Tres jueces revocaron la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, pero la Corte Nacional de Justicia calificó la actuación como “error inexcusable”.
En Ecuador, la independencia judicial no debería ser un principio abstracto ni un cliché democrático: debería ser el último dique que impida que el poder político se convierta en juez y parte. Ese dique, sin embargo, se ha resquebrajado a vista y paciencia de todos, y el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, es el ejemplo más claro y alarmante de cómo se puede direccionar un proceso judicial hasta vaciarlo de legitimidad.
El 2 de abril de 2026, tres jueces de la
Sala Especializada Penal Anticorrupción de Pichincha, Silvana Velasco,
Byron Uzcátegui y Wiler Chóez resolvieron, de manera unánime y
fundamentada, revocar la prisión preventiva de Alvarez y sus hermanos en
el denominado caso Goleada.
No inventaron derecho: aplicaron el que
está escrito. Analizaron la falta de elementos suficientes para sostener
una estructura de delincuencia organizada en esa etapa procesal y
ordenaron medidas alternativas. Era una decisión de derecho, no de
conveniencia política.
La respuesta del sistema no se hizo esperar. La Corte Nacional de Justicia calificó la actuación como “error inexcusable”. El Consejo de la Judicatura, el 27 de julio, los suspendió preventivamente por hasta 90 días sin sueldo, abriendo la puerta a una posible destitución. Y, como si eso no fuera poco, se anunció una investigación penal en su contra.
Todo esto mientras el propio juez Uzcátegui, en su primera declaración pública el martes 4 de agosto, denunciaba presiones previas, incluida la imposición de un viaje forzado a Panamá el mismo día de audiencias programadas, y advertía que la unidad anticorrupción quedaba operativa al 50 %.
No es casualidad, tampoco es una coincidencia aislada. Alvarez enfrenta simultáneamente los casos Goleada, Triple A y el proceso por el grillete electrónico, en el que ya fue condenado a tres años de prisión. La multiplicidad de frentes, la velocidad selectiva de las resoluciones adversas y la inmediatez con que se castiga a los jueces que se apartan del guión oficial, configuran un patrón de direccionamiento. Cuando un tribunal resuelve en derecho y es castigado, y cuando los jueces que quedan son aquellos que entienden que conviene alinearse, la independencia deja de existir.
La historia reciente de Ecuador está llena de advertencias. Cada vez que el poder logra subordinar a la Función Judicial, el resultado es el mismo: erosión de la seguridad jurídica, fuga de inversión, desconfianza ciudadana y, a la larga, debilitamiento de la democracia misma. Hoy, con la suspensión de los jueces anticorrupción que se atrevieron a decidir en derecho, y con el alcalde de la ciudad más importante del país rodeado de procesos que parecen orquestados más por el calendario político que por pruebas fehacientes, el país está frente a una de esas alertas.
La independencia judicial no se defiende con discursos. Se defiende dejando que los jueces resuelvan sin miedo a ser destituidos, sin viajes forzados y sin sumarios disciplinarios que funcionan como advertencia. Mientras eso no ocurra, seguiremos teniendo un sistema que, en lugar de administrar justicia, administra lealtades. Y eso, en cualquier democracia que se precie de serlo, es inaceptable.