El populista y demagogo presidente Lucio Gutiérrez decretó el viernes el estado de emergencia en esta capital y disolvió la Corte Suprema tras las grandes movilizaciones de la ciudadanía que reclamaban su dimisión desde hace varios días.El jefe de estado, acompañado por la cúpula militar, en cadena nacional expresó que en uso de sus atribuciones […]
El populista y demagogo presidente Lucio Gutiérrez decretó el viernes el estado de emergencia en esta capital y disolvió la Corte Suprema tras las grandes movilizaciones de la ciudadanía que reclamaban su dimisión desde hace varios días.
El jefe de estado, acompañado por la cúpula militar, en cadena nacional expresó que en uso de sus atribuciones constitucionales «declara cesantes a los magistrados de la actual corte Suprema de Justicia, designados por el Congreso», el 8 de diciembre del 2004. «La disposición … fue adoptada debido a que el Parlamento hasta la presente fecha no ha resuelto el tema de la actual Corte Suprema de Justicia, lo cual está generando una grave conmoción nacional y en especial de la ciudad de Quito … que rechaza el funcionamiento de la actual Corte Suprema de Justicia».
En el artículo tres del mismo decreto el jefe de estado declaró «el estado de emergencia» en la capital «con el objeto de paralizar o neutralizar la movilización social que amenaza con desbordarse y terminar con Gutierrez, de la misma forma como ocurriera con De la Rua en la Argentina.
«Consecuentemente, se establece como zona de seguridad el área Metropolitana de Quito, dentro de su jurisdicción y dispone la movilización y los allanamientos que sean necesarias, de acuerdo con la ley», aseveró.
Igualmente se restringen los derechos civiles … y se dispone que la que los aparatos represivos del Estado ecuatoriano, a través del Comando Conjunto de las fuerzas armadas, controle y mantenga el orden constituido».
Los derechos civiles y humanos afectados por esta disposición son: de expresión, movilización, de privacidad y de inviolabilidad de domicilio, por lo cual quedan prohibidas las reuniones, la libertad de expresión, permitiendo además que las autoridades puedan ingresar sin orden judicial a los domicilios particulares y requisar temporalmente los bienes privados.
La decisión del alicaído Gutiérrez debe ser ratificada por el Congreso, que tiene la facultad de levantar el estado de excepción. El jurista, Enrique Echeverría, expresó que Gutiérrez «no tiene facultad para disolver la Corte Suprema … esa Corte solo podría ser cesada por el Congreso, porque esa Corte fue nombrada por el Congreso».
Tras conocer la emergencia, miles de ciudadanos se volcaron a las calles y otros miles protestaban a pie y en vehículos portando banderas nacionales y reclamando a gritos la renuncia de los representantes de los tres corruptos poderes del estado.
«Lucio fuera», «que se vayan todos» gritaban los asistentes a la manifestaciones, mientras en diversos puntos de la ciudad seguían incorporándose personas a las demostraciones públicas haciendo sonar sus bocinas y mostrando pancartas en contra del gobierno y el corrupto mundo político ecuatoriano .
Al rechazo ciudadano al decreto presidencial, de inmediato se sumaron múltiples actores. «He venido a expresar el dolor, a rechazar frontalmente el estado dictatorial que está viviendo la nación», dijo el vicepresidente Alfredo Palacio.
«Demando al presidente, que usted revoque el decreto dictatorial, el país no lo tolera», añadió. El alcalde de Quito, Paco Moncayo, aseguró que «lo que acaba de suceder es inédito, inaceptable. El presidente no puede disolver a la Corte. El presidente no tiene ninguna competencia constitucional y legal para tomar esta decisión».
Añadió que «vivimos una dictadura, desde el ejecutivo. Este decreto desenmascara la dictadura».
El burgomaestre de Guayaquil, Jaime Nebot, aseveró que «una estupidez, no se cura con otra estupidez, dos errores no hacen un acierto, todos los ecuatorianos … queremos que la Corte espuria se vaya pero no puede hacerse mediante un acto dictatorial e ilegítimo».
El ex ministro de Defensa y héroe de guerra, general retirado José Gallardo, convocó a «las fuerzas armadas que desobedezcan al dictador, que no se presten para oprimir al pueblo ecuatoriano, que no manchen con sangre su uniforme».
«Las fuerzas armadas están siedo utilizadas por un desvergonzado que ha arrastrado el honor militar por lo suelos. Pido a las fuerzas armadas que desobedezcan al dictador», agregó.
En diciembre el Congreso, atendiendo un pedido de Gutiérrez, cesó a 27 de los 31 magistrados de la Corte Suprema, lo que de inmediato fue denunciado como una acción inconstitucional por parte de la oposición política. Una de las acciones más controversiales de la nueva Corte fue la anulación de los juicios pendientes de los ex corruptos presidentes Abdalá Abdalá Bucaram, polémico líder populista, y Gustavo Noboa, y del ex vicepresidente, Alberto Dahik.
Gutiérrez, un coronel populista del ejército que intentó dar un golpe de de Estado en enero del 2000, ganó las elecciones dos años después y se posesionó en el poder en enero del 2003 para un período de cuatro años, prometiendo resolver los grande problemas de los ecuatorianos y de los pueblos originarios del país, sin embargo hasta hora, todo ha una quimera.
En el cono sur latinoamericano, los presidentes Lucio Gutierrez del Ecuador Alejandro Toledo de Perú y Carlos Meza de Bolivia; en la medida que han ido aplicando en sus económias el modelo económico ultraneoliberal, ello ha significado el empobrecimiento cada vez mayor de los ciudadanos que viven de un sueldo o un mísero salario. Por otro lado, el modelo económico al igual que en Chile, sólo engendra corrupción y más corrupción, además de grande desigualdades sociales. De allí que éstas actuales administraciones esten siendo seriamente cuestionadas por la movilización social y la lucha de sus pueblos por mejores condiciones de vida, sólo falta la unidad más consistente de las organicaciones y líderes populares, para poner fin a está situación y poder construir democracias y económias al servicio de las grandes mayorías.