Bertolt Brecht escribía desde el exilio: «Verdaderamente, vivo en tiempos sombríos./ Es insensata la palabra ingenua. Una frente lisa/ revela insensibilidad. El que ríe/ es que no ha oído aún la noticia terrible,/ aún no le ha llegado. ¡Qué tiempos éstos en que/ hablar de árboles es casi un crimen/ porque supone callar sobre tantas […]
Era 1938, pero podría ser hoy. Mientras campesinos, indígenas y otras víctimas del llamado «progreso» protestan por sus derechos más elementales -a sus tierras y territorios, a sus semillas, a sus recursos, a vender sus productos en un espacio público-, los de arriba responden con cinismo y violencia inusitada, como si estas demandas fueran un insulto. Como si campesinos e indígenas no formaran parte del «público» de los espacios públicos. Personajes que recuerdan un híbrido de niños ricos con dictadores del Cono Sur se pavonean en los medios afirmando que son los pobladores los que ejercen «violencia», no los miles de efectivos armados que lanzan contra ellos. Otra vez, como en épocas de Brecht, quienes hablan de paz significan guerra.
Hoy hablar de árboles -o de flores- es nombrar alevosías. Sobre todo cuando los bosques y los recursos naturales son codiciados por las grandes empresas madereras, petroleras, mineras y están en los territorios de los pueblos originarios o de comunidades locales que los cuidan hace décadas o siglos.
El 29 de abril, decenas de indígenas taromenane, de la nación huaorani, fueron masacrados en su propio territorio en el Parque Nacional Yasuní, Ecuador, por madereros que explotan sus bosques. Según la organización Acción Ecológica, «la intensa y violenta explotación forestal en el Parque Nacional Yasuní se ha realizado durante años a vista y paciencia de la policía, funcionarios de medio ambiente y militares. Los camiones cargados de madera recorren impunemente vías fluviales y terrestres y atraviesan el campamento militar. Las masacres y muertes son repetitivas. En 2003 fueron asesinados decenas de taromenanes. Todo apunta a la mano de los intereses madereros. Desde entonces nada se ha hecho de oportuno y pertinente para evitar este genocidio». Hasta mayo de este año sólo había una respuesta de las madereras pidiendo «protección» contra las agresiones indígenas y mayores incentivos para sus actividades, a las que llaman «sustentables», con el aval de grandes ONG conservacionistas.
El 11 de mayo, Juan Patricio Marileo, mapuche preso en Chile por defender el derecho a su territorio ancestral, fue trasladado de la cárcel de Angol a un hospital en estado crítico por una huelga de hambre que lleva 60 días junto a otros tres luchadores mapuches. Fueron condenados a 10 años de cárcel bajo la ley anti-terrorista, instaurada en el tiempo de Pinochet, pero que los gobiernos posteriores han aprovechado para golpear a indígenas y campesinos favoreciendo la invasión de madereras e hidroeléctricas en sus territorios. Las manifestaciones de solidaridad con los presos políticos mapuches han sido reprimidas brutalmente. Ese mismo día detuvieron en Santiago a 14 manifestantes, integrantes del Frente de Lucha Mapuche y Campesino.
También el día 11, en Colombia, la policía antimotines arremetió contra los indígenas, afro-descendientes y campesinos que protestaban de forma pacífica en Cali. Detuvo a ocho e hirió muchos más. Su crimen: protestar por las miserables condiciones de vida a que están sometidos desde que fueron desplazados de sus territorios por la construcción de la represa Salvajina. Nunca se cumplieron las promesas que les hicieron. Ahora son criminales por pedir cumplimiento de los acuerdos firmados por las autoridades.
En Brasil, siguen criminalizadas 37 integrantes de Vía Campesina que arrancaron plantas del vivero de la megaempresa celulósica Aracruz. La empresa por su parte, no teme acusaciones por haber destruido con bulldozers dos aldeas de comunidades indígenas un mes antes, hiriendo a muchos. Al fin, Aracruz defendía sus plantaciones en territorios indígenas ancestrales y eso no es violencia para las autoridades.
Los bosques de todo el continente lloran en silencio ante tantas alevosías. Por eso representantes de 26 pueblos indios de México, reunidos el 5 y 6 de mayo, convirtieron ese llanto en voz altanera, declarando «De todos los rincones del país nuestro corazón late y desde San Pedro Atlapulco en este IV Congreso Nacional Indígena reprobamos con toda nuestra energía y nuestra rabia la represión, el asesinato y el encarcelamiento contra nuestras comunidades y pueblos por el puro y vil interés de quedarse con nuestros recursos, despojarnos de nuestros territorios y convertirnos en obreros asalariados y alejados de nuestras propias comunidades para ser fantasmas sin futuro en las ciudades. San Salvador Atenco es un espejo. Sus problemas son nuestros problemas. También ellos están defendiendo su tierra, también ellos son campesinos, también ellos defienden sus siembras, también ellos están empeñados en defender su vida y su derecho, su razón y su destino contra las grandes empresas que quieren acabarnos».
«Pero también fortalecemos nuestras asambleas, nuestras autoridades agrarias y tradicionales, la lucha en defensa de nuestros maíces, la defensa de nuestros bosques y agua, la lucha contra la certificación de nuestras tierras y los servicios ambientales, ejerciendo una educación cada vez más autónoma. Así lo hacemos mientras luchamos contra las mineras, las madereras, los acaparadores de la tierra, contra los grandes empresarios acaparadores de alimentos como la cadena Wal- Mart, contra la privatización de nuestras aguas, contra las leyes estatales que quieren legitimar la contrarreforma del 2001.»
Ancho y ajeno es el mapa de la devastación. Pero las flores siguen rompiendo el asfalto.
La autora es investigadora del Grupo ETC.