La última llamada del autoproclamado presidente venezolano, Juan Guaidó, para protestar en el marco de lo que denomina «Operación Libertad», realizada el sábado 5 de abril, no fue muy concurrida. Evidentemente su poder de convocatoria ha venido disminuyendo. El derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro, que parecía inminente en el mes de enero, hoy parece lejano. […]
La última llamada del autoproclamado presidente venezolano, Juan Guaidó, para protestar en el marco de lo que denomina «Operación Libertad», realizada el sábado 5 de abril, no fue muy concurrida. Evidentemente su poder de convocatoria ha venido disminuyendo. El derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro, que parecía inminente en el mes de enero, hoy parece lejano. El sorprendente ascenso de Guaidó ya parece debilitado.
Es lógico el reflujo de la oposición en las calles. Las expectativas generadas a comienzos de año sólo podían mantenerse si sus acciones, y especialmente las de Estados Unidos, producían divisiones internas en el chavismo y ejercían una presión terminal. Al día de hoy, nada de esto ha pasado. El chavismo tampoco tiene mucha capacidad de convocatoria, aunque la que conserva parece suficiente para atrincherarse e impedir cualquier acción sorpresa.
A pesar de ello, en Venezuela siempre se abren nuevos escenarios. Las protestas por agua y electricidad del 31 de marzo llegaron a la periferia del Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo, y fueron llevadas a cabo en sectores controlados por el chavismo, como el oeste de Caracas. Mientras tanto, el llamado de la oposición, el fin de semana pasado, se circunscribió únicamente al este de la ciudad, donde viven la clase media y alta, lo que significó un reconocimiento de la incapacidad para movilizar masas en las zonas populares.
Las protestas populares por electricidad y, especialmente, por agua no respetaron los límites geopolíticos de la ciudad. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que hay masas populares descontentas que pueden salir a protestar contra el gobierno y por demandas concretas. Segundo, que la oposición no ha podido articularlas en su plan de movilizaciones.
El desplante de Washington
La situación paradójica que sufre la oposición puede ilustrarse con el debate en torno al artículo 187 de la Constitución, que ha mantenido las expectativas de una intervención militar de Estados Unidos. Esta viene a ser la última esperanza del antichavismo, una vez que, pese a las presiones, los militares han mostrado lealtad a Maduro. Hasta ahora las amenazas y sanciones del gobierno estadounidense no han sido suficientes para hacerlos cambiar de opinión.
El artículo 187 permite el ingreso de tropas extranjeras para eventos o situaciones concretas. Los sectores más radicales piden activarlo para permitir una intervención militar de Estados Unidos. Pero pocas horas antes de la activación de la Operación Libertad, el enviado de Donald Trump para Venezuela, Elliott Abrams, echó un balde de agua fría sobre estas intenciones y el 4 de abril, en entrevista con Radio Caracol de Colombia, indicó que consideraba «muy prematuro» activar dicho artículo: «No creo que en Europa, América Latina, Canadá o Estados Unidos estemos pensando en este momento en una reacción militar».
A partir de allí, Guaidó ha tenido que desdecirse de algunos de sus discursos. Días antes, el 30 de marzo, había asegurado en Los Teques, capital del estado Miranda: «Claro que vamos a invocar el artículo 187». Pero el sábado 5 de abril tuvo que hacer una lectura crítica de quienes pedían esa acción, y abrió un nuevo flanco interno relacionado con los derechos de los trabajadores públicos, además de que impulsó las protestas en demanda de agua y electricidad. Es decir, ha redefinido su estrategia, corriendo el foco del corto al largo plazo. Esa es la peor noticia para la oposición, que corre el riesgo de dividirse nuevamente.
Para entender la importancia actual de ese artículo constitucional, hay que seguir la lógica discursiva de los sectores opositores más radicales, incluido el partido de Guaidó, Voluntad Popular. Estos grupos consideraron que era suficiente con que el presidente del parlamento se autoproclamara presidente para que el gobierno de Maduro se disolviera. En esa línea, una vez pasados dos meses y medio desde la autoproclamación y en vista del debilitamiento de esa jugada política, creen que convocar una intervención desde la Asamblea Nacional permitirá la entrada automática de los marines. Por ello, la sinceridad de Abrams disparó directo a la autoestima de la revuelta de Guaidó. Diferentes medios de derecha, como Panam Post, han declarado cosas como: «Maduro derrota a Trump, Abrams anuncia la rendición».
Encrucijada opositora
Con las expectativas por el suelo, y el reconocimiento de no tener fuerzas reales para llegar a Miraflores, las movilizaciones se vuelven hervideros de malestar que terminan dividiendo a la oposición. Por un lado, se ubican los radicales que quieren redoblar las apuestas y, por el otro, los que asumen la derrota como modo de sincerar una ruta de salida que incluya al chavismo. La espiral de silencio que logró asentar el centro de poder de Miami en las redes sociales impide que los opositores de centro y moderados puedan desarrollar discursos y estrategias de negociación sin ser víctimas de un linchamiento virtual, que los acusa de «entreguistas» y «colaboracionistas con el régimen». Esta división no es sólo política, sino también electoral, porque los partidos moderados gobiernan las regiones opositoras. Así que el definitivo fracaso de Guaidó no sólo podría ser una derrota más, sino una que deje a la oposición sin capacidad de acudir unida a unos eventuales comicios, en caso de que triunfen las apuestas más moderadas de la comunidad internacional que piden nuevas elecciones presidenciales.
La redefinición de la estrategia opositora se volvió urgente para Guaidó luego de que todo su discurso se centrara en la salida inminente de Maduro, la entrada de los marines y el apoyo militar de Brasil y Colombia. Una vez descartadas esas opciones, recae sobre su liderazgo la imposibilidad de cubrir las expectativas. El presidente de la Asamblea Nacional, formado políticamente en Estados Unidos y Serbia, no tiene estructura sólida que le permita mantenerse a flote una vez pasado el vendaval: su partido está ilegalizado; sus compañeros, presos o exiliados; no tiene un despacho conocido y se encuentra inhabilitado para ejercer funciones públicas. Por si fuera poco, ahora depende de los partidos opositores que desde hace años plantean un encare diametralmente opuesto ante la crisis, centrada en el diálogo, la negociación y las elecciones.
Es decir, la apuesta radical impulsada por los republicanos del norte se basó en hacer un llamado a la abstención, desconocer los resultados electorales y poner toda la carne en el asador del 10 de enero (fecha de juramentación de Maduro). La otra oposición consideró que toda la fuerza debía ser puesta el 20 de mayo de 2018 (día de las elecciones presidenciales) y prepararse ante un eventual desconocimiento de Maduro del triunfo opositor. Finalmente, los radicales ganaron la interna y desconocieron el escenario electoral. Ahora, con el desplante de Abrams, queda abierta la pregunta sobre la pertinencia de la estrategia utilizada: ¿tuvo sentido que el grueso de la oposición dejara de asistir al evento electoral del 20 de mayo pasado, en el que lucía matemáticamente vencedora?
Apagones
Según un editorial de la revista digital venezolana Supuesto Negado, 2018 fue el año del colapso de los servicios públicos. A diferencia de 2016 y 2017, ese año el hambre pudo ser mitigada gracias a las remesas de la emigración y al programa del gobierno para la distribución de comida a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. La escasez de alimentos y las largas colas por comida fueron desplazadas por la liberalización de la economía que tuvo que aplicar Maduro y que hizo que, con altos precios, se mantuvieran llenos los anaqueles. Pero no sucedió así con los servicios públicos proveedores de agua, electricidad, Internet y gas. Maracaibo, la segunda ciudad del país, así como muchas otras regiones, pasaron largos días sin electricidad ni agua.
Lo nuevo de los apagones de 2019 es que por primera vez afectan la ciudad de Caracas, que siempre tuvo privilegios en cuanto a la distribución de carga eléctrica. La falta de electricidad produce escasez de agua debido a la paralización de las turbinas y de todo el sistema de bombeo. También afecta la distribución de gasolina y vuelve extraordinaria la cotidianidad.
El gobierno ha sido enfático en señalar que este apagón fue provocado por diversos ataques electromagnéticos y mecánicos desarrollados desde el exterior del país y desde las inmediaciones del Guri, la represa termoeléctrica que genera el 80 por ciento de la electricidad del país. De esto no ha mostrado ninguna prueba fehaciente, aunque no parece casual que este apagón general se haya producido en medio del avivamiento de las presiones internacionales que por diversas vías aplica Estados Unidos y sus aliados: sanciones internacionales, ingreso forzoso de ayuda humanitaria, autojuramentación de Guaidó. Al mismo tiempo, el gobierno también ha aceptado su responsabilidad, en la medida que ha removido al ministro de Energía Eléctrica, el general Luis Motta Domínguez.
El gobierno de Maduro, mientras blinda la energía en la capital y gestiona por medio de un plan de racionamiento energético el resto de las regiones, va controlando la situación. Pero las protestas ocurridas en barrios chavistas y cercanas a Miraflores, la sede de gobierno, hacen pensar que un nuevo apagón general puede provocar manifestaciones disruptivas. ¿Puede la oposición aprovechar esta situación de colapso y generar un acontecimiento de impacto? Eso lo veremos las próximas semanas.
* Ociel Alí López es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ganó el Premio Municipal de Literatura otorgado por el municipio Libertador de Caracas por su libro ¡Dale más gasolina! Chavismo, sifrinismo y burocracia (2015) y la beca internacional Clacso/Asdi para jóvenes investigadores (2004). https://brecha.com.uy/