El gobierno de Venezuela desmanteló un plan militar previsto para el 23 y 24 de junio y que tenía como finalidad dar un golpe de Estado, que incluía el asesinato del mandatario Nicolás Maduro y liberar al general retirado Raúl Isaías Baduel, detenido desde 2009, para proclamarlo presidente. El presidente Nicolás Maduro confirmó que se […]
El gobierno de Venezuela desmanteló un plan militar previsto para el 23 y 24 de junio y que tenía como finalidad dar un golpe de Estado, que incluía el asesinato del mandatario Nicolás Maduro y liberar al general retirado Raúl Isaías Baduel, detenido desde 2009, para proclamarlo presidente.
El presidente Nicolás Maduro confirmó que se capturó uno por uno
a los implicados en el complot desarticulado «gracias a la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana» y acusó a su par de Colombia, Iván Duque, y al ex mandatario Álvaro Uribe (2002-2010) de ser los responsables de los intentos de asesinato en su contra, lo que Bogotá rechazó horas después.
La denuncia se produjo un día después de que el enviado estadounidense para la crisis venezolana, Elliot Abrams, anunció que el general Manuel Cristopher Figuera, ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), se encuentra en territorio estadunidense para hablar sobre el gobierno bolivariano. El plan develado por el gobierno señala una línea de extremismo criminal y asesinatos selectivos.
Jorge Rodríguez, ministro de Información, explicó que el primer teniente Carlos Lozada Saavedra, alias Tío, fue reclutado para asaltar al parque de armas de los batallones Bolívar y Ayala, además de robar 146 fusiles resguardados en el Banco Central, para después tomar la base militar Francisco de Miranda, en La Carlota. Asimismo, mostró un video con la confesión del teniente Lozada en la que éste asegura que el plan de golpe de Estado se ejecutaba con el respaldo de militares israelíes y estadunidenses.
Posteriormente sacarían a Baduel del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y lo llevarían a las instalaciones de Venezolana de Televisión para proclamarlo presidente de la nación. Baduel fue ministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y fue condenado por corrupción a casi ocho años de prisión; recibió libertad condicional en 2015 y fue encarcelado de nuevo en 2017.
«Estuvimos en todas las reuniones para planificar el golpe de Estado, estuvimos en todas las conferencias», dijo el ministro de Comunicación, al indicar que hubo infiltrados en el complot, que involucraba a oficiales activos y en retiro y debía ejecutarse entre el domingo y el lunes pasados, y afirmó que en que Adolfo Baduel Oyoque, hijo del gneral, reconoció «que había estado conversando con grupos israelíes que participarían en medio del intento de golpe de estado para asesinar a miembros del Gobierno venezolano».
El plan era asesinar a Maduro, a su esposa Cilia Flores y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Además, se pretendía secuestrar al comisario Freddy Bernal, al director del servicio de inteligencia Sebin, Gustavo González López, y al ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, además de «prestar seguridad a Lander«, otra agrupación que actuaría en este plan y cuyo nombre usa el presidente de la Asamblea Nacional (en desacato), Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado
el pasado 30 de abril.
Destacó que Lander tenía la función de detener a Reverol, tomar la Dirección General de Contrainteligencia Militar y tumbar a Guaidó
para que posteriormente Baduel se proclamara jefe del movimiento opositor en Venezuela. Afirmó que este intento de golpe de Estado y el del pasado 30 de abril, que encabezó Guaidó, involucran a los gobiernos de Panamá, Chile, Colombia y EEUU, estos últimos tres como promotores y financistas. Si el plan fracasaba, las naciones trasladarían a Baduel a Colombia.
Rodríguez explicó que detrás de este plan estaba el general retirado Eduardo José Baez Torrealba, quien se encuentra refugiado en República Dominicana, por lo que solicitará su captura a la Interpol.
«Este grupo de militares retirados y policías jubilados financiados por el gobierno de Colombia y desde EEUU hablaban de una matanza. Ellos hablaban de matar 60 militantes de los colectivos y poner bombas para destruir servicios públicos», añadió Maduro. «Son asaltantes del poder, asesinos que quieren llegar al poder sobre la base de un baño de sangre, de un magnicidio», añadió.
Por su parte, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió que desde Colombia se está ejecutando una agresión constante contra Venezuel «El mundo, los organismos multilaterales, los gobiernos del mundo no pueden estar a ciegos; deben estar viendo la agresión permanente desde Colombia, su gobierno alfil del imperio norteamericano», expresó durante un acto de condecoración a los oficiales que cumplen 30 años de servicios.
Mientras, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, en desacato), Juan Guaidó, desestimó las nuevas acusaciones que hizo en su contra, sobre su participación en otro presunto plan de golpe de Estado. Señaló que la administración de Maduro busca «distraer» justo el mismo día que comienza la Asamblea de la OEA en Medellín, y cuando detienen un avión en Dominicana con tres ciudadanos venezolanos que iban a Venezuela con un millón 378 mil dólares en efectivo. ¿Narcotráfico o financiamiento de la oposición? ¿O ambas cosas?
Una agenda trasgresora
Las denuncias evidencian el mantenimiento de una agenda trasgresora por parte de los sectofs radicales de la oposición, que insiste en medios violentos como mecanismo de toma del poder, que no descarta ninguna acción, tanto legal o por operaciones encubiertas, que pareciera contradictoria ante un escenario de negociación y diálogo, adelantado con la anuencia y apoyo del gobierno de Noruega y el Vaticano.
Todo esto -intentos violentos y negociación- deben verse en el contexto de guerra híbrida, multidimensional y compleja, donde mientras el gobierno se sienta a dialogar en Oslo y accede a la visita de la Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanois (Michelle Bachelet), sectores importantes de la oposición planean asesinatos políticos destinados a colapsar el sistema político.
La meta de esos sectores parece ser mantener la turbulencia social, con la afectación de los servicios públicos (agua, luz, transporte, gasolina) buscando derivar en un estado de situación que justifique una ola de violencia ilimitada. Paralelamente el esfuerzo opositor es penetrar y fracturar las estructuras castrenses (alentando deserciones y traiciones) para debilitar la contención de la violencia inducida que justifique un gobierno paralelo, al estilo libio.
La oposición radical ha contado con el apoyo y financiamiento no solo de Estados Unidos, sino también de Colombia, Chile, Panamá y Perú. Los escándalos de corrupción en filas del autoproclamado Juan Guaidó, dejaron en claro que millones de dólares aportados para la «ayuda humanitaria» por gobiernos y particulares, ha ido a parar a la cuentas privadas de supuestos dirigentes, afines a los planes de Washington y Juan Guaidó.
Este jueves, el ultraderechista expresidente colombiano Álvaro Uribe ( mentor del actual mandatario Iván Duque) señaló que Venezuela necesita una «salida de fuerza» y no diálogo y dijo que incitar un levantamiento militar contra el gobierno chavista «no es provocar un golpe de Estado, es provocar un restablecimiento de la democracia». Amén.
Victoria Korn: Periodista venezolana asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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