticias de Portugal.
El excandidato presidencial del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, sostuvo que las palabras de este 7 de setiembre del exmilitar son más que suficientes para abrirle un proceso de impeachment (juicio político).
Con la marcha del martes Bolsonaro aumentó su desgaste. El temor a acciones violentas, a algún tipo de invasión del Capitolio en Brasil, no se plasmó en los hechos. El mismo centroderechista PSDB, el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, convocó una reunión para discutir la posibilidad de hacerle un juicio político a Bolsonaro.
Juraima Almeida es investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).