El gobierno del presidente Rafael Correa analiza optimizar la eficiencia de los subsidios estatales, que llegan a unos 4.000 millones de dólares, y dirigirlos a los sectores más pobres, se informó oficialmente el miércoles. La ministra Coordinadora de la Producción, Nathalie Celi, dijo a la red de televisión Ecuavisa que el mandatario «nos ha delegado […]
El gobierno del presidente Rafael Correa analiza optimizar la eficiencia de los subsidios estatales, que llegan a unos 4.000 millones de dólares, y dirigirlos a los sectores más pobres, se informó oficialmente el miércoles.
La ministra Coordinadora de la Producción, Nathalie Celi, dijo a la red de televisión Ecuavisa que el mandatario «nos ha delegado un plan de optimización de subsidios. Una vez que ese plan esté diseñado, consensuado y aprobado por el presidente… empezaremos su discusión interna».
Entre los principales subsidios están los 2.000 millones de dólares que el gobierno destina a la importación de combustibles fósiles, 636 millones del subsidio conocido como bono solidario dirigido a los más pobres y un bono para adquirir vivienda de 5.000 dólares por familia.
Los 4.000 millones de dólares representan alrededor del 16,7% del presupuesto total del Estado, que este año fue establecido en 23.950 millones.
Correa dijo días atrás que quiere focalizar el subsidio en los sectores más pobres debido a que la estructura actual beneficia también a quienes tienen más dinero al no haber forma de discriminar a pobres o ricos cuando compran gas o gasolina.
Entre los principales subsidios están los 2.000 millones de dólares que el gobierno destina a la exportación de combustibles fósiles, 636 millones del subsidio conocido como bono solidario y dirigido a los más pobres del país y un bono para adquirir vivienda (5.000 dólares por familia).
Los 4.000 millones de dólares representan alrededor del 16,7% del presupuesto total del estado, que este año fue establecido en 23.950 millones.
El subsidio a la gasolina y al gas de uso doméstico es una cuestión sensible para el gobierno, porque la alteración del precio de cualquiera de esos productos acarrearía una modificación en el valor de los alimentos.