Estados Unidos acaba de difundir su reporte anual sobre los derechos humanos en el mundo, ejercicio unilateral del cual Washington es juez, pero no parte, y que apunta a la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH). Pocos países se salvan del dedo acusador de la administración del presidente George […]
Estados Unidos acaba de difundir su reporte anual sobre los derechos humanos en el mundo, ejercicio unilateral del cual Washington es juez, pero no parte, y que apunta a la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH).
Pocos países se salvan del dedo acusador de la administración del presidente George W. Bush, que sin embargo no se mide con la misma vara respecto a las acusaciones de discriminación y explotación de minorías e indocumentados, amén de las torturas en Iraq y Afganistán.
No resulta extraño que Venezuela tenga un capítulo subrayado por el tribunal inquisidor del Departamento de Estado, que sin embargo no puede dejar de reconocer a la voluntad popular para llevar y mantener al presidente Hugo Chávez al frente de los destinos de Venezuela.
El documento calificador, cuestionado y rechazado en muchas capitales del planeta, focaliza en aquellos países a los que Estados Unidos considera enemigos, en particular en el llamado Tercer Mundo.
Pero la visión imperial prevaleciente en la Casa Blanca hace de los derechos humanos un asunto coyuntural, interesado y politizado, de ahí las críticas a naciones tan disímiles en sus vínculos con Washington como México, Colombia, Rusia o China.
Ello de ninguna manera otorga validez u objetividad a una certificación que olvida las carencias de quien la emite, sobre todo si se trata de un país que ocupa por la fuerza a Iraq y, en nombre de la libertad, hace de la tortura un método oficial para objetivos de inteligencia.
La publicación del informe, sin embargo, resulta una preparación artillera de cara a la 61 sesión de la CDH, que el próximo mes comenzará a ser noticia en su habitual sede de Ginebra.
Allí ya comienzan las labores preparatorias de los representantes de naciones que coordinan las comisiones, antesala de la reunión de los 53 países miembros, con fecha de inicio el 14 de marzo.
Será una nueva oportunidad para la repetición de la confrontación Norte-Sur en materia de derechos humanos, en la que los segundos tienen de antemano reservado el banquillo de los acusados, con los primeros como implacables fiscales.
Claro que de los derechos al desarrollo poco se podrá hablar en un planeta donde el Primer Mundo reniega aportar el 0.7 de su Producto Interno Bruto para atajar las insalvables diferencias con la mayoritaria porción humana condenada al subdesarrollo.
Se volverán a hacer discursos sobre los millones de enfermos de SIDA o los otros tantos de niños que carecen de escuela, son obligados a trabajar, o de las féminas condenadas a la explotación sexual y laboral, aunque sin resultados concretos.
También se repetirán los argumentos de uno y otro lado para reformar la CDH, secuestrada por unos pocos países que hacen de su peso económico y militar una razón para mantener el actual «status quo» injusto.
Será difícil esperar entonces que Estados Unidos, que por lo general vota en solitario y en contra de razonables y humanas resoluciones, sea culpado por las torturas en Abu Ghraib, Afganistán o en la base ocupada en el suelo cubano de Guantánamo.
Lo que si debe volver a ocurrir es que Washington haga de la CDH otro capítulo de su política de hostigamiento a Cuba, sobre todo si el silencio cómplice se encarga de olvidar que el territorio de la cárcel estadounidense en Guantánamo es parte del archipiélago cubano.
Están más que documentadas las violaciones a los derechos humanos en ese perímetro enrejado, donde los encarcelados, de más de 30 países, están privados de derechos consulares y legales.
Sólo basta invitar a comparecer a los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyos informes pueden ofrecer a la CDH mucho material para hurgar y sancionar.
El gobierno norteamericano insiste en la condición de «combatientes enemigos» de los cerca de 600 prisioneros en Guantánamo para privarlos de derechos contenidos en una convención, firmada también en Ginebra, respecto al tratamiento de los prisioneros de guerra.
Pero qué esperar de la delegación de Estados Unidos, que antes y probablemente de nuevo incorpore a su «staff» a connotados terroristas de origen cubano, cual protagonistas del «show» repetido contra la Isla.
La confrontación EE.UU-Cuba, entonces, se anuncia inevitable, a despecho de que la mayor de las Antillas aprovecha cada año para incrementar los índices que hablan de los derechos sociales, léase salud, educación, participación popular y otros, de sus poco más de once millones de habitantes.
Ya una vez, pese a lo dispar de la contienda, y bajo los parámetros actuales, La Habana encajó una dolorosa derrota a Washington en la CDH.
Aquella se decidió por votos, y podría volver a repetirse en algún momento, pese a la actual uniporalidad que otorga a Estados Unidos supremacía mundial.
Sin embargo, y a la espera de ese acto de justicia, resulta una vergüenza que la capital estadounidense no pueda ofrecer a la CDH mejores resultados en cuanto a mortalidad infantil respecto a los de la pequeña y asediada isla caribeña. Aunque eso sea un tema de derechos humanos.