El año 2012 será decisivo para conocer el resultado de los Habeas Corpus o Apelaciones Colaterales presentados por Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y René González, cinco cubanos presos arbitrariamente en territorio estadounidense. De la jueza Joan Lenard, la que los sentenció a excesivas e injustas condenas, depende la respuesta. Nuevas pruebas […]
El año 2012 será decisivo para conocer el resultado de los Habeas Corpus o Apelaciones Colaterales presentados por Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y René González, cinco cubanos presos arbitrariamente en territorio estadounidense. De la jueza Joan Lenard, la que los sentenció a excesivas e injustas condenas, depende la respuesta. Nuevas pruebas no disponibles o que no se conocían en el momento en cual fueron juzgados, y las violaciones de carácter constitucional cometidas durante el proceso judicial, motivaron el pedido de Los Cinco.
Y aunque existe un elemento común para todos, cada solicitud contiene -a su vez- detalles de violaciones específicas, lo que propicia disponer, técnicamente, de un caso mucho más fuerte y sólido. Miguel Álvarez, asesor del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón, y estudioso de este proceso judicial, actualizó en diálogo con la AIN los fundamentos de estas apelaciones. «Comenzaremos por precisar el aspecto que se repite en cada uno, y es lo relacionado -como se sabe- con el pago a los periodistas por parte del gobierno de EE.UU.. «Ese argumento, aclaró Álvarez, es primordial para cuatro de ellos, porque en el caso de Gerardo, su petición se basa -además- en otras evidencias».
Ya es conocido: durante el juicio la defensa denunció cómo los periodistas acosaban a los testigos; la propia jueza se quejó en la corte de que estaban intimidando a los miembros del jurado, pero en aquel momento no se sabía que esos personajes estaban siendo pagados por el gobierno. «Recordemos, señaló, que el proceso fue en 2001 y no es hasta 2006 que sale la primera informacion de esos desembolsos, los cuales se ejecutaban por medio de radio y televisión Martí. «O sea, ese es un elemento completamente nuevo, que se descubrió y aporta sólidos argumentos a las apelaciones. «Y es que como ha denunciado Alarcón, mientras se supone que el gobierno debe velar porque se haga justicia, en vez de ello gastaba centenares de miles de dólares del presupuesto federal para pagar a esos empleados de Miami, por hacer una tremenda campaña contra Los Cinco».
No olvidemos que tres jueces de la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito de Atlanta calificaron el ambiente del juicio, creado por esos llamados reporteros, como una tormenta perfecta de prejuicios e ilegalidad.
-¿Y realmente son periodistas? -En el sentido etimológico de la palabra hay que aceptar que sí, lo son», respondió Álvarez. «Por ejemplo, Pablo Alfonso era del Nuevo Herald, y cobró -durante ese período, que se conozca, porque todavía no está toda la información- 260 mil dólares. «O Encinosa, conocido terrorista, quien estaba empleado en el diario de Las Américas, como tal. «En esto se debe destacar, añadió Álvarez, el excelente trabajo realizado por el Comité Free The Five, y de una organización de derechos civiles en Estados Unidos, muy activa y que muy seriamente se dedicó a buscar y a obtener decenas de miles de páginas con las nóminas y los escritos de los periodistas, y esto ha entrado a formar parte -por supuesto- de la apelación de Los Cinco. «En cualquier país del mundo, advirtió, con estos elementos el proceso se declara nulo. «Incluso, en los propios Estados Unidos esa actuación se califica, jurídicamente hablando, como mala conducta del gobierno, y constituye causal que anula de inmediato un juicio».
Como ha declarado Alarcón, «lo que se sabe hasta ahora de esa sucia operación es sólo la punta del iceberg».
Todavía hoy las organizaciones de la sociedad civil norteamericana que sacaron a la luz el contubernio entre las autoridades y los periodistas, libran una lucha ante los tribunales para obligar al gobierno a revelar toda la documentación oculta. La jueza debió anular el juicio y disponer la inmediata liberación de Los Cinco. Ahora tendrá que decidir. Su obligación es hoy, ética y legalmente, ineludible. Esta evidencia, a la que se suman otras violaciones particulares de cada caso, demuestra que este proceso nada tuvo que ver con la justicia, todo fue solo una operación política orquestada para proteger a los terroristas de Miami, a los que mucho debe el gobierno de EE.UU. (AIN)