El fraude de las emisiones de gases de Volkswagen produce estupefacción. Un buque insignia de la industria de un país que da lecciones de probidad y seriedad urbi et orbi comete una sarta de abusos gigantescos: 1) a los clientes, que compran coches con más emisiones y gasto de combustible que el publicitado; 2) a […]
El fraude de las emisiones de gases de Volkswagen produce estupefacción. Un buque insignia de la industria de un país que da lecciones de probidad y seriedad urbi et orbi comete una sarta de abusos gigantescos: 1) a los clientes, que compran coches con más emisiones y gasto de combustible que el publicitado; 2) a las poblaciones, condenadas a respirar aire más contaminado de lo previsto; 3) a las autoridades públicas, burladas en las normativas sanitarias. Por si fuera poco, hay que añadir otra víctima: 4) los trabajadores de la corporación en todos los países donde tiene factorías (y los miles y miles de proveedores externalizados que trabajan en exclusiva para VW) que son tomados como rehenes para hacer chantaje a los gobiernos -amenazando con cierres masivos- tratando de esquivar las multas millonarias anunciadas.
El caso es demasiado grave, amplio y vergonzoso para que pueda ser pasado por alto como «un fraude más «. Exige respuestas contundentes. Por ejemplo, la incautación de todos los activos del grupo y el procesamiento de la más alta dirección. Hay dos prioridades: el ejercicio de la justicia y la preservación de los puestos de trabajo, aparte de las medidas para corregir los dispositivos fraudulentos de los vehículos. En Alemania, la empresa ha conseguido reunir una asamblea con cientos de trabajadores dispuestos a apoyar a los directivos por temor a perder su empleo. Es esta amenaza lo que supone un chantaje odioso, con los gobiernos como destinatarios y los trabajadores del grupo como víctimas. Este apoyo sólo favorece a los asalariados a costa de convertirlos en cómplices de los directivos tramposos, y por eso no es una solución aceptable. Los sindicatos, los partidos democráticos y los movimientos sociales dispuestos a luchar por el saneamiento de la vida pública deben tomar la iniciativa para evitar que se consolide una alianza entre asalariados y dirigentes y para que se adopten medidas adecuadas y no salidas en falso. Se deben estudiar fórmulas para evitar que la corrección del desaguisado descapitalice la empresa y lance al paro a los empleados de la corporación -cosa nada fácil porque alguien tendrá que pagar al menos algunos de los perjuicios causados. La administración pública, por eso mismo, debe evitar una expropiación que cargue al erario público con las multas y reparaciones que deban pagarse. Debe buscar las fórmulas -confiscación o incautación- que pongan el poder de decisión en manos públicas (a la espera de soluciones más estables, que pueden ser la titularidad estatal o la formación de una o varias cooperativas de trabajadores) sin sacrificar el capital del grupo. De paso, esto podría ser una buena ocasión para reconvertir al menos una parte del grupo en talleres para fabricar aerogeneradores o vehículos eléctricos u otras líneas ecológicamente más sostenibles, que ofrecerían productos para un mercado emergente.
No hace falta ser adivino para afirmar que esto no ocurrirá. Los estados afectados son todos ellos sirvientes leales del gran capital. Harán lo mismo que hicieron con la banca en riesgo de quiebra: poner dinero público para sortear la situación. Pero las fuerzas democráticas no pueden ni deben resignarse a este tipo de salida. Deben coordinarse (también a escala supranacional), estudiar el caso en detalle y ofrecer a la opinión pública alternativas constructivas que no sacrifiquen ni puestos de trabajo, ni dinero público ni la dignidad de la sociedad. Y articular un combate político generalizado para ganar la partida. Nos jugamos mucho en ello.
La estupefacción que produce el caso nos alerta de hasta dónde están dispuestos a llegar los grupos capitalistas, incluso los que parecen más sólidos, para asegurarse tasas de ganancias desorbitadas. Porque también en este caso, como en el de la banca privada deseosa de grandes beneficios con la burbuja inmobiliaria, el factor desencadenante ha sido el afán desmedido de lucro. Nos alerta también de hasta qué punto están dispuestos a jugar fuerte, confiando en la complicidad servil de los gobiernos. O la sociedad derrota el capitalismo o el capitalismo destruirá la sociedad.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.