La ruptura de la negociación tripartita para determinar los ajustes al salario mínimo para 2009, llevó al gobierno hondureño a decidir de manera unilateral, tal como prevé la ley laboral, un aumento del 60 por ciento. La reacción del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) no se hizo esperar, desatando una ola de recursos de amparo y despidos que provocaron la reacción de las centrales sindicales y las principales organizaciones sociales.
Miles de hondureños se volcaron nuevamente a la calle, esta vez para defender el derecho de las y los trabajadores a gozar de un salario digno y protestar contra la decisión de la empresa privada de recurrir judicialmente contra el aumento del salario mínimo, desatando al mismo tiempo una fuerte embestida contra los trabajadores organizados.
Según informó a Sirel el coordinador del Bloque Popular de Honduras (BP), Erasto Reyes, «En octubre pasado comenzaron las negociaciones entre empresa privada, gobierno y centrales obreras para definir el aumento del salario minimo, pero en diciembre se rompieron las pláticas porque el COHEP insistía en un congelamiento de los salarios, mientras que los trabajadores pedìan un aumento del 25 por ciento, es decir el doble de lo que históricamente han sido los aumentos en los últimos 15 años».
Al no haber acuerdo, la ley laboral define que el gobierno debe decidir la magnitud del aumento, y en ese caso, el presidente Manuel Zelaya emitió el decreto ejecutivo 374-08 con el que aumentó el salario mínimo en un 60 por ciento, «para recuperar el poder adquisitivo perdido durante el último año».
«El salario mínimo pasó de 201 dólares a 291 dólares en el área urbana, mientras que en la rural el aumento elevó el salario a 215 dólares -dijo Reyes-. El único sector que quedó afuera fue el de la maquila, ya que las negociaciones comienzan en febrero próximo».
«Esta medida ha sido motivo de gran satisfacción para la población -continuó-, y aunque no logre todavía cubrir el costo total de la canasta básica, que el Banco Central estima en 339 dólares, es algo que viene a mejorar la situación muy difícil en que vive la mayoría de la población».
Empresa privada llora miseria
Frente a esta situación, ya son 78 las empresas que han decidido rechazar esa decisión del gobierno y que, a partir del 12 de enero, interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) igual cantidad de recursos de amparo con suspensión del acto reclamado, para dejar sin valor el contenido del decreto ejecutivoataca
Sin embargo, la Sala Constitucional de la CSJ resolvió declarar admisibles los recursos de amparo interpuestos por las primeras diez empresas, pero sin suspensión del acto reclamado, lo que significa que el decreto ejecutivo continúa vigente.
Según fuentes ligadas al COHEP, se especula que serían 200 más los recursos que se van a presentar en los próximos días. Y si eso fuera poco, la empresa privada comenzó una ofensiva frontal al despedir un sinnúmero de trabajadores, amenzando con dejar sin trabajo a más de 20 mil personas durante los primeros meses del corriente año.
«A partir de enero los patronos han comenzado a despidir trabajadores con el argumento de que no pueden pagar esa cantidad de dinero y que deben reestructurar sus actividades. Las oficinas del Ministerio del Trabajo están llenas de reclamos de los trabajadores pidiendo el reintegro o el pago de prestaciones. Entre diciembre y la primera quincena de enero -explicó el coordinador del BP- estamos contabilizando unos 15 mil trabajadores despedidos por la crisis que está afectando al sector maquila y como resultado de las medidas represivas que ya están tomando los empleadores. Nosotros estamos orientando a todos los trabajadores para que no acepten el pago de prestaciones, sino que exijan el reintegro».
Erasto Reyes denunció también que muchos empleadores están chantajeando a los trabajadores, tratando de convencerlos de aceptar salarios por debajo del establecido por la nueva tabla de salario mínimo.
Centrales sindicales y organizaciones sociales se movilizan
La movilización masiva que llenó las calles de las principales ciudades de Honduras es una primera respuesta del pueblo organizado al intento de la empresa privada de desconocer los aumentos salariales y reprimir a los trabajadores.
En los días pasados la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), la Central General de Trabajadores (CGT), la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) y el Bloque Popular (BP), presentaron su posicionamiento político frente a lo que está ocurriendo en el país.
Según una nota que circuló a nivel nacional e internacional, estas organizaciones pidieron «el estricto cumplimiento del decreto presidencial 374-08; que la Corte Suprema de Justicia no admita ningún recurso de amparo o impugnaciones de la empresa privada y de cámaras de comercio que distorsionen o tergiversen la aplicación del aumento al salario mí nimo; que la Secretearí a del Trabajo y Seguridad Social no se preste a las presiones o manipuleo del empresariado; que los trabajadores no se dejen coaccionar para negociar salarios menores a lo establecido en el decreto, rechazar despidos injustificados, suspensiones de contratos individuales de trabajo o pago de prestaciones propuestos por los representantes de las empresas, exigiendo su estabilidad y reintegro a sus puestos de trabajo», señala la nota.