Las reacciones y los análisis observables en los distintos medios de comunicación y en las redes sociales sobre los resultados de las elecciones presidenciales de Ecuador, realizadas el pasado 15 de octubre (2023), son distintas, según se refieran al triunfo de Daniel Noboa o a la pérdida de Luisa González.
La coincidencia generalizada sobre Noboa fue que nuevamente se derrotó al “correísmo” y ese contentamiento incluso predominó sobre la consideración de que triunfó el modelo de economía empresarial neoliberal-oligárquico, al que no se lo ve directamente como elemento definidor, ya que se lo entiende como opuesto al “socialismo del siglo XXI”, cuyo “horror” lo encarnan Cuba, Nicaragua y Venezuela, países a los que nos iba a conducir el “correísmo”.
Así es que la preocupación mayor está en el amplio sector social que apoyó la candidatura de Luisa, quien logró el 48% de las votaciones y que, en definitiva, es la otra “mitad” del país, pues Noboa triunfó con el 52%. Sin embargo, puede contraponerse los datos: el nuevo presidente ganó en la Sierra, en 4 de las 6 provincias amazónicas, Galápagos y los votantes migrantes de Norteamérica, África y América Latina; mientras Luisa triunfó en la Costa (excepto 1 provincia), 2 provincias orientales y entre los migrantes de Europa, Oceanía y Asia (www.cne.gob.ec). El eje social del apoyo a Noboa provino del alto empresariado, los grupos económicos, las capas ricas, los medios de comunicación vinculados a esos intereses y las clases medias pertenecientes a sus posiciones. Se juntaron todos los partidos del “centro” a la derecha para derrotar al correísmo. Y, sin duda, se contó con el respaldo internacional de las derechas continentales. El hecho de que en las votaciones se demostró un indudable respaldo de clases medias y populares que han sido víctimas de la economía neoliberal, no oculta que, desde la perspectiva sociológico-histórica, Noboa no las representa, pues responde a las clases dominantes del país.
La candidatura de Luisa González tenía que enfrentar a fuerzas poderosas, capaces de liquidar cualquier proyecto político que se les opusiera. Fue respaldada no solo por el correísmo, al que se le reconoce un voto “duro” que oscila entre el 30-35% de los electores, sino también por el amplio espectro del progresismo ecuatoriano, integrado por clases medias, empresarios pequeños y medianos, trabajadores, sectores indígenas y populares. Desde luego tuvo el patrocinio de la Revolución Ciudadana, la fuerza política más organizada y sostenida en el país, que ha sufrido el peso de la persecución, tiene líderes asilados en otros países (incluido Rafael Correa) y ha debido obrar bajo condiciones institucionales adversas. La Revolución Ciudadana también alcanzó, hasta el momento, 52 de las curules a la Asamblea Nacional, constituyéndose así en la primera fuerza parlamentaria. Tiene, además, varios alcaldes, prefectos y miembros de gobiernos seccionales significativos, fruto del triunfo electoral del 5 de febrero (2023). Sin duda, también ha contado con el respaldo ideológico de las izquierdas latinoamericanas. De manera que de ningún modo es despreciable la “pérdida” electoral, que desarticula todos aquellos análisis que han supuesto la muerte del correísmo, la debilidad de su proyecto o el fin de su “líder máximo”. Igualmente tocará evaluar (sin ser lo esencial) las cuestiones de marketing político, en un ambiente social en el cual obran los medios audiovisuales, electrónicos, el internet y la inteligencia artificial, así como la publicidad técnicamente elaborada. Y posiblemente no hubo el tiempo aprovechable para que crezca el apoyo electoral a Luisa, que después del debate de segunda vuelta logró llevar una campaña que demostró sus propias fortalezas.
Pero al menos hay dos factores que, precisamente desde la perspectiva socio-histórica, explican la pérdida electoral de Luisa. A la cabeza se ubica el anticorreísmo, un asunto ideológico que es comparable con el anticomunismo de las décadas de 1960 y 1970 o con el antialfarismo de la época de Eloy Alfaro a inicios del siglo XX. En sus orígenes, esa ideologización deriva de las posiciones políticas de las clases que integran el bloque de poder y que ha sido especialmente fomentada y difundida a diario por los grandes medios de comunicación hegemónicos. Se adhieren a esa ideología el clasismo y el racismo tradicionales de las elites sociales del país, que también inundan el estatus conservador de otras capas. Y todo ello adquirió la fuerza suficiente para captar votantes de distinto origen. Desde filas opuestas, también han coincidido en el anticorreísmo una serie de líderes de la derecha indígena y sindical, así como algunos grupos y personalidades autoidentificados como izquierda auténtica y verdadera, que postularon, sin éxito, el voto nulo. De modo que circulan ideas que van desde mitos disparatados (por ej. el correísmo se “llevó” 70 mil millones de dólares), las acusaciones indiscriminadas de todo tipo atribuibles a los “correístas”, supuestos vínculos con el narcotráfico y, en plena campaña electoral, pretender atribuir al “gobierno de Correa” el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia.
Comparativamente, mientras en Argentina, por Decreto Ley 4161 del 5 de marzo de 1956, quedó prohibido (bajo pena de prisión) utilizar imágenes, símbolos, signos, expresiones, doctrinas, artículos y obras artísticas, representativas del peronismo y se proscribieron vocablos como «peronismo», «peronista», » justicialismo», «justicialista», «tercera posición», así como referencias a las personas de Juan Domingo Perón y Eva Perón, en Ecuador no se requirió de algo semejante, porque el anticorreísmo ha actuado desde el Estado, a través de la presidencia de la república con Lenín Moreno (2017-2021) y su sucesor Guillermo Lasso (2021-hoy), como por medio de la fiscalía, la contraloría y aquellos jueces que han servido de instrumentos para la persecución a los “correístas”, término con el que incluso se califica a todo opositor político.
El otro elemento que ha resultado determinante es la falta de unidad de las clases medias y populares ante el bloque de poder unificado que presentan las clases dominantes, y la ausencia de vínculos orgánicos entre la Revolución Ciudadana y los movimientos sociales más importantes, como el indígena, sindical, feminista y ecologista. Aquí las “culpas” son mutuas. En distintas entrevistas pude escuchar que se resaltan viejos resentimientos y conflictos que arrancaron en el gobierno de Correa y que aún no se superan, e incluso se cuestionaba el conservadorismo del exmandatario y también de Luisa (por ejemplo, sus coincidentes posiciones personales contrarias al aborto), a pesar de que en las elecciones no estaban en juego comportamientos del pasado y el binomio Luisa González/Andrés Aráuz expresó una nueva generación de liderazgos políticos que, obviamente, reivindicó los logros del gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, suelen predominar las posturas radicales, de modo que se cree que, si no se acogen forzosamente las ideas o proyectos políticos de los movimientos sociales, tal como son presentados y hasta en su totalidad, simplemente no hay acuerdos posibles. En definitiva, son este tipo de rupturas las que parecen haber sensibilizado el voto a favor de Noboa.
Finalmente, una vez que el triunfo fue para Daniel Noboa, pretender que el flamante presidente ejecute un programa de transformaciones ajeno a los intereses de clase que representa, es una utopía que se ha querido lavar con la idea de que solo queda la “resistencia” y la “movilización” populares. Ese camino al calvario debió pensarse con anterioridad. De todos modos, lo que se impone para el futuro de las izquierdas progresistas es lograr la creación de un frente social-popular que se proponga el triunfo electoral en 2025 y, sobre todo, constituirse en un sólido poder histórico capaz de contrarrestar y enfrentar al bloque dominante.
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